Senador José Antonio Gómez:
"El congreso no
beneficia a Valparaíso"

Desde que a comienzos de 2005 asumió la presidencia del Partido Radical Social Demócrata (PRSD), el actual senador y ex ministro de Justicia, José Antonio Gómez, se ha jugado por posicionar a su colectividad en el área chica de las decisiones políticas. La estrategia le ha dado buenos resultados a juzgar por los cargos logrados en el gabinete y en otras destinaciones. Y por la votación superior al 40 por ciento que obtuvo en los comicios senatoriales del año pasado, en los cuales desbancó a Carmen Frei, parlamentaria histórica de la II Región.

En el Senado preside ahora una comisión donde seguramente se siente como pez en el agua. La de Constitución, Legislación y Justicia. Desde allí pasa revista a lo que fue una de sus preocupaciones centrales como ministro, la Reforma Procesal Penal, y a otros temas cercanos, como la rebaja en la edad de responsabilidad penal y el colapso de los tribunales de familia. Eso, sin soslayar el controversial tema del traslado del Congreso a Santiago, reinstalado en el debate luego de que parlamentarios radicales presentaron un proyecto que busca derogar la ley que establece que la sede del Parlamento está en Valparaíso.

"FUIMOS CAPACES"

¿Cuál es el espacio que ocupa hoy el radicalismo en un país donde las principales fuerzas políticas se disputan el centro?

"A pesar de todas las predicciones de que nuestro futuro era negro, de nueve candidatos a diputado fuimos capaces de sacar siete. Y de dos postulantes al Senado elegimos uno, en ambos casos con muy buena votación".

- ¿Qué proyecciones tiene el sector en el corto y mediano plazo?

"Seguimos siendo una fuerza de centro, laica y con una votación que se ha mantenido en el tiempo. Nuestro objetivo es trabajar seriamente por crecer, por incorporar más gente que crea en nuestras propuestas y ése es un trabajo político de mediano y largo plazo".

DESAFUERO Y FACULTADES

- ¿Por qué le parece pertinente evitar que se suspendan las facultades de los parlamentarios en casos en que son investigados por alguna causa judicial?

"Creo que el efecto lógico del desafuero debe ser que el parlamentario o aquella autoridad con fuero pueda ser interrogada, ir a los tribunales, ser careada. Lo que no es razonable es que a raíz de esa situación se le impida ejercer el cargo para el cual fue elegido, es decir, no pueda seguir legislando o votar en el Congreso. Está el caso del ex senador Francisco Javier Errázuriz, que estuvo cuatro años desaforado y al final se le aplicó una multa, sentencia que jamás lo habría privado de su calidad de parlamentario. Por eso creo que hay que modificar la norma."

- Pero en el caso del ex senador Lavandero, que sí fue condenado por abusos contra menores, habría seguido legislando hasta el día de la sentencia.

"Claro, pero podría haber pasado a la inversa. Que hubiera sido declarado inocente".

- ¿No le parece riesgoso?

"No, sobre todo porque hoy existe la Reforma Procesal Penal. El tema de Lavandero se resolvió en seis meses. Con el sistema antiguo el proceso podría haber estado pendiente cuatro o cinco años. Creo que el principio de inocencia debe primar en estas cosas. Una persona es culpable sólo cuando la sentencia está ejecutoriada, no antes. Y no hay ninguna razón para que quienes ejercen cargos, en este caso de elección popular, o que tienen otro tipo de fuero, deban dejar de hacer su trabajo durante un proceso investigativo".

¿MANO BLANDA?

-¿Está conforme con los resultados de la Reforma Procesal Penal?

"Estoy conforme. Creo que se ha hecho un trabajo serio y los resultados estadísticos y antecedentes que tenemos son muy positivos. Algunas cosas probablemente tengan dificultades, pero eso, en un cambio tan profundo como éste, se puede ir resolviendo poco a poco. Por eso la reforma se instaló gradualmente y hoy ya está operando en la zona donde era más difícil, la Región Metropolitana".

- Muchos piensan que se ve bastante mano blanda en el otorgamiento de libertades provisionales por encima de consideraciones como que los investigados puedan ser peligro para la sociedad.

"El juez es quien determina si la persona queda detenida o no mientras se produce la investigación y el procesamiento. Lo importante es que al cabo de seis o siete meses desde que se produce el hecho la sentencia queda convertida en definitiva y, si el imputado es culpable, termina en la cárcel como corresponde. No creo que exista esa mano blanda que aparentemente se ha tratado de señalar respecto del procedimiento. Pero todo tema es opinable y corregible si fuera necesario".

- ¿Cree que la rebaja en la edad de responsabilidad penal incidirá en una disminución de la delincuencia juvenil, si la infraestructura y medios para la rehabilitación son deficitarios en Chile?

"No creo que implique una baja en la acción delictual. Lo que se va a producir es la posibilidad de sancionar a quienes cometen delitos graves siendo menores de una determinada edad, cosa que antes no era posible porque entre los 16 y los18 años generalmente se los declaraba inimputables y no tenían ninguna responsabilidad. Y a quienes cometen delitos menos graves se les aplicará otro tipo de sanciones que van a permitir ir rehabilitándolos y reinsertándolos en el sistema normal de vida, para lo cual el Ministerio de Justicia tendrá que disponer de los recursos necesarios".

- También se han producido problemas en los tribunales de familia y mucha gente ha visto frustradas sus expectativas de acceder a divorcio o de regularizar otras situaciones.

"Eso es cierto y tiene un componente diferente al de la Reforma Procesal Penal porque en ese proceso fuimos en forma paulatina integrando las regiones. En el caso de los tribunales de familia, se tomó la determinación de que fuera de una sola vez y eso ha producido un colapso que es complejo para la ciudadanía y que hay que corregir. El 3 de abril invitamos a la comisión de Constitución del Senado al ministro de Justicia y al presidente de la Corte Suprema para analizar en conjunto esos problemas y ver cómo podemos colaborar para que esta situación se corrija".

CONGRESO EN VALPARAÍSO

- ¿Por qué es partidario de trasladar el Congreso a Santiago?.

"Luego de haberme desempeñado como ministro, en el Ejecutivo, y ahora como parlamentario, mi opinión es la siguiente: si tuviera la convicción personal de que la localización del Congreso en regiones implica efectiva descentralización y un cambio en el esquema político del país, jamás pensaría que es necesario volver a Santiago. Al revés, pediría que se instalara en Antofagasta o en Calama".

- Pero usted no piensa eso.

"No. Mire, en Valparaíso se sesiona unos días y, en general, para resolver problemas de las regiones, los parlamentarios tienen que ir a Santiago a conversar con los ministros, subsecretarios, jefes de servicios. El hecho de que el Congreso esté en Valparaíso de ninguna manera es un elemento de descentralización. Pienso que para el buen trabajo y eficiencia de los parlamentarios y el Ejecutivo es necesario que los tres poderes del Estado estén en un lugar donde puedan entenderse con prontitud y rapidez. Y el lugar donde están radicadas esas instituciones es Santiago. Si se tomara la decisión de trasladar todas las instituciones a una región, bueno, sería también una posibilidad".

- Pero hay que habilitar un edificio y eso implica gasto público. Habilitar el Congreso en Valparaíso costó unos 200 millones de dólares.

"Creo que el caso del edificio está solucionado con la entrega del ex Congreso al Parlamento por parte de la Cancillería. Pero según los antecedentes que manejo, al año se ocupan dos millones de dólares sólo en gastos de traslado de los parlamentarios".

destino del edificio

- Y qué pasaría con el edificio porteño?

"Si eventualmente se tomara la decisión de llevarse el Congreso a Santiago, al edificio de Valparaíso hay que darle un destino, que puede ser un gran centro de convenciones, o que a la Quinta Región se le entreguen recursos para que, en ese evento, pudiera desarrollar proyectos sociales que efectivamente beneficien a la gente. Porque el Congreso en sí no produce ningún beneficio a la comunidad de Valparaíso".

- Hay gente de su partido, como los parlamentarios Samuel Venegas y el vicepresidente de la Cámara, José Pérez, que no están de acuerdo con el traslado del Congreso.

"Está bien, pues. Tampoco el senador Ávila va a estar de acuerdo. Pero yo planteo una realidad, no es que esté obsesionado por el tema".

¿PECADO SOCIAL?

- ¿No cree que sería un pecado social como dijo en su momento el obispo Javier Prado, en alusión a los costos?

"No, porque creo que el pecado social fue haber gastado la plata que se gastó sólo por el capricho que tuvo alguien en su época de trasladarlo a Valparaíso. Porque desde el punto de vista histórico el Congreso siempre estuvo en otra parte. Pero lo importante no es eso. Lo importante es que la región tenga mayores capacidades de desarrollo, mayores recursos, mayor capacidad de decisión. Eso es darle poder a las regiones. Y eso es lo que hay que hacer en el Congreso. Legislar en ese sentido".