Rodrigo Navarrete N.
El anuncio de la empresa Maersk Container Industry San Antonio (MCIS) de cerrar sus instalaciones, situación que dejará a 1.260 personas sin su fuente laboral, aún sigue generando reacciones a nivel local y regional no sólo por el cierre mismo, sino por las razones que esgrimió como justificación del término de su actividad con contenedores de refrigerados.
Y es que, si bien la empresa informó a los trabajadores que la decisión se debe a la "sobreproducción de contenedores en el mundo, en combinación con la dificultad permanente para obtener, a nivel regional los proveedores de insumos esenciales para la fabricación de contenedores", las organizaciones sindicales de la empresa expresaron no entender todavía los reales motivos que determinaron el cierre de la fábrica. Por lo mismo, cuestionaron duramente la responsabilidad, que a juicio de ellos, la empresa estaría atribuyendo a los trabajadores y sindicatos por el cese de las operaciones.
En ese sentido, el presidente del sindicato N°2, Alejandro Villatoro, indicó que "lo que está tratando de hacer la empresa es instalar la idea de que la gente no estaba capacitada o que los sindicatos generaron toda esta situación. Hoy día nos están endosando una responsabilidad en la que ni los dirigentes sindicales ni trabajadores tenemos la culpa. No es así".
Agregó que la firma "no cumplió lo que prometió y tampoco hizo lo que había anunciado. No le cumplió ni a los trabajadores, ni tampoco a la provincia, ni a la comuna y mucho menos al país, entonces, es un asunto mucho más macro. Durante todos los años que estuvo operando la empresa en esta zona, había amenazas de parte de ellos de que podían cerrar. Nosotros visualizábamos la posibilidad de que podría ocurrir una reducción de personal, pero no imaginábamos que se trataba de un cierre total y de forma tan abrupta", sostiene Villatoro.
El dirigente hizo un llamado al gobierno "a hacerse cargo, que diga que esta empresa es sustentable y se haga un cooperativismo o autogestión. Las autoridades dicen que no recibieron información alguna de esta situación y yo no tengo por qué no creerles, pero sí me parece extraño que el gobierno no tenga poder de articulación como para frenar estas catástrofes laborales, siendo que el Estado de Chile entrega recursos a este tipo de empresas para que se instalen acá".
En la misma línea, Carlos García, presidente del sindicato N°1 aseguró que "aquí hay un grupo de gente irresponsable que está tirando basura en contra de los trabajadores, cuando éstos, así como los sindicatos, jamás tuvimos la oportunidad siquiera de participar en las decisiones de la compañía. Aquí se está afectando directa e indirectamente a cerca de 100 mil habitantes. Por qué digo esto, porque es algo que impacta a toda la población de San Antonio. Esto es un drama local y no sólo un conflicto de los 1.260 trabajadores que resultaron despedidos".
Y agrega: "estamos reuniendo todos los antecedentes para hacer un diagnóstico real del problema, pues no sólo se trata de qué es lo que va a hacer el sindicato. Nosotros queremos ir más allá. O sea, decirle al Estado que aquí hay un problema social y no un problema entre particulares".
El dirigente argumenta que no existe todavía una posición clara desde el gobierno respecto a qué subsidio se le va a entregar a los trabajadores.
"Con el Sence los únicos beneficiados son quienes profitan de ese tipo de capacitación. Si bien el trabajador puede tener algún tipo de beneficio en términos de conocimiento, con eso no es posible en el día a día solventar los problemas económicos que esta situación genera a una cantidad enorme de gente", añadió García.
Para la diputada María José Hoffmann (UDI) el cierre de la empresa "revela la falta de políticas públicas para potenciar toda labor relacionada con los puertos. Pese a que somos una nación con miles de kilómetros de costa, no hemos sido capaces de desarrollar medidas que permitan potenciar esta industria. No sólo debemos preocuparnos de construir puertos o de que los cruceros atraquen aquí, hay que potenciar una actividad trascendental para la economía chilena".
En tanto, el diputado Víctor Torres (DC) señaló que "lo que hoy nos debe convocar es responder con celeridad a las demandas de las familias que hoy requieren apoyo con premura. Después habrá tiempo para evaluar nuestras políticas de atracción para la inversión extranjera", precisa.
"El daño de esta decisión es altísimo"
Dejando en claro el daño social que significará el cierre de la fábrica, la diputada Camila Rojas (IA) sostuvo que los argumentos entregados por la empresa "no se condicen con el impacto que provocan" y que, además, "carecen de lógica". En ese sentido, indicó que Maersk "tenía números azules y no había problemas de productividad según lo que informa. Se deja a más de mil desempleados y el compromiso adquirido no sólo con ellos, sino que también con la zona y el Estado de Chile. El daño de esta decisión empresarial es altísimo".
