Usted está en : Portada: Ciudades
Sábado 27 de marzo de 2010
Informes cruzados marcan formalización de sacerdote
limache / En libertad, pero con medidas cautelares quedó suspendido clérigo de la parroquia de Lourdes.

En libertad, pero con firma mensual y la prohibición de acercarse a las víctimas, quedó el sacerdote Juan Henríquez Zapata, de 64 años, quien fue formalizado por la Fiscalía de Limache por el delito de obtención de servicios sexuales de menores.

En la audiencia realizada en el Tribunal de Garantía de esta comuna, el fiscal Guillermo Felipe Merino explicó que los hechos se habrían registrado durante el 2008, cuando los jóvenes tenían entre 15 y 16 años de edad.

Según la denuncia, el sacerdote, quien se desempeñaba como párroco de la parroquia Nuestra Señora de Lourdes, los habría contactado para obtener servicios de carácter sexual, cancelando una suma de 25 mil pesos.

confuso caso

Sin embargo, el propio fiscal reconoce que se trata de un caso complejo, con acusaciones cruzadas entre ambas partes.

"Está la denuncia de la madre de uno de los menores de que habría existido esta situación, pero también hay una contradenuncia del propio sacerdote, en que habría sido amenazado y se le habría sacado dinero por el silencio de las víctimas; es un caso complejo desde ese punto de vista y tenemos que investigar bien ambos aspectos de los hechos, para ir tomando la decisiones de que correspondan con todos los antecedentes del caso", explicó el fiscal Merino.

De hecho, previo a la formalización, la madre de una de las supuestas víctimas aseguró que el sacerdote no es responsable de las imputaciones en su contra.

El tribunal decretó un plazo para investigar este caso de 6 meses, decretándose las medidas cautelares de arraigo nacional, firma mensual en a fiscalía y prohibición de acercarse a las víctimas.

De ser hallado culpable, el sacerdote Juan Henríquez arriesga penas que fluctúan entre los tres años y un día a los cinco años de reclusión.

Obispado

A través de una declaración pública, el obispado de Valparaíso lamentó los hechos, reiterando la posición expresada por el Papa Juan Pablo II y el Papa Benedicto XVI en el sentido de que no "hay lugar en el sacerdocio y en la vida religiosa para quienes dañan a los jóvenes", lo que es considerado por la Iglesia como "un espantoso pecado a los ojos de Dios".

En el documento se agrega que "ante esta situación y como medida prudencial, el Obispo de Valparaíso ha decidido separar al citado sacerdote de toda autoridad y responsabilidad pastoral".