Cristián Rodríguez F.

Un revelador informe dio a conocer ayer el Ministerio Público respecto a las investigaciones por delitos sexuales iniciadas en contra de sacerdotes y laicos pertenecientes a la Iglesia Católica en Chile. De acuerdo al catastro final, hasta la fecha se han indagado 144 casos en el país (con 158 miembros de la institución involucrados), de los cuales 17 ocurrieron en la Región de Valparaíso.

Para llegar a la cifra final, en medio de la visita de los enviados papales Charles Scicluna y Jordi Bertomeu, el fiscal nacional, Jorge Abbott, le solicitó a todas las fiscalías regionales un reporte con los casos de denuncias por delitos sexuales ocurridos desde el comienzo de la Reforma Procesal Penal (2002) hasta la fecha. En paralelo, la información se contrastó con los seguimientos que de manera voluntaria han realizado algunas organizaciones del país, como también las comunicaciones que han entregado las distintas diócesis.

En el detalle, el catastro incluyó a todos los que formaban parte del clero (obispos, sacerdotes o presbíteros, o diáconos) al momento de cometerse los delitos. Se incorporó además a las personas "pertenecientes a la vida consagrada" a través de Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica (hermanos, monjes, frailes, religiosos, entre otros), y finalmente a los laicos que ejercían algún tipo de función eclesial, como en el área pastoral o en establecimientos vinculados a la Iglesia.

"Las investigaciones de delitos relacionados con características propias de las víctimas, como son los sexuales y, en particular, los cometidos contra niños, niñas y adolescentes, son de la máxima relevancia para el Ministerio Público y forman parte central de las prioridades establecidas en su Política de Persecución Penal", indicó la Fiscalía Nacional mediante un comunicado, donde agregaron que el objetivo es investigar todas las denuncias, estén o no los delitos prescritos.

Si bien se analizaron sólo los casos investigados a partir del año 2000, el Ministerio Público dio a conocer que parte de ellos -no precisaron la cantidad- han ocurrido desde 1960.

Así, de las 158 personas que han sido investigadas, 65 son obispos, sacerdotes o diáconos que pertenecen a alguna congregación, de los cuales 16 son salesianas y 15 maristas. Del restante, 74 no forman parte de una comunidad, aunque sí son miembros de la Iglesia con cargos, mientras que diez son laicos a cargo de pastorales parroquiales o pertenecientes a algún colegio.

En tanto, en nueve casos "no fue posible obtener adscripción o función", informó la Fiscalía, la que de todas maneras especificó que la mayoría de los hechos corresponden a "delitos sexuales cometidos por sacerdotes párrocos o personas vinculadas a establecimientos educacionales", y que cinco casos son por encubrimiento u obstrucción a la investigación contra superiores de congregaciones u obispos a cargo de alguna diócesis.

En cuanto a las víctimas, el catastro indicó que fueron identificadas 266 personas, de las cuales 178 son niños y adolescentes, y 31 adultos, mientras que 57 están relacionados con los casos denunciados antes de la Reforma Procesal Penal.

Además, el Ministerio Público también dio a conocer el estado actual de las causas. De las 144 indagaciones, 36 se encuentran vigentes con algún tipo de diligencia pendiente, aunque tampoco se especificó a qué Fiscalía corresponde. Respecto a los 108 casos que ya se cerraron, 22 concluyeron con sentencias condenatorias, dos con absolución, cuatro con suspensión condicional, siete con sobreseimiento definitivo, 43 con archivo provisional o decisión de no perseverar, entre otras.

Una vez que se revisaron todas las investigaciones, algunas fiscalías regionales decidieron solicitarle al Estado Vaticano mayores antecedentes con respecto a las personas que han sido investigadas. Una de ellas fue la de Valparaíso, la que seguramente tiene a su haber las denuncias formuladas por un grupo de exseminaristas en contra del exobispo de Valparaíso, Gonzalo Duarte, y otros seis sacerdotes vinculados a la Diócesis porteña, entre ellos el padre Jaime Da Fonseca, quien fue relevado de su cargo como párroco de Quilpué y de vicario económico a la espera de que la Congregación para el Clero en Roma resuelva su situación.

"El requerimiento de información incluye antecedentes sobre los procesos penales canónicos seguidos en contra de ocho personas por distintos delitos sexuales cometidos contra niños, niñas o adolescentes", detalló la Fiscalía, agregando que junto a Valparaíso las fiscalías Metropolitana Sur y Araucanía también pidieron mayores detalles a Roma.

Mientras se sigue el curso de las investigaciones que permanecen abiertas y ante la eventualidad de que surjan nuevos casos de abuso en la Iglesia, el Ministerio Público señaló que prontamente enviarán un protocolo de actuación para los fiscales que se hagan cargo de la materia (ver recuadro).

El documento incorpora ciertas recomendaciones, como el inicio de investigaciones de oficio al tomar conocimiento de hechos que afecten a menores, o la realización de diligencias mínimas para dar curso a las indagatorias, como entrevistar a las víctimas resguardando su confidencialidad.

"La definición es investigar todas las denuncias, más allá de si los delitos están prescritos o no, porque las víctimas tienen el derecho de ser escuchadas por la justicia y es deber de la Fiscalía de Chile favorecer las condiciones para que ello ocurra"

Ministerio Público"