De un disparo en la cabeza falleció Juan Armando Colipai, quien era trasladado desde la Unidad de Gendarmería de Quillota hasta el centro penitenciario de Valparaíso en calidad de imputado por cometer un robo con intimidación. Este hecho se produjo luego que el sujeto intentara darse a la fuga desde el habitáculo del furgón que lo llevaba hasta la capital regional como una medida de seguridad establecida por el Juzgado Mixto de Quintero, ya que el fallecido fue funcionario de la institución hasta abril del año pasado, cuando fue expulsado por su conducta.

Fue justamente su experiencia adquirida en la Unidad Especial de Alta Seguridad (UEAS) de Quillota, donde desempeñaba sus funciones como gendarme, lo que estiman autoridades habría facilitado su huida del automóvil, puesto que Colipai se encontraba esposado al momento de evadir la custodia, abrir la puerta y escapar en pleno camino internacional, que une las comunas de Quillota y Concón.

Los dos custodios que acompañaban al malogrado imputado durante su traslado hasta Valparaíso, al percatarse que éste corría hacia un terreno cercano de la vía, se bajaron y uno de ellos extrajo su arma y disparó cuatro veces, dos de ellas al aire, para amedrentar al fugitivo, y luego dos al cuerpo,. Uno de estos tiros dio en la cabeza a Colipai, lo que terminó con su vida casi instantáneamente.

Sumario

Según precisó el director regional de Gendarmería, teniente coronel Juan Carlos Manríquez, "él iba solo en el habitáculo para internos, con medidas de seguridad como lo son las esposas. Respecto a las condiciones y circunstancias por las cuales logra evadir las medidas de seguridad del carro y del personal que lo custodiaba, están siendo investigadas por el sumario que se ordenó y por el fiscal de Quillota, que está iniciando el proceso".

En relación a si el accionar de los gendarmes fue el mejor, la máxima autoridad de la institución en la región agregó que "los protocolos indican que hay que detener la fuga, que es el imperativo que establecen los tribunales para asegurar la debida custodia. La ocasión de dónde llega el impacto de bala son las circunstancias que vamos a tener que investigar". Agregó que el fiscal que lleva el caso será el encargado de ver en qué condición quedará el efectivo que ejecutó los disparos.

nuevas medidas

Extremar las precauciones en el traslado de futuros casos similares con exgendarmes, será materia de nuevas medidas especiales según la seremi de Justicia, María Isabel Ancarola, puesto que no quieren lamentar más situaciones como las ocurridas ayer al mediodía.

"Siempre se están revisando algunas medidas especiales, los protocolos traslado y también de su seguridad misma, así que seguramente enfocaremos más trabajo en ello. Una persona que fue funcionaria obvio que conoce los sistemas de seguridad y para eso hay que tener otro tipo de medidas de seguridad. A propósito de esto, e independiente de la investigación judicial se va a llevar a cabo una investigación administrativa interna para ver si hubo responsabilidades internas en lo que sucedió, si hubo protocolos correctos, y también para sacar una serie de resultados por la forma en que se procedió", dijo la seremi.

PDI investiga cómo el sujeto logró huir

En la zona donde ocurrió el deceso, el inspector Rodrigo López, de la Brigada de Homicidios (BH) de Valparaíso, comentó que "estamos indagando para ver la forma de que esta persona logra evadir el control de Gendarmería y sale del carro celular en el cual estaba siendo trasladado hasta Valparaíso, y en la huida es impactado por proyectiles balísticos por parte de Gendarmería".

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Con la confirmación de que serán 56 los testigos presentados por la Fiscalía de Valparaísopara respaldar sus argumentos como medios de prueba finalizó ayer la audiencia de preparación del juicio oral en el caso de Fraude en la Intendencia, por el cual hay cinco personas acusadas de distintos delitos.

El Ministerio Público busca condenas de cárcel para los cinco imputados por la malversación de más de 1.031 millones de pesos, extraídos desde el Gobierno Regional entre los años 2008 y 2009.

La Fiscalía detectó tres modus operandi distintos para cometer la defraudación fiscal, el último de los cuales, y el más complejo, consistió en generar cheques por montos simulares o iguales a montos de cheques que realmente se pagaron por proyectos del Fondo Regional de Inversión Local.

Los procesados por el caso son tres funcionarios públicos y dos contratistas, para los que -en la suma- la Fiscalía pide 67 años de cárcel, siendo Lorenzo Leiva Tapia, presentado como uno de los principales responsables del fraude, quien arriesga la mayor cantidad de tiempo privado de libertad. Para él, solicitan 17 años por 22 delitos de malversación de caudales públicos y 5 años y un día por el uso de instrumento privado mercantil falsificado.

"Las penas que estamos solicitando son respecto a los autores materiales, todas penas superiores a los 15 años y un día por la reiteración esencialmente, y respecto de aquellos que son cómplices hay uno que tiene varias circunstancias porque ha colaborado durante todo el tiempo, él es el único que estamos pidiendo una pena que va a poder cumplir en libertad con una pena de cinco años. El otro cómplice estamos pidiendo la pena de 10 años y un día, que sería efectiva", explicó uno de los fiscales que lleva el caso, Rodrigo Yáñez.

La Fiscalía, en parte, solicita 15 años y un día para Jaime Lorca Rocca, por cometer 18 delitos de malversación de caudales públicos; 15 años y un día para Julio Medina Correa, por 2 delitos de malversación de caudales públicos; mientras que para los contratistas Eugenio Aubele Guerín piden 5 años por cometer 15 delitos de malversación de caudales públicos y de 10 años y un día para Marcelo Urzúa Pérez.

Habrá 680 medios de prueba

Junto con los 56 testigos que argumentarán en el juicio oral, la Fiscalía confirmó que serán más de 680 los medios de prueba indicados en la acusación contra los funcionarios implicados en la situación, los que sumados a nueve informes periciales, cheques, copias de factura, boletas descubiertas en allanamiento y otros documentos públicos y privados, discos duros y otros contenedores de información, resoluciones administrativas y oficios reservados, así como planos y sets fotográficos.

Carabineros de la sección OS-7 "Aconcagua", con el apoyo de personal de la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de la Primera Comisaría de La Ligua, pudieron detener a una agrupación organizada que se dedicaba a la siembre, al cultivo y a la cosecha de plantas de cannabis sativa, encontrando en su poder 722 matas, las que fueron incautadas en el sector de la quebrada "La Palmita" de la Provincia de Petorca, además del decomiso de cerca de dos kilogramos de marihuana elaborada, la que buscaba ser comercializada en la Región de Valparaíso.

Este procedimiento se desarrolló en el marco del "Plan de Verano de Erradicación de Plantaciones de Cannabis Sativa" impulsado durante el año pasado en el país, el que pudo ser posible de encontrar por medio del trabajo de la policía uniformada, ya que dicha plantación se mantenía oculta entre la vegetación del lugar perteneciente a Frutillar Alto, en la misma comuna de Petorca, la que esperaba por su elaboración para luego ser vendida.

A través de la investigación, Carabineros pudo realizar la detención flagrante de los tres sujetos que componían la organización, los que identificados como Luis Hernán Jerez, de Cabildo; Eduardo Jerez (51), domiciliado en Los Vilos; y Alejandro del Carmen Trigo (54), quien vivía en la comuna de Cabildo, fueron encontrados en momentos en que se dedicaban al cuidado y a la seguridad de la plantación.

En el sitio, se descubrió además que los sujetos tenían un campamento para su supervivencia, donde contaban con carpas, colchones y cocina para abastecerse durante la temporada de verano. Junto con esto, se ubicaron dos canchas con plantas de marihuana y su respectivo sistema de goteo para cada planta, siendo un total de 509 en la primera y 213 en la segunda. Respecto a los detenidos, fueron puestos ayer a disposición del Ministerio Público para su formalización.