Año 175 - Nro. 60079 - Jueves 20 de junio de 2002
   
 

Arequipa logró imponerse

 
 

Gobierno peruano puso fin a la violencia al comprometerse a suspender las privatizaciones

 
 

AREQUIPA, Perú.- El gobierno peruano acordó suspender la privatización de las empresas eléctricas Egasa y Egesur, ganadas en subasta por la belga Tractebel, hasta que la justicia emita un fallo sobre el caso presentado por la región de Arequipa (sur), anunció ayer el vicepresidente Raúl Diez Canseco.

"La representación del Gobierno, con la aceptación de los representantes del Frente Amplio Cívico de Arequipa, expresan formalmente su decisión de suspender todos los actos del proceso de privatización de Egasa y Egesur, incluyendo los conducentes a la firma del contrato, mientras no se cuente con el fallo del Poder Judicial", dice un acuerdo firmado entre las partes.

El presidente Toledo pidió disculpas ayer a la población de Arequipa por no haber explicado bien los fines de su política de privatizaciones, que causó un levantamiento popular en esa ciudad.

 

SEIS DIAS

 

"Es un triunfo del pueblo arequipeño y un triunfo del Perú", dijo Juan Manuel Guillén, alcalde de Arequipa, segunda ciudad del país, al referirse al acuerdo logrado en las negociaciones iniciadas el martes, tras seis días de protestas que dejaron un saldo de un muerto y un centenar de heridos.

Los desórdenes obligaron al Gobierno a declarar el estado de emergencia y el toque de queda en esa ciudad de 830 mil habitantes, mil kilómetros al sur de Lima.

El acuerdo contempla también que el Gobierno deje sin efecto el estado de excepción en un plazo de 48 horas.

La suspensión de la venta de las empresas eléctricas se produce cuando una amplia región del sur peruano había iniciado yer un paro de 48 horas en solidaridad con Arequipa y en rechazo a las privatizaciones del gobierno del presidente Alejandro Toledo.

 

FALLO NO ACATADO

 

La semana pasada, el juez Benny Alvarez Quiñones, de la judicatura de Arequipa, ordenó que se suspendiera la privatización de las dos empresas, al declarar fundada una acción de amparo presentada por Guillén.

En esta presentación, el alcalde pidió que se declare la inaplicabilidad de los actos de transferencia de acciones de las firmas y se disponga la protección de los derechos de propiedad de la región sureña.

Pese a la resolución del juez, conocida el jueves de la semana pasada, el Gobierno llevó a cabo la privatización, que ganó la belga Tractebel, aduciendo que el fallo sería apelado, pero que no impediría la subasta.