Incertidumbre hay entre los pequeños empresarios ante la iniciación de la Operación Renta 2018, que pone en marcha definitiva la reforma tributaria, parte del "legado" del Gobierno saliente. El Colegio de Contadores afirma que "a la fecha no existe claridad en algunas materias de la aplicación de los cambios introducidos por la reforma tributaria".
En tanto, el académico de la Universidad Católica de Valparaíso, magíster en tributación y doctor en Derecho, Antonio Faúndez, reafirma el tema de la falta de claridad para los contribuyentes y recuerda que "el problema es que el plazo para presentar las declaraciones juradas vence este mes". Ante esta realidad, plantea que "o se posterga la Operación Renta para junio de 2018, o bien derechamente que el nuevo Gobierno estudie la posibilidad de un ley corta".
Es cierto que Impuestos Internos anunció medidas para facilitar el proceso y que las multas por errores podrían ser condonadas, pero ello supone una tramitación compleja.
Y los principales protagonistas del problema, los que pagan, las pymes, califican la norma como "engorrosa". La presidenta de Unapyme, Gianina Figueroa, expresa que "siempre se piensa en la gran empresa, pero no en la pyme que día a día batalla por sacar adelante su negocio. Yo no sé qué pyme tiene la posibilidad de tener un auditor que la pueda guiar en la Operación Renta desde enero a diciembre".
La cuestión de fondo es que la pequeña y mediana empresa -unas cien mil en la V Región- por un lado se arriesgan a multas si no cumplen la norma tributaria y, por otro, deberían contar con asesoría permanente de contadores, lo que supone costos.
Por ello la dirigente plantea una "marcha blanca" del proceso, en tanto que la presidenta de la Federación Regional Mipyme, Carmen Greco, espera que "el nuevo Gobierno se abra a postergar la Operación Renta".
Una conclusión que arroja esta situación es que la Reforma Tributaria en su ánimo de mejorar la recaudación está generando problemas que a la larga terminan desalentando emprendimientos y productividad, lo que en último término puede llevar a una disminución de ingresos.
Para la gran empresa, que cuenta con estructuras contables, cumplir las normas, con toda su complejidad y mayores pagos, no sería problema. Diferente es la situación del importante sector de emprendedores medianos y pequeños, para quienes, como se dijo, el cumplimiento más allá de pagos supone costos y riesgo de sanciones.
Esta situación contingente exige atención y debe ser acometida con prontitud para resolver el problema de hoy y evitar su reiteración en el desarrollo de todo el proceso tributario que necesariamente acompaña a empresarios grandes y pequeños.