Hoy formalizan a funcionarios y exfuncionarios del CREAD
VALPARAÍSO. Fiscalía les imputa los delitos de torturas y apremios ilegítimos, que habrían sido cometidos contra menores residentes en ese hogar del Sename. VALPARAÍSO. Investiga presuntos actos de connotación sexual de 1990 y 1992.
A las 9:30 horas de hoy, en el Juzgado de Garantía de Valparaíso, serán formalizados los ocho funcionarios y exfuncionarios del CREAD de Playa Ancha, hogar perteneciente al Sename, donde habrían cometido los delitos de torturas y apremios ilegítimos que se le imputan en contra de menores de edad residentes en dicho centro entre los años 2015 y 2017.
A raíz de las acusaciones contra los imputados y otros funcionarios más se generaron tres sumarios. El primero fue el más grande, que terminó con 11 desvinculados y se inició en mayo de 2015. En febrero de 2016 se abrió otro sumario en contra de uno de los imputados, en el que se constataron lesiones y otra funcionaria y una aseadora externa atestiguaron sobre los malos tratos que ejercía el acusado.
"También estaba el relato del niño, que después se retractó, porque lo que sucede comúnmente en estas situaciones es que a los niños los amenazan, los amedrentan, y terminan por retractarse", expuso el exdirector regional del Sename, Esteban Elórtegui, precisando que "los otros casos son del sumario que parte a fines de julio de 2016, que fue el que generó la movilización en mi contra, porque a partir de ese sumario seis funcionarios más fueron suspendidos y luego fueron destituidos, pero todavía no terminan de resolverse los recursos que ellos interpusieron".
Respecto de ese punto, Elórtegui explicó que "cuando la sanción es la más alta, que es la destitución, el director regional no la puede aplicar, sólo puede aplicar las demás, es decir, la suspensión, la censura, etcétera, pero cuando se trata de la expulsión tiene que enviarse el expediente sumarial a la Dirección Nacional, para que la directora nacional resuelva. Entonces, al final el proceso se ha demorado más en el nivel central que en el regional, en la dilación de la decisión final, así como de la resolución de los recursos de reposición y de apelación de los inculpados. El primero lo resuelve la directora nacional y el segundo el ministro de Justicia".
Por su parte, el abogado Juan Carlos Manríquez, quien representa a los senadores Francisco Chahuán (RN) y Yasna Provoste (DC), querellantes en esta causa, planteó que tanto él como sus representados estiman que "es un avance significativo que la Fiscalía haya decidido formalizar ahora por estos hechos ocurridos entre el 2015 y el 2017, catalogados como apremios ilegítimos y tortura, eso sin perjuicio de que todavía existen otras averiguaciones pendientes respecto de otras personas y otros hechos".
En cuanto a las penas que arriesgan los imputados, dependerá de si los delitos que se les imputan los cometieron antes o después de noviembre de 2016, fecha en que se promulgó una modificación a la legislación referente a los delitos de apremios ilegítimos y tortura, que cambió las penas.
Si los delitos se cometieron con posterioridad a esa fecha, las penas son de presidio mayor en su grado mínimo, es decir, entre cinco años y un día y diez años, mientras que si los hechos ocurrieron con anterioridad a noviembre de 2016, la pena sería de presidio menor en su grado medio a máximo, es decir, entre 541 días y cinco años.
"Es un avance significativo que la Fiscalía haya decidido formalizar ahora por estos hechos ocurridos entre el 2015 y el 2017"
Juan Carlos Manríquez, Abogado querellante"
Caso activó a Comisión Interamericana
El abogado Juan Carlos Manríquez recordó que "a propósito de esta causa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo presente a Chile su preocupación respecto de la situación de los niños que están bajo el cuidado del Estado; y particularmente respecto de esa materia, los senadores querellantes han sido bastante activos y han solicitado ser recibidos durante el mes de diciembre en las audiencias de la Comisión Interamericana en Washington, Estados Unidos".
Obispado porteño inicia indagación previa contra Ojeda
El Obispado de Valparaíso confirmó ayer la apertura de una investigación previa contra el sacerdote Mauro Ojeda Videla, sobre quien recibió dos denuncias por presuntos actos de connotación sexual a menores que habrían ocurrido en los años 1990 y 1992.
Ojeda se desempeña actualmente como presbítero de la parroquia Purísima de Lo Vásquez. Sin embargo, el Obispado aclaró que la investigación contempla la aplicación de medidas cautelares que le prohíben el ejercicio público del ministerio sacerdotal mientras dure el proceso.
"Pedimos a la comunidad eclesial que asumamos esta situación en el marco del respeto a un debido proceso, tales como: cuidar la dignidad de las personas involucradas y la confidencialidad de los dos denunciantes, la presunción de inocencia del acusado hasta que se conozca la verosimilitud o no de los hechos denunciados", expuso el Obispado porteño mediante una declaración pública.
Agregó que respecto de Ojeda "ya había estudiado dos causas en años anteriores, teniendo como resultado la inocencia tanto en los Tribunales de la Iglesia como del Estado".
Esta última declaración fue contrastada por el exseminarista Sebastián del Río, uno de los acusadores de Ojeda en esas causas iniciales.
"Es una vergüenza que la misma declaración del Obispado señale que en investigaciones anteriores se le declaró inocente, pues tales investigaciones no gozan de ninguna credibilidad, toda vez que fueron llevadas por el exobispo Gonzalo Duarte, quien está denunciado por encubrimiento en el caso de Mauro Ojeda", expuso Del Río.
Piden rechazo a la petición de libertad condicional para homicida de adolescente
VALPARAÍSO. Investiga presuntos actos de connotación sexual de 1990 y 1992.
Un peligroso delincuente que en 1998 violó y asesinó a una adolescente de 17 años se encuentra dentro de la nómina presentada por Gendarmería a la Comisión de Libertad Condicional de la región, que sesionará la próxima semana, por lo que la Fundación Amparo y Justicia hizo un llamado a que se consideren los antecedentes psicológicos del reo, pues el informe del Servicio Médico Legal (SML) daría cuenta de una personalidad psicopática. La citada fundación representó a la familia afectada durante el juicio y le otorga apoyo psicosocial, mientras que las redes sociales no han estado ajenas a la situación.