"Eran vendedores ambulantes y la denuncia fue efectuada por comerciantes establecidos de la zona"
Subprefecto Juan Carlos Moreno
Jefe de la Prefectura Policial de la PDI de Valparaíso, por operativo en el eje Uruguay
"El pago electrónico representa una modernización del servicio"
Gérard Oliger
Seremi de Transportes
Un hombre extranjero publica en este diario un aviso en que manifiesta que quiere casarse con una joven chilena y como requisito pide que se le envíe una fotografía de la interesada. El cronista, a título personal, dice que es una buena oportunidad para que una de las bellas lectoras atrape a un extranjero.
En el vapor "Huasco" llegaron ayer a este puerto el Cónsul General de Chile en Perú, señor Onofre Bunster, y el Cónsul en el Callao, señor Álvarez Ramos. Ambos vienen con sus familias y regresan definitivamente al país, de acuerdo con las instrucciones dadas por el gobierno a todos los cónsules en la nación vecina.
Orden de citación contra el cantante José Alfredo Fuentes dictó ayer el juez subrogante del Sexto Juzgado del Crimen de Santiago, Mario Olate. El cantante debe afrontar una querella por estupro interpuesto por la madre de Ximena Soto Reyes. El recurso asegura que la joven fue seducida y está embarazada.
El 10 de diciembre de cada año se conmemora la aprobación y proclamación de la Declaración Universal de Derechos Humanos por parte de los países miembros de las Naciones Unidas, organización a la que Chile pertenece desde sus orígenes, tras la firma de la Carta de San Francisco, el 26 de junio de 1945.
Durante el presente año, y con motivo del 70° aniversario de dicha declaración, nuestro Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, ha lanzado una importante campaña de sensibilización obedeciendo a las responsabilidades que nuestro Presidente, Sebastián Piñera, ha asumido y definido como desafío por la defensa y resguardo de aquellos derechos que emanan de la dignidad inherente de todo ser humano, sin distinción de raza, edad, sexo, lugar u otro.
La recientemente creada Subsecretaría de Derechos Humanos, a la que ha quedado encomendada con esta significativa misión, se ha dado a la tarea de realizar la promoción y protección efectiva de los derechos humanos, enfocándose en los diferentes ámbitos del quehacer nacional, llamando al diálogo, a la cooperación con la sociedad civil y con los organismos internacionales de derechos humanos, a través del diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y programas.
También nos invita a revisar nuestro funcionamiento como Estado y la coordinación y colaboración que existe entre instituciones públicas para fomentarla y fortalecerla, así como la producción de información, estudios y propuestas de reformas legales que se genera actualmente.
Estos desafíos los ha recogido y resumido en tres grandes líneas de acción.
La primera se enfoca en trabajar para ampliar la mirada que tenemos de Derechos Humanos y a apuntar nuestros esfuerzos hacia todas las dimensiones que deben ser protegidas y promovidas, abarcando temas como la infancia, la adolescencia, los migrantes, la discapacidad, la personas privadas de libertad, los pueblos originarios, entre otros, pues Chile debe hacerse cargo de todos los ámbitos en los que internacionalmente se ha comprometido a través de los tratados firmados.
En segundo lugar, y para ir avanzando en el primer desafío, desde el ámbito público debemos crear una cultura de trabajo mancomunado y enfocado en la promoción y protección de los Derechos Humanos, y procurar que las políticas públicas se enfoquen cada vez más en este sentido. Para ello, necesitamos ir instruyendo e instalando las capacidades necesarias en nuestros servicios públicos, creando conciencia y hábito para tener siempre presentes los Derechos Humanos.
Finalmente, requerimos trabajar en la recolección de datos e indicadores que nos permitan evaluar, valorar, medir los logros y avances que nuestro Estado y las organizaciones de la sociedad civil han tenido en materia de Derechos Humanos, pues las buenas intenciones no bastan para conseguirlo.
Amaia Arraztoa
Seremi de Justicia y Derechos Humanos
Mientras en Quintero, Puchuncaví y Concón se realiza la consulta ciudadana sobre el anteproyecto del Gobierno para la descontaminación del área, un grupo de mujeres de la "Zona de Sacrificio" viajó a la sede de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, para dar a conocer el grave problema.
La presentación internacional será planteada como una vulneración a los derechos humanos de los residentes en la zona contaminada, sumando a la vez 119 conflictos ambientales existentes en el país.
Allí las representantes chilenas Katta Alonso, presidenta de la agrupación "Mujeres de Zona de Sacrificio", junto a las abogadas de la Defensoría Ambiental, Alejandra Donoso y Cristina Lux, expondrán en las sesiones previas del Examen Periódico Universal (EPU). Este examen es una evaluación en los países miembros de Naciones Unidas para controlar el cumplimiento de normas de derechos humanos, entre las que se encuentra, básicamente, el derecho a la vida que en el caso del mencionado sector estaría siendo violentado por reiteradas situaciones de contaminación.
El procedimiento de análisis EPU supone una estudio que se prolonga por cuatro años y medio y las representantes nacionales pedirán al organismo internacional el envío de observadores a las zonas castigadas por la contaminación.
El aporte internacional y las recomendaciones son bienvenidas, especialmente si junto a los estudios mismos se incluyen experiencias que han dado solución a los problemas.
Pero entretanto, en terreno, es necesario perfeccionar el nuevo plan oficial, considerando con atención las observaciones que está haciendo la comunidad.
Paralelamente, deben ser aclaradas las observaciones que llegan desde la mirada política, como la formulada por el diputado Daniel Verdessi (DC) sobre "una preocupante e inaceptable discriminación positiva y favorable hacia las empresas privadas en el plan de descontaminación".
Matiza la materia su colega Andrés Longton (RN) al "afirmar que lo mínimo después de los episodios de agosto y septiembre es que las empresas tanto públicas como privadas, tengan las mismas exigencias".
Tiene razón el parlamentario, pues junto a generadoras, almacenamiento de combustibles y plantas productoras de sustancias químicas privadas, están las estatales RPC y Codelco, las dos más antiguas del área y, paradojalmente, en su momento solicitadas por la comunidad como un aporte al desarrollo.
Pero lo urgente, más allá de la predecible discusión política y de la lejana mirada desde el bello paisaje ginebrino, es finalmente tener normas objetivas, actualizadas, transparentes y con sanciones que duelan para frenar la contaminación y, fundamentalmente, poner en primer lugar la calidad de vida de las personas.