C. Ramírez / C. Rodríguez
La sorpresiva renuncia de Raúl Celis a la presidencia de la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV) evidenció parte de las razones de por qué la estatal no se había entrometido con mayor fuerza en el conflicto portuario que mantiene el concesionario Terminal Pacífico Sur (TPS) con los trabajadores eventuales hace ya tres semanas: la estrategia definida por el Gobierno no era compartida en su totalidad por el directorio, o al menos por el ahora expresidente.
Con la reunión sostenida la semana pasada entre la ministra de Transportes, Gloria Hutt, y los funcionarios movilizados, el Ejecutivo marcó un punto de inflexión en la crisis, dando cuenta de que no se trata de un simple bloqueo "protagonizado por un pequeño grupo de manifestantes", como lo señaló la empresa vinculada al Grupo Von Appen, sino que de un conflicto que debía solucionarse vía el diálogo.
Un llamado que tuvo respuesta inmediata en el Terminal Cerros de Valparaíso (TCVAL), que al día siguiente logró un acuerdo con los trabajadores para bajar la movilización. Sin embargo, no ocurrió lo mismo con TPS, cuya posición -de acuerdo a los últimos antecedentes que se han ido conociendo- habría sido respaldada por EPV.
"A mi juicio, resulta errado argumentar la existencia de incumplimientos de contratos de concesión, toda vez que es evidente que no ha cesado la circunstancia de fuerza mayor desde el momento que se tiene que contar con el apoyo permanente de Carabineros y la Armada para la normal operación del Puerto", argumentó Celis en su carta de renuncia, dando muestras claras de una diferencia de criterios con el Ejecutivo en cómo superar la pugna, lo que terminó por hacer insostenible su presencia.
Es, precisamente, la advertencia de un eventual incumplimiento del contrato de concesiones la estrategia que decidió adoptar el Gobierno para intentar normalizar las operaciones en el Terminal 1. Fue el propio Celis quien confirmó la noche del jueves el envío de dos cartas de la estatal advirtiendo a TPS de la situación; cuestión que la ministra Hutt también dio a entender ayer en un punto de prensa en Santiago.
"Estas concesiones se entregan sujetas a la continuidad operacional (...)", sostuvo la titular de Transportes, dejando a entrever que el expresidente no tuvo un papel diligente en supervisar dicha actuación. "Nosotros creemos que el rol de las empresas portuarias tiene que ser muy activo en el seguimiento de los contratos de concesión y en asegurar su cumplimiento", comentó Hutt.
La ministra fue más allá, e indicó que el "rol de la empresa como un agente activo que sea capaz de anticipar los problemas y de hacer un manejo eficaz, oportunamente, nos parece una tarea importante", advirtiendo que cada compañía "es libre de tomar las decisiones que les parezca mejor, pero creemos que cuando se toman también hay que asumir las consecuencias".Marcando también un punto de diferencia con los cinco meses y medio de gestión de Celis, el nuevo presidente interino de la estatal, Raimundo Cruzat, coincidió ayer con el Gobierno al asegurar que EPV "va a estar preocupada de la correcta administración y ejecución de los contratos de concesión".
"No hay que olvidar que a EPV le cabe la obligación de velar por la tranquilidad operacional del puerto y a eso ha estado abocada y va a seguir estándolo (...) En parte, este conflicto de los trabajadores muestra que hay un problema de organización del trabajo portuario que es más profundo, y nosotros en EPV estamos muy interesados en abordarlo de fondo, junto probablemente con el Ministerio del Trabajo, de Transportes, y eventualmente algunos otros concesionarios y empresas portuarias", comentó el presidente interino.
Tan radical es el cambio de postura, que durante la jornada de ayer la plana ejecutiva de EPV se reunió formalmente con los trabajadores movilizados, quienes acordaron modificar su petitorio, pasando de un bono de $5 a $2 millones, que no exista una "lista negra" y establecer una agencia de trabajo "que impulse mejoras laborales a los trabajadores".
Pero la postura más dura que se delineó en Santiago no sólo abriría otro flanco respecto a la relación contractual que se mantiene con el Grupo Von Appen, sino que además dejaría en entredicho toda la planificación diseñada por el nuevo directorio de EPV para abordar las situaciones de mayor complejidad en la zona: industria de cruceros y el conflicto por las cargas limpias, cuyo acuerdo firmado entre Celis y TPS podría quedar en duda con un nuevo presidente, considerando, también, la judicialización que realizó la Zona de Extensión de Apoyo Logístico, ZEAL.
"La Empresa Portuaria es el actor clave con el concesionario. Lo peor que podría pasar es que la interlocución quede entre el privado y el gobierno central, saltándose a EPV", señaló el exsubsecretario de Transportes de la administración anterior, Carlos Melo.
Por ello, la renuncia inducida de Celis también fue tomada como una señal equívoca en la industria portuaria considerando que hace tiempo la estatal no contaba con un presidente tan vinculado a la Quinta Región. Por lo mismo, la petición del sector fue unánime en el sentido de que el sucesor del exintendente también tenga un arraigo con la zona, además de conocer la realidad del puerto y ser proclive al diálogo para solucionar el bloqueo.
"Sin hacer una comparación con Celis, que encuentro que cumplía con el perfil, creo que el nuevo presidente tiene que ser alguien con la capacidad de aunar voluntades, tener un gran manejo en conflictos y llegar a un entendimiento con ambas partes", expresó el presidente de la Cámara Aduanera, Cristián Herrera.
Consultado sobre la posición en que quedaría EPV al imponer el Gobierno sus términos de negociación, el personero fue claro en admitir que "creo que en este momento todo está debilitado porque esto es lo peor que le puede estar pasando a Valparaíso, la región y el país". "Acá nos estamos debilitando todos como país, y la evaluación no sólo pasa por EPV, sino por cómo estamos actuando como Estado al no poder darle una rápida solución al conflicto", dijo Herrera.
Una posición que no fue compartida por el senador Francisco Chahuán (RN), quien afirmó que la condición de EPV "no queda en absoluta condicionada", asegurando que "he hablado con varios miembros del directorio y hay una fuerte voluntad de trabajar en equipo para sacar adelante la normalización del Puerto".
En cuanto a las características que debiese tener el reemplazante del expresidente, el parlamentario sostuvo que "debe ser alguien que conozca el puerto, su funcionamiento y tenga la capacidad de generar un acuerdo entre los trabajadores y el concesionario".
En tanto, el senador Juan Ignacio Latorre (RD) manifestó que "necesitamos un interlocutor que pueda lidiar con la intransigencia de TPS y así generar instancias de diálogos reales con los trabajadores".
En la arena política, la petición de renuncia no dejó indiferentes a los parlamentarios. La diputada María José Hoffmann (UDI) criticó duramente al Ejecutivo, indicando lamentar "la forma en que se están tomando las decisiones en el gobierno central en esta materia".
"Las presiones que se están ejerciendo son inaceptables. Hay una deuda clara en materia de modernización portuaria, pero no puede ser a punta de chantajes ni menos tolerando la violencia, pudiendo generar un efecto dominó a nivel nacional que sería muy grave", comentó la parlamentaria.
El diputado Andrés Celis (RN) -hermano del expresidente- también cuestionó a la administración. "Siento que el Presidente Piñera está siendo muy mal asesorado, lo que termina por distanciarlo con uno de sus más estrechos y leales colaboradores, con quien siempre predominó la franqueza, el trabajo, la transparencia, la confianza y el compromiso. Espero que los cuidados el 'Señor Sacristán' no terminen por matar al 'Señor Cura'", ironizó el diputado.
Exsubsecretario: "Hay incumplimiento"
Ante la decisión de cuestionar el contrato de concesiones, el exsubsecretario Melo aseguró que sí podría existir un incumplimiento por parte de TPS. "El contrato es bien claro y establece que la función de un terminal portuario sólo puede detenerse por razones de fuerza mayor. Pero en el momento en que uno de los dos concesionarios logra solucionar el problema y alcanza un acuerdo, ya no es una causal de fuerza mayor sino que algo manejable por la empresa. Por tanto, si TPS no es capaz de resolver el conflicto sí podría, eventualmente, justificarse el poner término a la concesión", sostuvo Melo.
"No hay que olvidar que a EPV le cabe la obligación de velar por la tranquilidad operacional del puerto y a eso ha estado abocada y va a seguir estándolo"
Raimundo Cruzat, Presidente interno de EPV"
Klimpel y salida: "Esperamos que se puedan abrir las puertas"
Para el director del Sindicato N° 1 de Estibadores de Valparaíso, Pablo Klimpel, la renuncia de Raúl Celis fue "positiva", puesto que "más que ser un mediador como podría haber sido su rol en el conflicto, él fue un obstáculo". "EPV responde al Gobierno y en este caso a la ministra de Transportes. Si nosotros dialogamos con ese ministerio esperábamos que eso tuviera una resonanacia en Valparaíso a través de la empresa y de su presidente, pero él nunca estuvo presente en ninguna de las negociaciones que tuvimos. Sólo hablamos con (Gonzalo) Davagnino y un abogado de la empresa, pero de su presidente nunca tuvimos ninguna respuesta. Creo que no estuvo a la altura de la situación", indicó el dirigente.
Con la renuncia, Klimpel comentó que "esperamos que se puedan abrir las puertas y sentar las tres partes en la mesa porque vemos que no hay gestos por parte de TPS, que muestra una intransigencia feroz con nosostros". "Si TCVAL logró un acuerdo, no veo porque ellos no lo pueden hacer", dijo.
