La dura realidad que viven 12.100 menores con medidas de protección
VALPARAÍSO. Estadística revela que de ellos 2.656 esperan, en su mayoría, atención ambulatoria y que el programa con más solicitudes de acceso es el de Reparación de Maltrato y Abuso Infantil.
En la Región de Valparaíso hay 12.100 niños y niñas con medidas de protección, de los cuales 2.656 se encuentran en espera y 9.444 están en cumplimiento. Así lo revelan las cifras a septiembre de este año que maneja el Centro de Observación y Control de Cumplimiento de Medidas de Protección (COCCMP) Jurisdicción Valparaíso, dependiente de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. La unidad, creada en el año 2015 como parte del Registro Único de Seguimiento (RUS), proporciona un módulo informático con datos actualizados para los tribunales y realiza el seguimiento de las medidas de protección que se decretan para cada caso.
De los 2.656 niños y niñas que se hallan en espera, 157 lo hacen respecto de la derivación a Familia de Acogida Especializada (FAE), 2.469 están en espera de un cupo ambulatorio y 30 aguardan una plaza residencial en un centro. En tanto, de los 9.444 en cumplimiento, 756 se encuentran en sistema residencial, 7.875 en sistema ambulatorio y 813 ya cuentan con una Familia de Acogida Especializada.
De los 756 que se encuentran en sistema residencial, 604 han permanecido entre un año y tres en esa modalidad, pero existen 14 casos en que ya suman más de 9 años de permanencia. De ese mismo universo se desprende que 276 tienen entre 14 y 17 años, 163 entre 11 y 13 años, 113 entre 7 y 10 años, 52 entre 4 y 6 años, 80 entre 1 y 3 años y 6 casos ya alcanzaron los 18 años.
El mismo registro establece que el 40% de ellos presenta problemas de salud mental, 7% de salud física y un 3% de salud física y mental.
Carla Cárdenas, supervisora del COCCMP Jurisdicción Valparaíso, explicó que antes de la existencia del Observatorio, los juzgados no tenían información actualizada de los centros que existían para que los niños y niñas fueron derivados, ni tampoco tenían posibilidad de saber quiénes estaban en cumplimiento. Los consejeros técnicos de los tribunales de Familia intentaban hacer un catastro, pero no se lograba porque no tenían datos de toda la red. "Al hacernos cargo de esa información, pudimos sistematizar en una sola plataforma las medidas de seguimiento y también tener una mejor y más cercana relación con las redes, ya que además de ser apoyo para los juzgados, somos intermediarios entre las redes de derivación y los mismos tribunales. Ese trabajo ha sido posible gracias al apoyo de los ministros de la Comisión de Familia de la Corte y de la Corte en general", indicó.
La información con la que cuenta el Centro constituye la base para conocer la realidad de los menores de edad que están en el sistema, panorama que año a año se va depurando y permitiendo tener una visión más clara de la situación para entregar una mejor respuesta en tribunales. De hecho, cuando la actual supervisora llegó a liderar el equipo en la jurisdicción Valparaíso, los datos apuntaban a que los niños y niñas en medidas de protección eran 25 mil, una radiografía equivocada que no había considerado los casos ya resueltos y cerrados.
Actualmente, los datos les permiten a los juzgados "acceder a las listas que tenemos, como la lista de espera y si existe la posibilidad de decretar otro tipo de medidas, porque tenemos el insumo a través del Registro Único de Seguimiento, para que cada tribunal tenga información de sus niños derivados, cuántos hay por programa y en el caso de los niños que se hallan en cumplimiento, puedan acceder a ver si la medida está vigente o pronta a vencer y con eso, por ejemplo, pedir un informe".
Para la presidenta de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Rosa Herminia Aguirre Carvajal, las cifras que maneja el Centro de Observación y Control de Cumplimiento de Medidas de Protección dan cuenta "de un panorama que no es desconocido para la magistratura y que por considerar a niños representa un tema sensible para el Poder Judicial. Por ello, contar con equipo que lleve registro de las medidas aplicadas, de las listas de espera actualizadas y del avance de cada caso en determinado programa, le permite a los jueces hacer seguimiento y determinar si es que se van cumpliendo las medidas o si es necesario aplicar una nueva que vaya en beneficio de los niños y niñas que se encuentran en el sistema".
Debido a la capacidad de los centros que reciben a los menores de edad con medidas de protección, existe una lista de espera que no suele variar, pero respecto de la cual es posible determinar -por ejemplo- cuáles son los programas del Servicio Nacional de Menores que tienen menores cupos.
Sobre ese punto, explicó que los niños son derivados a programas ambulatorios que abarcan tres modalidades: Programas de Prevención Focalizada (PPF), al cual son derivados niños con vulneraciones de menor complejidad; Programa de Intervención Especializada (PIE) que considera situaciones más complejas como consumo de droga o cuidadores negligentes; y Programa de Reparación para el Maltrato y Abuso Infantil (PRM) orientado a realizar una intervención reparatoria mediante un trabajo con las familias y el niño. Es justamente el programa de reparación de abusos el que presenta la mayor cantidad de niños en espera, con 880 registros a la fecha.
Cárdenas puntualizó que "cuando detectamos que hay niños en espera que han pasado más de 300 días y no han ingresado a un programa, informamos a los responsables en una reunión a los que los convocamos para tratar ese tema de inmediato. Se trata de sumar un apoyo desde lo constructivo, en orden a ponernos a disposición para dar una solución a los niños en espera".
Dijo que es labor del Centro realizar el seguimiento de las medidas de protección en cuanto a que "si el niño fue derivado a una intervención, que el programa cumpla con informar del proceso y del desarrollo de la intervención, que remita informes del avance o que pidan prórroga en caso de necesitarlo, de manera que vayan informados de que la medida está vigente".
Si bien las medidas ambulatorias consideran periodos de aplicación de 12 o 18 meses, sin perjuicio de la prórroga que puedan solicitar los programas para completar la intervención, los tiempos correspondientes a medidas de protección en el ámbito residencial son diferentes.
Se trata de casos de niños que han pasado en sistema residencial toda su vida y, por lo tanto, en seguimiento, lo que implica que su cupo en el sistema se convirtió en un "proyecto de vida". Esto se debe a que, de no existir otra alternativa, el menor de edad puede egresar del sistema residencial cuando ya no es sujeto de protección, esto es, a los 18 años de edad.
Una mirada al interior de la modalidad residencial, en base al análisis estadístico realizado por el Centro de Observación y Control de Cumplimiento de Medidas de Protección, arroja que el 35% de los niños y niñas ingresados registran estadía en una residencia anterior previa a la que se encuentran actualmente.
"Pudimos sistematizar en una sola plataforma las medidas de seguimiento y también tener una mejor y más cercana relación con las redes"
Carla Cárdenas, Supervisora Centro Control"
"Es un panorama que no es desconocido para la magistratura y que por considerar a niños representa un tema sensible para el Poder Judicial"
Rosa Aguirre, Pdta. Corte de Apelacioones"
Mesa Técnica Interinstitucional
La mesa Técnica Interinstitucional Jurisdicción Valparaíso, orientada a trabajar temáticas relevantes asociadas a los niños y niñas derivados a centros residenciales, cuenta con la participación de los ministros de la Corte que forman parte de la Comisión de Apoyo a la Justicia de Familia, la seremi de Justicia, seremi de Desarrollo Social, juzgados con competencia en familia de la jurisdicción, Sename Regional, el programa de representación jurídica de la Corporación de Asistencia Judicial de Valparaíso y el COCCMP Valparaíso.
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Anuncio de Piñera sobre impuestos regionales no responde a propuestas de la Bancada Regionalista; mantiene la desigualdad territorial".
Rodrigo González, presidente Bancada Regionalista