"Desde la concesionaria nos negaron el espacio"
Mario Oyer
Presidente de la Corporación Santiago Wanderers, explicando porqué harán festejos separados de la S.A.
"Queda en evidencia que no da lo mismo quiénes son los miembros de la Corte Suprema"
Jaime Naranjo
Diputado (PS) criticando la liberaciónde dos reos de Punta Peuco
Los artilleros cívicos hicieron ejercicios de infantería el fin de semana, cerca del fuerte de Pudeto, maniobrando con un éxito que llamó la atención. Más de 300 hombres asistieron al cuartel, pero apenas sacarían 200, por falta de uniformes. Esto es sensible, como lo es también algo que preocupa bastante, la falta de piezas de armamento.
Estados Unidos dispuso que 4 vapores partieran a Chile con cargas de petróleo, destinados a Antofagasta y Tocopilla para apoyar a la regularización de la marcha de la industria salitrera. La medida es una respuesta a las seguridades que dio Chile de que no ocurrirán nuevos embargos como el que efectuó la empresa Gildemeister.
En boletín de la Oficina Meteorológica de Chile se informa que a pesar de las lluvias habidas en el mes de julio, desde Copiapó a Ñuble, comparando hasta julio de 1967, se aprecia una fuerte baja en agua caída: Hay déficit, de 100% en Copiapó; del 89% en Santiago y de 87% en Valparaíso. 1968 ha sido el más seco en 103 años.
"Los pobres no pueden esperar". Fuerte y realista advertencia formulada en 1987 por el Papa Juan Pablo II en Rodelillo. Y la advertencia se puede focalizar en los niños del Sename por dos razones: primero porque son niños y, segundo, son pobres. Esta advertencia formulada hace tanto tiempo aquí cerca, ante una fervorosa multitud, calza perfectamente con el caso de los niños que acoge el Cread de Playa Ancha, donde desde hace tiempo se vulneran sus derechos.
Por eso, tiene plena justificación el informe de la Comisión de Derechos del Niño de Naciones Unidas que expresa "profunda preocupación con respecto a las condiciones de infraestructura del Cread de Playa Ancha". Agrega el documento que "dichas condiciones constituyen en sí mismas una violación de la Convención (sobre Derechos del Niño)".
Recuerda el informe que el Estado se comprometió a cerrar ese centro dependiente del Sename en abril de este año, lo que no se ha cumplido. Y ahora, oficialmente, el Gobierno anuncia el cierre para enero de 2019.
Esta postergación es criticada por Patricia Méndez, defensora de la niñez, quien llama a tomar acciones de inmediato. A ese llamado se sumó el senador (RN) Francisco Chahuán. También insiste en "intervención inmediata".
Coincide en lo general sobre el tema de los niños y adolescentes la Corte Suprema, en tanto que el Presidente Sebastián Piñera sostiene que "no necesitamos ningún informe de ningún organismo internacional para tener claridad que los niños tienen que estar primeros en la fila".
Susana Tonda, directora del Sename, afirma que "todos los cambios tienen a los niños en el centro y, por lo tanto, tenemos que asegurar la mejor calidad de atención". Advierte que "si eso acarrea costos a otros que no sean los menores, tendremos que asumirlos".
Y el anuncio de costos y cambios inquieta a los funcionarios que son parte de una maquinaria que funciona mal por variadas razones, externas e internas, pero que debe ser desmontada y renovada. Hay que atender esas inquietudes, pero no se puede perder la vista del objetivo central, niños cuyos derechos son sistemáticamente violentados.
Y en estos momentos el foco está en el centro de Playa Ancha que vive una emergencia, un incendio que consume personalidades en formación, emergencia que exige recursos humanos y materiales.
La tarea es urgente y difícil, pero ineludible. Se anuncia para este caso nueva estructura basada en hogares de tipo familiar, que acogerán de 12 a 15 niños, eliminando el Cread porteño. ¿Justifican estos cambios nuevas postergaciones hasta el próximo año? ¿Cuál es el proyecto en terreno?
Claro está que no son aceptables nuevos fracasos, pero la dramática realidad golpea, una y otra vez, y los niños no pueden esperar.
En las últimas semanas hemos sido testigos de un interesante debate legislativo en razón al "proyecto estatuto laboral para jóvenes" propuesto por el Ministerio del Trabajo. Al respecto y desde el mundo universitario nos parece una iniciativa que busca mejorar las opciones de nuestros estudiantes que quieran compatibilizar vía estudiantil e interacción laboral, donde reconocemos algunos principios que compartimos desde el proceso de formación.
En materia de combatir el desempleo en jóvenes de sectores vulnerables y sectores medios, este modelo propuesto se hace cargo no solo de tasas de desempleo, sino además de la informalidad en el actual ejercicio laboral de nuestros jóvenes, como así también- en una perspectiva de largo plazo- pone la mirada en el sistema de pensiones de nuestro país al incentivar el trabajo formal a temprana edad con las externalidades positivas que esto induce.
Al consignar exclusivamente a jóvenes estudiantes de Educación Superior, la accesibilidad y mantención de beneficios sociales no se vería afectada con los potenciales nuevos ingresos. Esto va generando espacios para que puedan incorporarse desde procesos de temprana formación al mundo laboral, en una modalidad dual que reúne ambos aspectos mediante instrumentos e incentivos laborales simultáneos desde las políticas públicas.
Por su parte, en materia de flexibilidad y coberturas- que proveen de bienestar a nuestros jóvenes- la no exclusión del sistema de carga familiar, es decir el evitar la cotización de salud por parte del estudiante trabajador o trabajadora, aseguraría que estos ingresos fuesen en directo beneficio de la persona, fortaleciendo así sus opciones en virtud al esfuerzo personal sin perder derechos adquiridos.
En otra perspectiva de análisis, si analizamos los datos de Casen 2015, un 47% de la población entre 18 y 28 años, que son parte de la fuerza laboral y no estudian en la educación superior (727.243 personas), declara que la principal razón por la cual no asiste actualmente a algún establecimiento educacional es porque "trabaja o busca trabajo". Esta cifra muestra que, eventualmente, esta política iría en beneficio de un número importante de jóvenes que hoy no están en el sistema de educación superior, y que potencialmente podrían visualizar escenarios de acceso relajando algunas restricciones que les permitan conciliar trabajo y estudio.
En el entendido que es un proyecto que está en tramitación, hacemos un llamado a fortalecer aún más esta iniciativa con un marco regulatorio que evite distorsiones desde la perspectiva del empleador en detrimento de otros sectores o grupos. En razón a esto, esperamos que esta iniciativa logre un equilibro necesario entre distintos grupos de jóvenes vulnerables, abordando en el debate a aquellos que hoy no se encuentran trabajando ni estudiando.
Carlos Isaac Pályi
Rector de la Universidad Viña del Mar