Juzgado sentenció a un exfuncionario municipal por fraude y estafa
VIÑA DEL MAR. El sujeto y dos personas, dueños de "Puerto Madero Limitada", defraudaron por más de $ 260 millones.
En un procedimiento abreviado, el Juzgado de Garantía de Viña del Mar declaró culpables del delito de fraude al Fisco y estafa a tres personas, entre ellos un exfuncionario de la Municipalidad de la Ciudad Jardín, identificado como Francisco Salvador García, por haber adulterado garantías de una obra municipal que fue contratada a la empresa "Puerto Madero Limitada", que tenía problemas financieros e hizo cobros de factoring indebidos, generando un perjuicio sobre los $ 200 millones.
El fiscal Patricio Toro explicó que "el señor Rodrigo Larco, con su cónyuge y socia, Karen Constantino, representantes de Puerto Madero, y el exfuncionario municipal Francisco Salvador García, fueron condenados a penas de 4 años de presidio menor en su grado máximo cada uno, multa del 10% del perjuicio involucrado en estos hechos y la inhabilitación para postular a cargos públicos durante el tiempo de la condena (...). Se les acusó por el delito de fraude al Fisco en concurso con estafa".
El presidio menor de 4 años, explicó el persecutor, fue determinado por el Juzgado para ser cumplido "en pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva, que significa que la pueden cumplir en su domicilio, pero con una modalidad de control intensivo por parte de un delegado de un centro de reinserción social".
Según consta en la investigación, el delito de fraude habría sido cometido entre mayo y diciembre del año 2016, "en el marco de la ejecución del proyecto de construcción del Club Deportivo El Tamarugal, de Viña del Mar", obra que mandató el municipio y que fue licitada a la empresa "Puerto Madero Limitada".
En ese entonces, aseveró Toro, el exinspector municipal, Francisco Salvador, quien tenía que velar por el cumplimiento de la obra y autorizar los pagos correspondientes según los avances, accedió a hacer cancelaciones de facturas por adelantado a la empresa sin verificar la construcción.
"La empresa quiso obtener los pagos antes de los avances reales de las obras porque tenía problemas de liquidez, según adujeron, y acudiendo a este funcionario, él autorizó o dio curso a los estados de pagos sin comprobar que realmente la obra haya avanzado. Ahí está el fraude o el engaño", afirmó el fiscal.
Para llevar esto a cabo, detalló la Fiscalía, los representantes de la empresa -Larco y Constantino- contaron con 6 facturas con las cuales hicieron un cobro a factoring por $ 263 millones.
"Se respaldaron con estas seis facturas, de alguna forma ideológicamente falsas porque revelaban estados de obras que no correspondían a la altura, y en eso llegó el dinero a la empresa y se pudo seguir avanzando en la obra, pero a través de esta maniobra fraudulenta", dijo Toro.
Sin embargo, acotó el fiscal, "se matizó en alguna forma el perjuicio porque finalmente se pudo establecer realmente y por otro funcionario municipal, claramente no el involucrado, que el avance de la obra al término de todos estos episodios era de un 90%. Entonces, de alguna forma se matizó un poco el prejuicio, pero al momento de consumarse el delito se pudo establecer que el perjuicio estuvo en base al monto de las facturas emitidas por la empresa ya totalizadas".
Además, subrayó Toro, la "empresa factorizó a través de empresas de factoring que le aportaron liquidez inmediata. Querían tener dinero fresco y lo hicieron factorizando eso y la empresa de factoring pago la totalidad de las mismas, lo que supuso la Fiscalía un engaño a estas empresas".
Coordinación entre el municipio y el CDE
Respecto al caso, el director de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Viña del Mar, Pablo Staig, informó que desde que se hizo la denuncia por parte de la Casa Consistorial, existe un trabajo de coordinación entre el municipio y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) para buscar responsabilidades y activar las acciones civiles. Hasta el momento, aclaró, "la municipalidad no ha sufrido un menoscabo directo. En todo caso, se está en coordinación con el Consejo de Defensa del Estado a fin de que ejerza todas las acciones civiles necesarias para precaver cualquier perjuicio al municipio".
facturas fueron las adulteradas y solicitadas por la empresa al trabajador para cobrar a factoring. 6