Estos días hemos sido testigos de una verdadera guerra de declaraciones sobre el alto precio de las paltas, comercializadas con éxito y favorables réditos económicos en los mercados internacionales, siendo la Región de Valparaíso protagonista principal en esta discusión.
El escenario de sequía prolongado de la región ha llevado a la autoridad a decretar zona de escasez hídrica para redistribuir caudales y cuotas de riego. Los productores de paltas señalan no ser responsables de este escenario, pero el alcalde de Petorca denuncia el descontrolado y perjudicial aumento en el consumo de agua por parte de éstos, arriesgando el abastecimiento a los habitantes de la zona.
Este conflicto socio-ambiental encuentra su causa, a nuestro entender, en la desregulación de la agricultura, que ha experimentado un crecimiento exponencial en sus productos de exportación.
La agricultura siempre es tratada como "pariente pobre" de la actividad económica nacional, subsidiando su desarrollo, sin diferenciar ente la pequeña y mediana -que requieren ayudas del Estado- y la gran industria agropecuaria.
Mientras la minería vive un acucioso análisis en el ámbito ambiental, y proyectos de esta naturaleza requieren de hasta 700 permisos sectoriales, la gran agricultura no debe presentarse al SEIA, sino sólo requiere recursos suficientes y derechos de aprovechamiento de agua.
Hoy, cerca del 66% del consumo de agua está siendo utilizado en agricultura, un 23% en minería y sólo un 7% está destinado al consumo humano.
Hay que sincerar, entonces, una realidad oculta de la industria agrícola que con el antiguo pretexto de ser intensiva en uso de mano de obra, pretende permanecer en un estado de desregulación. Hay que introducir modificaciones a la legislación para el entendimiento entre actores: no es posible que la autoridad deba intervenir vía decretos de emergencia, por la falta de acuerdo de regantes y titulares de derechos de agua. El manejo integral de cuencas es la alternativa.
Debemos avanzar para que la industria agropecuaria se someta a normas que aseguren su desarrollo sustentable, con estándares que protejan a las comunidades e impidan el deterioro ambiental.
Requerimos realizar la Reforma al Código de Aguas que prohíba la especulación y el acaparamiento de los derechos; y consolidar la política de construcción de embalses que inició la Presidenta Bachelet, y a la que algunos actores de la industria agrícola se oponen.
Los conflictos socio-ambientales crecen en nuestro país. En el norte la disputa de las comunidades es con los proyectos mineros; en el sur, con los energéticos y forestales: y en el centro, con un sector agropecuario que debe ser amigable con las comunidades en las que se encuentra emplazado. Tenemos que asegurar el consumo humano del agua y consignarlo como un derecho humano para nuestra gente.
Isabel Allende Bussi
Senadora por la Región de Valparaíso