Aldoney apela a una negociación entre las partes para definir futuro de la Casa de Italia
VIÑA DEL MAR. Si bien propietarios buscan que el Estado compre el inmueble, jefe regional plantea como alternativas generar una fórmula público-privada o la participación de una fundación.
El fallo de la Corte Suprema que rechazó el recurso de protección en contra del Ministerio de Educación por la declaratoria de Monumento Nacional de la Casa de Italia, ubicada en la calle Álvarez de Viña del Mar, ha generado inquietud en cuanto a qué pasará con el inmueble que ahora goza de protección patrimonial y, por tanto, no puede ser demolido; no obstante, se encuentra en completo estado de abandono.
Al ser conocida la noticia, los propietarios de la casona, la Inmobiliaria Casa de Italia S.A., manifestaron que esperan que se efectúe la compra del inmueble por parte del Estado, tomando en cuenta que la declaratoria la consideran una "expropiación".
Sin embargo, el intendente Gabriel Aldoney, quien impulsó la declaratoria en el año 2016 a través del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), aclaró que esta no es la única alternativa, porque existen diferentes opciones de administración e inversión en el lugar, acción que se debe conversar, dijo, en una negociación entre las partes.
"En el caso particular de la Casa de Italia, se puede generar un proceso que tiene distintas posibilidades de ser resuelto. Hay ciertos patrimonios que se han declarado con la misma categoría, en los cuales se ha generado una fundación, donde hay participación público- privada con los dueños del inmueble incluso; hay alternativas de adquirirlo y desarrollar un proyecto en particular, y también está la alternativa de otras entidades privadas que pudieran interesarse. Hay que abrir la discusión, lo peor que podría ocurrir aquí es que entremos en una situación extrema en que dejemos a unos a un lado de esto", aseveró el intendente Aldoney.
La petición de protección, aclaró Aldoney, "fue realizada a partir de solicitudes ciudadanas que pedían la protección del inmueble. Por eso, decir que para que estos procesos tengan desarrollo requieren la promoción del gobierno, es limitar la manera de cómo ver el problema. Cuando se declara un bien con atributos patrimoniales, como en este caso, lo que está haciendo el Estado, no el gobierno, es reconocer que ese bien patrimonial tiene un efecto que va más allá del propietario y que pertenece al conjunto de la propiedad, por eso en algunas partes se han creado fundaciones para mantener las características del lugar. Comprarla no es la última solución, hay un abanico de posibilidades, no es condición única que el Estado lo compre, hay otras alternativas".
En tanto, el director de la Inmobiliaria Casa de Italia S.A., Renzo Arata, aseveró que el sentir de los propietarios es que el Estado "lo compre, fue nuestra postura desde el primer día, pero jamás hemos recibido una oferta concreta. Una declaratoria es una expropiación sin indemnizar al dueño; y si no lo compran, será la ratonera de Viña del Mar. Eso queremos evitar".
Casa de Italia, dijo Arata, "es una sociedad anónima abierta que debe cumplir innumerables obligaciones legales, que económicamente son significativas. Además, desde la intervención del intendente pasamos de una sociedad que generaba utilidades y que tenía un inmueble abierto a la comunidad y arrendado, a una sociedad con un inmueble abandonado y día a día más ruinoso".
La alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, subrayó el rol del Estado en este caso, por lo que agregó que se debe esperar que asuman las nuevas autoridades para poder avanzar en el tema.
"Creo que el Estado tiene un rol muy importante para que las comunas podamos conservar el patrimonio histórico y yo espero que se den las condiciones para acceder a fondos con dichos fines y que permitan equilibrar los legítimos intereses tanto de los propietarios como de la ciudad. En este caso, creo que debemos esperar a que asuman las nuevas autoridades para realizar las gestiones necesarias", puntualizó.
"Que el Estado y el municipio lo compren"
El arquitecto e historiador Gonzalo Abarca Gambaro aclaró que no buscar una utilización para la casona patrimonial sería un despropósito. Recalcó que "la ley de protección de inmuebles patrimoniales en Chile no es completa. Condiciona a un beneficio a un bien patrimonial, pero no otorga ninguna salida alternativa de la mantención del mismo. Por esto, es altamente probable que quede abandonado. Desde el punto de vista patrimonial, un inmueble sin uso es un inmueble en deterioro, un inmueble que no participa de la ciudad y no aporta, por lo que se debe hacer algo. La única solución es que el Estado y la municipalidad pudieran comprar el inmueble y darle un uso institucional, como ocurrió con el Palacio Rioja".
"Comprarla no es la última solución, hay un abanico de posibilidades, no es condición única que el Estado lo compre"
Gabriel Aldoney, Intendente"
"Debemos esperar a que asuman las nuevas autoridades para realizar las gestiones necesarias"
Virginia Reginato, Alcaldesa de Viña del Mar"