Crisis carcelaria frena reinserción
Informe de la Corte Suprema reitera la grave congestión en las prisiones, donde el triste récord es la cárcel de Limache. En el estado en que se encuentran las cárceles, es imposible la reinserción social de los reclusos, en tanto que los "primerizos" son presas del contagio criminal ante el grave hacinamiento.
Limache detenta el triste récord nacional de hacinamiento carcelario. La vieja prisión -Centro de Detención Preventiva- construida a principios del siglo pasado tiene una sobrepoblación de reclusos que alcanza al 154%. En números concretos, tras los cuales hay seres humanos, la capacidad del viejo recinto situado en pleno centro, Avenida República, es para 110 internos, pero actualmente alberga a 279.
Esta realidad regional no es excepción, se presenta con menores índices de congestión en todas las prisiones de la zona y del país. Así, en la cárcel de Valparaíso, de reciente construcción, la sobrepoblación es del 38,4%. Con una capacidad para 1,919 reclusos, reúne a 2.563.
En todas las prisiones los problemas son múltiples, desde tensiones internas que culminan en riñas entre bandas rivales por disputas de poder, a veces con resultados fatales, hasta falta de agua para el aseo o consumo.
Por otra parte, las horas de encierro de los internos son muy prolongadas, de acuerdo al reglamento penitenciario en vigencia, lo que fomenta el ocio y la violencia.
Esta realidad hace virtualmente imposible la reinserción social de los reclusos, con lo cual al recuperar la libertad vuelven al delito, en tanto que los "primerizos" son presa del contagio criminal que finalmente afecta a toda la comunidad.
La situación no es nueva y fue reiterada en un completo informe elaborado por la Fiscalía Judicial de la Corte Suprema tras visitar el año pasado 53 penales de todo el país.
A lo señalado por el informe se deben sumar hechos conocidos sobre la realidad carcelaria, como el consumo de drogas y la frecuente comisión de delitos desde el interior de los penales, como estafas telefónicas e incluso la coordinación de diversos ilícitos por parte de algunos reclusos.
Esta situación crítica se da en un ambiente público de indefensión ante la delincuencia que exige mayores condenas y que incluso se muestra partidario de la reimplantación de la pena de muerte, de acuerdo a ciertas encuestas. Hay quejas frecuentes contra los tribunales por la supuesta facilidad con que se da libertad a muchos imputados, sometiéndolos a medidas cautelares que aparecen insuficientes.
Así, el problema tiene varias facetas. Por un lado está la violación objetiva a los derechos humanos de los reclusos y su casi imposible reinserción y, por otro, la reiteradamente vulnerada seguridad de las personas, de sus bienes y de sus actividades, situaciones que también constituyen violación de derechos.
Frente a este cuadro hay que dar pasos concretos, en reinserción, con recursos humanos profesionales y con medios materiales. A la vez, policías, Fiscalía y tribunales deben atender con mayor especialización y coordinación la justificada demanda de seguridad de la población.