Tiene toda la razón el senador independiente Carlos Bianchi cuando afirma que el traspaso de competencias a los futuros gobernadores regionales debe tratarse en conjunto con la Ley de Rentas Regionales. En efecto, la nueva autoridad que será elegida por votación popular en 2020, sin competencias, no tendrá mayor impacto y esas competencias, para ser trascendentes y lograr impacto, requieren recursos económicos.
Así, la discusión parlamentaria relativa a rentas regionales imperativamente debe estar en sintonía con las normas sobre competencias, deben ser complementarias para que logren el objetivo final que es la descentralización.
Y esta materia, como todas las tributarias, debe ser iniciativa del Ejecutivo.
Sobre el punto son ilustrativas las declaraciones formuladas a este Diario por el subsecretario de Desarrollo Regional Felipe Salaverry, quien expresó el propósito del Ejecutivo de "entregar las herramientas necesarias a los gobernadores y a los gobiernos regionales para su eficiente y correcta ejecución presupuestaria, pero también les vamos a decir que tenemos un sistema en que el ciudadano va a estar mirando y controlando el correcto uso de los recursos".
En lo concreto el funcionario habla de $50 mil millones para ser distribuidos proporcionalmente a las regiones, cantidad que provendría del Presupuesto General de la Nación. Sin embargo, la definición pendiente, comprometida por el Gobierno anterior, es la relativa a la Ley de Rentas Regionales, es decir a la porción de la tributación originada en cada zona que quedará en la Región donde se produce.
Esos recursos son los que darían fuerza a las competencias que por ley serán traspasadas a los gobernadores regionales, recursos que, lógicamente, deben ser invertidos de acuerdo a proyectos socialmente rentables y sometidos en su ejecución y función a controles administrativos y también ciudadanos, como lo expresa el subsecretario.
Además, la Ley de Rentas Regionales no puede imponer nuevos tributos, que desalentarían inversiones, sino que implica para las empresas dejar en sus zonas de operación parte de los impuestos que globalmente cancelan al Fisco. Este aspecto ya se ha tocado al postular una Ley de Puertos, sobre lo cual hay un frente común del trabajo.
La regionalización tributaria, proyectada en el tiempo, con una buena ley sincronizada con aquella del traspaso de competencias, puede constituirse en una efectiva herramienta descentralizadora y así los deben asumir tanto el Ejecutivo, al cual le corresponde la iniciativa, como al Legislativo que la debe tramitar y aprobar buscando acuerdos políticos con voluntad de lograr un desarrollo armónico de todo nuestro país y su caprichosa geografía, en lo humano y lo material.
