Desde el punto de vista legal, es una violación a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, pues se han levantado viviendas sin el permiso de edificación que otorga la Dirección de Obras de la Municipalidad.

Por eso, la Municipalidad de Viña del Mar decreta la demolición de esas construcciones dentro de un plazo determinado, tarea que debe ejecutar el propietario del predio donde estas se levantan. Si no lo hace, lo hará la Municipalidad con cargo al propietario.

Esos son los aspectos legales básicos que están tras una toma de terrenos en Miraflores Alto, en la cual residen unas 50 familias de inmigrantes que ya han comenzado a levantar allí sus viviendas, las que serían objeto de la demolición decretada por la Municipalidad. Se trata de terrenos privados, con cuatro propietarios que, con todo derecho, buscan recuperar sus predios por la vía judicial.

Pero, tras la maraña legal, aparece nítidamente un problema social, expresión más de la pobreza, ahora "importada", que se suma a la nacional.

Y las peticiones de solución recaen sobre la autoridad, el Estado en sus diversas expresiones, municipio, Gobernación o Gobierno Regional. Y está el tema de los escasos recursos con los que se deben atender gastos ordinarios y también extraordinarios.

Los ocupantes piden más plazo, no quieren causar problema, pero más plazo supone consolidar la ocupación ilegal con nuevas construcciones que, precarias y todo, significaron gasto en materiales. Por otro lado, hay divergencias entre los vecinos permanentes del sector por la presencia de estos ocupantes. La solidaridad mucho se predica, pero poco se practica, sobre todo cuando, como en este caso, el conflicto es cercano.

De cualquier modo, el cumplimiento de la orden legal de demolición provocará reacciones y la faena será acompañada de gestos de efectiva solidaridad y también de fríos cálculos políticos y quizás la disposición quede en nada para luego llegar a la compra de los terrenos privados por parte del Estado y el consecuente gasto en urbanización.

Esta vez, como en otras, faltó una visión de anticipación, pues el problema habitacional existe y la ley va varios metros atrás de las reacciones de seres humanos sin techo.

¿Cómo se gestó esta toma? ¿Hubo una reacción oportuna con propuestas de solución a los ocupantes para evitar construcciones ilegales que van consolidando el asentamiento? Preguntas sin respuesta, pero que nuevamente muestran que el drama de la pobreza no se puede quedar sólo en anuncios, sino que exige un permanente estado de alerta ante la realidad del día a día de quienes la sufren.

Tal parece que en el presente está siendo cada vez más apremiante evocar el heroísmo del teniente Merino, cuando perdió la vida, hace 53 años, al ser atacados él y otros tres miembros de Carabineros de Chile mientras desarmaban su campamento en una disputada zona fronteriza del sur del continente. Habían sido rodeados subrepticiamente y fue un niño del sector quien los alertó. El mayor a cargo salió desarmado al encuentro de quienes creía venían sin violencia. Merino tomó un arma y corrió a respaldarlo. Le avisó: "Yo lo apoyo, mi mayor". Una bala salió de entre los árboles y el teniente Merino se convirtió en héroe.

Su carrera como oficial de Carabineros fue notable por su inteligencia, buen criterio y por su perceptible espíritu de servicio. Fue de aquellos oficiales jóvenes cuyos méritos lo destacaron entre sus iguales, porque su apego al deber de servir a la comunidad les conquista la adhesión irrestricta, tanto de sus jefes como de sus de sus subordinados y, en particular, de la comunidad a la que sirven.

Por lo demás, el pueblo de Chile, los chilenos en general, como pueblo hecho en el molde de una naturaleza severa, los tienen en alta estima porque valoran el aporte eficiente que esos servidores incondicionales les entregan como deber intransable en las numerosas emergencias colectivas que les presenta una naturaleza más que severa. Y a esas demandas hay que sumar lo que vale un apoyo humano como el que entregan los carabineros, cuando la paz interna amenaza quebrarse ante los desencuentros políticos entre facciones de doctrinas opuestas. Eso se ha agravado en los últimos tiempos casi en paralelo con el incremento delictual.

Los carabineros, en una mayoría evidente y arrasadora, acatan los valores de la institución policial en la que se forjaron como servidores de la comunidad nacional. No obstante, hay excepciones de ínfima cuantía, pero de caracteres muy graves. Son quienes han trasgredido los conceptos altruistas del servicio a la comunidad para extraer beneficios propios por la vía de torcer las atribuciones que le asigna el ordenamiento cívico nacional. Esos actos inmorales afectan a la institución en su capital más valioso: la apreciación justiciera de su servicio sostenido, recto y confiable.

De ahí que la evocación del teniente Hernán Merino Correa, adalid y figura señera de la hueste heroica de más de 1.200 carabineros muertos en actos de servicio, adquiera hoy más trascendencia que nunca y que la fecha aniversario de la entrega de su vida sea la ocasión óptima para destacar la jerarquía del espíritu de servicio que anima a la institución que vive en permanente y leal relación con la gente y en todo tipo de contingencias, como es Carabineros de Chile.

Ruperto Rodolfo Soto Reyes

Coronel (r) de Carabineros, presidente del Salón Teniente Hernán Merino Correa, Valparaíso

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