La disposición que obliga a los candidatos concejales a contar con enseñanza media completa o estudios equivalentes, moviliza a los partidos políticos en la selección de postulantes. Sin ese requisito no podrán figurar en las listas y, lógicamente, menos ser elegidos. Esta norma sólo se aplicaba a los alcaldes, pero ahora entra a regir a partir de los comicios del próximo año.
De este modo, muchos futuros postulantes o concejales que desean ir a la reelección y que no cumplen con el requisito están iniciando el proceso que les permita regularizar su situación educacional si está incompleta. Es importante que la norma se cumpla en forma transparente sin resquicios o caminos dudosos que únicamente suponen un cumplimiento formal.
Es cierto que tener un nivel mínimo de formación, más allá de saber leer y escribir, es un apoyo al desempeño de quien ejerce un cargo de elección popular en municipalidades o el Congreso Nacional. Sin embargo, no siempre la educación media o superior van unidos a los necesarios atributos de honestidad y eficiencia que deben tener los servidores públicos. Desgraciadamente, los ejemplos son muchos y han contribuido a desprestigiar la función política dañando incluso el sistema democrático mismo.
Esta afirmación tiene además validez cuando asistimos a un debate eterno sobre la calidad de la educación y variadas reformas en la materia.
Por otra parte, hay muchos casos de dirigentes sociales o líderes naturales que no poseen educación formal y que, pese a ello, son ejemplos de inteligencia, entrega, honestidad, creatividad y sentido común.
"Lo que natura non da, Salamanca non presta", viejo dicho español que da cuenta de una realidad: no basta con los títulos.
Pero dejando consideraciones que ante una disposición concreta y vigente resultan teóricas, hay que buscar en esas normas el lado positivo que significa para un cuerpo colegiado como es un concejo municipal, cierta igualdad en el nivel de conocimiento de sus integrantes, lo que facilita el debate y las decisiones.
Sin embargo, esta exigencia mínima no puede ser el término del proceso formativo de los servidores públicos, pues en la calidad del trabajo que realizan para la comunidad es necesario una actualización permanente del conocimiento, asumiendo nuevas experiencias y aquellos cambios que pueden significar un aporte.
Y justamente los partidos políticos que en estos días se movilizan para que sus candidatos estén en condiciones de cumplir con la norma básica de un cuarto medio, deberían, más allá de la elección misma, asumir el compromiso de atender al perfeccionamiento de sus militantes para mejorar su capacidad de decisión en materias que son de interés general.
¿Sería mucho pedir?