"Trasladar los problemas de la Quinta Región (…) es más engorroso"
Juan Luis Castro
Diputado PS y Pdte. de la Comisión de Salud, por traspaso de investigación por contaminación en Quintero y Puchuncaví a la Fiscalía del Biobío
"Iré a Santiago a ver caso a caso y ver cuáles se pueden rescatar"
Francisco Álvarez
Seremi de Salud, por desvinculaciones en su repartición
De acuerdo con el reciente estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), titulado "Desigualdad Regional en Chile: Ingresos, Salud y Educación en Perspectiva Territorial", cuyas principales variables fueron desmenuzadas ayer en este mismo espacio, el organismo internacional elabora conclusiones que, a todas luces, deben ser tomadas en cuenta.
Primero, advierte que la próxima elección de gobernadores de 2020 marca un importante punto de inflexión en torno a la desconcentración política del país y, por consiguiente, el impulso de iniciativas para el desarrollo sostenible e inclusivo del territorio.
Asimismo, se deduce una creciente y muy positiva convergencia territorial y avances en todas las regiones. En otras palabras, todas las regiones incrementaron su nivel de desarrollo humano y, de la misma forma, se redujo la brecha interregional, la pobreza y el porcentaje de trabajadores con ingresos bajos, a la vez que se incrementó el nivel educativo y los resultados de Salud.
Respecto de los nuevos desafíos de desarrollo, estos debieran apuntar a los bajos salarios, mejores recursos sanitarios, un aumento de la cobertura en los primeros años de la educación preescolar (algo que muchos consideran como el pecado original de la Reforma Educativa), la calidad de la educación escolar y una mayor diversidad de la oferta educativa en la educación superior.
El informe del PNUD plantea los siguientes desafíos: a) Combinar políticas universales con políticas territorialmente focalizadas para "no dejar a nadie atrás"; b) Compensar las desventajas derivadas de estructuras productivas disímiles (algo que ya había sugerido el presidente de la Sofofa, Bernardo Larraín Matte, respecto de la descentralización y traspaso de competencias); c) Potenciar alianzas entre actores privados, estatales, académicos, sociales y no gubernamentales; d) Fortalecer la inversión pública y la descentralización fiscal en regiones; e) Abordar las desigualdades de género y étnicas para un desarrollo territorial inclusivo; f) Garantizar una distribución de recursos sanitarios territorialmente pertinente; g) Desconcentrar el capital humano avanzado (la mentada "fuga de cerebros"); h) Fortalecer la calidad y diversidad de la oferta educativa regional; e i) Incentivar la producción de datos subnacionales, algo en lo cual la Fundación Piensa, cuya encuesta de calidad de vida se entrega esta semana, lleva un largo y provechoso trabajo, incluso con índices comunales.
Finalmente, el PNUD reconoce un manifiesto avance, el cual no debe ser ralentizado por motivos políticos ni coyunturales para la corrección de las desigualdades.
En la madrugada de hoy se dio una alarma de incendio en uno de los almacenes fiscales de la 6ª sección. Los voluntarios de bomberos acudieron rápido y sofocaron las llamas. Esta es la segunda vez que surge un fuego en dicho recinto, lo que resulta muy peligroso, ya que en su interior hay depósito de combustibles.
Ayer, en la Intendencia, se constituyó la Junta que tendrá a cargo la dirección, fiscalización y administración de todos los trabajos del Camino Plano entre Valparaíso y Viña. En breve se organizarán oficinas técnicas, de secretaría y contabilidad de una obra de más de 2 millones de pesos y que se prolongará por 10 años.
Durante dos semanas, en las que se incluyen las fiestas de Navidad y Año Nuevo, podrá venderse libremente, todos los días, carne de vacuno, de acuerdo con una decisión del Ministerio de Economía. Esto está combinado, sin embargo, con una semana previa en la que habrá prohibición de venta y consumo de esa carne.
Las políticas públicas, tales como el Plan de Acción Nacional sobre Derechos Humanos y Empresas (PAN), no son medidas idóneas para responder a situaciones de crisis, como la contaminación masiva en la bahía Quintero-Puchuncaví. Sin embargo, en la percepción pública, su éxito se mide -en gran medida- considerando si resuelven los problemas estructurales que están a la base de las situaciones más graves en materia de impacto empresarial a los derechos humanos.
La única medida concreta sobre la bahía que se incluyó en una política de derechos humanos está en el Plan Nacional de Derechos Humanos: los Programas de Recuperación Ambiental y Social (PRAS) para tres lugares del país, entre ellos, Quintero y Puchuncaví. Según informa la Subsecretaría de Derechos Humanos, se encuentra en ejecución y debería cumplirse en 2019.
Sin embargo, el problema persiste y actores de la sociedad civil, del sector empresarial y de algunos sectores gubernamentales han reconocido que las medidas adoptadas son aún insuficientes. Efectivamente, las medidas no lograrán, por sí solas, asegurar la protección del derecho a la salud y del derecho a vivir en un medioambiente sano de las personas que viven en la bahía ni el derecho a la educación y el derecho a la vivienda.
Si bien el PAN es el segundo en Latinoamérica y, por tanto, un avance, sus medidas no fueron seleccionadas con un enfoque de prioridades y urgencias en materia de empresas y derechos humanos. La actualización del PAN, que debe realizarse entre 2019 y 2020 con una eficaz participación ciudadana, necesita, por tanto, realizarse a la luz de los compromisos del Estado de Chile adquiridos por la ratificación de los tratados de derechos humanos, especialmente, sobre derechos económicos y sociales. Debe abarcar los desafíos estructurales que impiden la remediación y prevención futura de violaciones de derechos humanos como las que siguen ocurriendo en Quintero-Puchuncaví. Eso no es posible sin adoptar legislación adicional que obliga a empresas privadas y estatales hacerse cargo de sus impactos negativos actuales, futuros y del pasado.
El Informe Anual sobre Derechos Humanos de la UDP 2018 recomienda involucrar al Congreso, al Poder Judicial y también a los gobiernos regionales y los municipios en la actualización del PAN, comprometiéndose que el desarrollo económico del país y la generación de utilidades por empresas privadas y públicas no se realice en desmedro de los y las más débiles.
Las Naciones Unidas -como se expresa en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030)- ya no respaldan el crecimiento económico sin respeto a los derechos humanos. Nuestro gobierno y nuestra sociedad tampoco deberían aceptarlo.
Judith Schönsteiner
Profesora e investigadora del Centro de Derechos Humanos UDP