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Caso Ámbar: Fiscalía acusa de violación con homicidio a imputado y pide la pena máxima

LOS ANDES. Fiscal solicitó presidio perpetuo calificado para el imputado por la muerte de la menor de un año y 8 meses.
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Cristián Rodríguez F.

Después de un año y dos meses de investigación, el fiscal jefe de Los Andes, Ricardo Reinoso, decidió acusar por el delito de violación con homicidio a Miguel Espinoza Aravena (30), único imputado por la muerte de Ámbar Lazcano Páez, la menor de sólo un año y ocho meses -oriunda de Rinconada- que en abril del año pasado falleció producto de una serie de lesiones físicas atribuibles a un abuso sexual.

Tras haberse decretado el cierre de la investigación a petición de la defensa, el persecutor presentó la tarde de este lunes su acusación en el caso y, según confirmó ayer a este Diario, buscará una condena por presidio perpetuo calificado en contra de Espinoza -actualmente en prisión preventiva en Valparaíso-, vale decir, una pena de por vida donde recién a los 40 años de cumplida la sentencia podría solicitar una libertad condicional.

Defensa de imputado

Hasta la semana pasada, el contenido de la acusación que debía presentar el fiscal Reinoso -con dedicación preferente en el caso- aún era incierto para la opinión pública, sobre todo por las declaraciones que desde hace algunos meses venía realizando el abogado del imputado, Homero Caldera, quien en distintas oportunidades aseguró que solicitaría la absolución de Espinoza a partir de las pruebas existentes en la carpeta investigativa.

En concreto, el abogado particular sostuvo -durante la audiencia de cierre de investigación- que hay pericias efectuadas por distintos servicios públicos "en las cuales ninguna ha señalado que existe la violación ni menos el homicidio como consecuencia" de la muerte de Ámbar.

"Puede parecer como obvio que todos los defensores señalen que sus representados son inocentes, pero aquí lo que nos tiene más entusiasmado respecto a esto es que están los antecedentes, que constan efectivamente en la carpeta de investigación, que nos dan la razón", indicó Caldera, agregando que existen "informes tanatológicos que son realmente clarificadores respecto de los hechos" que habrían ocurrido el año pasado.

Además, meses antes el abogado también había dado a conocer que la autopsia que se le practicó a la menor arrojó que no existían rastros de ADN del imputado en el cuerpo de ella, y que las causas de fallecimiento había sido una falla multiorgánica.

En esa línea, cabe recordar que al momento de ingresar a un centro de salud, el imputado sostuvo que la menor sufrió una caída, lo que horas más tarde fue descartado por la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales y Menores de la PDI, que procedió a detenerlo.

Audiencia preparatoria

Frente a las declaraciones que ha entregado el abogado del imputado, es justamente la audiencia de preparación de juicio oral la que se aproxima como la instancia clave del proceso. Lo anterior, puesto que el Ministerio Público deberá lograr que el Tribunal de Garantía de Los Andes admita todos los medios de prueba necesarios para condenar a Espinoza, entre ellos los exámenes y peritajes realizados a la fecha, además de la lista de testigos que se ofrecerá.

En ese contexto, ha sido el propio fiscal Reinoso quien ha refutado lo señalado por el abogado defensor, revelando que la autopsia practicada por el Servicio Médico Legal (SML) sí arrojó que la muerte de Ámbar se produjo por un traumatismo abdominal con lesión gástrica, asociada a un "golpe directo en abdomen compatible con la acción de una tercera persona".

Asimismo, el persecutor reveló que distintas pruebas biológicas detectaron material genético de la menor -específicamente sangre- en prendas de vestir íntimas del imputado.

En tanto, otro de los antecedentes relevantes previo al juicio oral es que el Tribunal de Los Andes siempre rechazó modificar la medida cautelar de prisión preventiva al justificar la existencia de un delito.

Impacto nacional

En abril pasado, el caso de Ámbar despertó la indignación de todo un país debido a las circunstancias que rodeaban su vida antes de fallecer.

Por una parte, el sistema de cuidado de menores se vio en tela de juicio debido a que en ese entonces el imputado era la pareja de Cinthya Páez, tía de la niña y que tenía a cargo su custodia. De hecho, desde el Ministerio de Justicia tuvieron que salir a responder a las críticas que recibió el programa Familias de Acogida Especializadas (FAE) -a cargo del Servicio Nacional de Menores (Sename)- por no detectar las características del imputado antes de entregarle el cuidado de la niña a su conviviente.

La muerte de la menor también reabrió por momentos el debate por restaurar la pena de muerte para casos como estos, incluso con cánticos de vecinos de Los Andes el día del funeral de Ámbar.

Sin embargo, la principal "consecuencia" que tuvo el caso ocurrió cinco días después, cuando el Gobierno sorprendió al anunciar un proyecto de ley -promulgado la semana pasada- que declara la imprescriptibilidad total de los delitos de abuso sexual cometido contra menores de edad.

Con esto, resta que los querellantes en el caso -la Fundación Amparo y Justicia, en representación de la familia, y el Gobierno, a través del Sename y la Intendencia Regional de Valparaíso- sean notificados del escrito que presentó el Ministerio Público para que dispongan de diez días de plazo para adherirse a la acusación o presentar una nueva. Tras ello, el Tribunal fijará una fecha para la audiencia de preparación de juicio oral y posteriormente programará el juicio definitivo contra Miguel Espinoza.

Fundación en nombre de la víctima

Uno de los que se ha mantenido siguiendo la evolución del caso es el tío de la víctima, Ignacio Páez, quien había solicitado en distintas oportunidades quedarse con la custodia de Ámbar. Durante este tiempo, el familiar se ha dedicado a sociabilizar el caso de su sobrina e incluso decidió crear una fundación bajo el nombre de "Pasitos de Ámbar", que se dedica a entregar información sobre los derechos de los niños. Respecto a la investigación, Ignacio se ha sostenido del testimonio que entregó el equipo médico que atendió a la menor ese día para solicitar la máxima condena para el único imputado.

40 años de cárcel es la pena que arriesga Miguel Espinoza si es condenado a presidio perpetuo calificado.

12 meses duró la investigación a cargo del fiscal Ricardo Reinoso. Este lunes presentó la acusación del caso.

Concejal plantea preocupación por futuro de obras del Teatro Municipal

VIÑA DEL MAR. Sandro Puebla dice que empresa tuvo problemas en S. Domingo.
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El concejal Sandro Puebla, independiente pro PS, criticó la decisión de aumentar el plazo de la obra de restauración del Teatro Municipal en 90 días más argumentando que la empresa que está a cargo de las faenas tuvo serios problemas en Santo Domingo y la municipalidad terminó su contrato.

A través de una carta a la alcaldesa Virginia Reginato, el edil solicitó que se informe "en carácter de urgente las razones y fundamentos del nuevo aumento de plazo otorgado a la empresa constructora a cargo de la restauración del Teatro Municipal de nuestra ciudad, teniendo en cuenta que con este nuevo aumento, el plazo total de duración del contrato pasará de los 450 días originales a 691 días, es decir, un 54% más de lo estimado originalmente".

Añadió que sobre la firma en cuestión "existen varios reclamos por incumplimientos en las últimas semanas, incluido el hecho que la Municipalidad de Santo Domingo le ha puesto término anticipado a un contrato por más de $7 mil millones debido a incumplimientos de contrato. Solicito saber si se verificó la situación actual financiera y de cumplimientos de contrato previo a autorizar un nuevo aumento de plazo".

Dejan sin efecto orden de detención contra pareja de guardadores

JUDICIAL. Suprema revocó acción hacia cuidadores que huyeron con un menor.
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La Corte Suprema decidió dejar sin efecto la orden de detención que desde fines de junio pesaba en contra de Francisco Silva y Sergio Durán, la pareja guardadora del Servicio Nacional de Menores (Sename) de Valparaíso que el mes pasado decidió huir con un niño de sólo un año -que tenían bajo su cuidado- luego que el Tribunal de Familia de Viña del Mar ordenara cambiar de familia al menor.

De acuerdo al fallo del máximo tribunal, cuando se dictó la orden de aprehensión en contra de Silva y Durán -el pasado 24 de junio-, aún no se encontraba ejecutoriada una resolución en la que se rechazaba que la pareja mantuviera el cuidado definitivo del menor.

Por lo anterior, la acción de perseguirlos fue considerada como "ilegal y arbitraria" por los ministros de la Segunda Sala de la Corte Suprema, dejándola sin efecto desde el lunes de esta semana.