En el último tiempo hemos sido testigos en nuestra región de un conflicto socio-ambiental, una lucha desigual entre una gran empresa y una comunidad que se encuentra más despierta que nunca, principalmente entorno a la Reserva de la Biósfera de nuestro país "La Campana-Peñuelas".
El proyecto eléctrico "Cardones Polpaico" es muy necesario para nuestro desarrollo; sin embargo, esto no significa que debe hacerse a cualquier costo, sino que debe compatibilizarse con el más absoluto respeto hacia las comunidades y el medioambiente.
Es cierto que cuenta con aprobación ambiental, pero se han suscitado una serie de recursos judiciales que buscan invalidar la Resolución de Calificación Ambiental, o al menos retrotraer a una instancia que permitirá una mayor participación de la comunidad afectada.
Lo que se espera es que se cambie el trazado, y eso es posible, pero depende de la voluntad que se ponga en ello.
La empresa Interchile -a cargo del proyecto- no ha pasado desapercibida y cuenta con episodios de vulneración de derechos laborales e incumplimiento de compromisos en otras regiones del país, que tienen al Ministerio de Energía haciendo efectivas las boletas de garantía por el retraso excesivo y sus incumplimientos reiterados.
Desde la Comisión de Medio Ambiente del Senado hemos invitado y escuchado a la comunidad, enviado oficios para que se ejerzan todas las acciones de fiscalización que correspondan. No obstante, creemos importante el pronunciamiento de los ministerios de Energía y de Medio Ambiente no sólo de la legalidad, sino de la voluntad necesaria de resolver un conflicto que afecta a una comunidad y que también pone en riesgo esta reserva natural.
Durante los últimos días hemos sido testigos de un conflicto donde la empresa busca construir las torres que le restan, conocedora que será casi imposible que se ordene su demolición. Por otro lado, la comunidad confía aún en la institucionalidad.
En esta lucha resalta la presidenta de la comunidad de La Dormida, Evelyn Marchant, y del concejal Pablo Altamirano, quien debe soportar la acusación y solicitud de destitución de sus pares, por lo que ellos consideran una intervención desmedida en defensa de sus vecinos. Creemos que su labor de fiscalización está absolutamente justificada.
Pensamos que en Olmué se debe respetar la decisión del Tribunal Ambiental y el SEA debe tramitar la invalidación solicitada por los vecinos. En definitiva, se debe resolver la nulidad administrativa por los vicios legales que presenta la RCA.
Hacemos un llamado al restablecimiento del imperio del derecho con la intervención de los ministerios sectoriales, porque en nuestro país no pueden seguir existiendo zonas de sacrificio y las comunidades y el medioambiente están por sobre cualquier interés económico.
Isabel Allende B.
Senadora por la Región de Valparaíso