La Gobernación de Petorca advirtió que existen unos 800 pozos ilegales que se encuentran en la provincia, los cuales agravan la situación de escasez hídrica que se vive hace varios años en la zona.

Según informó la Dirección General de Aguas, existen cerca de 2.800 pozos en Petorca y de ellos solo 2 mil están regularizados, por lo que existen 800 que están funcionando sin la autorización correspondiente y esto abarca a pequeños, medianos y grandes agricultores. Se trata de pozos ilegales porque los otros 2 mil han sido regularizados a través del cuarto transitorio (Ley 20.017 del Código de Aguas) y por efectos de la emergencia hídrica, lo que está establecido dentro del Código de Aguas".

crítica realidad

El gobernador de Petorca, Andrés Leiva, detalló que son pozos que se encuentran principalmente en la cuenca de los ríos Ligua y Petorca, lo que "da cuenta de lo que estamos viviendo como provincia desde el punto de vista hídrico. Hay una necesidad hídrica, todos los agricultores tienen que buscar la forma de poder regar y eso hace que caigan en aspectos ilegales, y por eso nosotros apelamos como gobierno a que la DGA tenga mayor poder de fiscalizaciones".

Según información de la Dirección General de Aguas (DGA), en la Región de Valparaíso hay un registro de denuncias por materias relacionadas por infracciones a las disposiciones del Código de Aguas desde el año 1987, las que han ido aumentando en forma progresiva.

Uno de los aspectos principales de ello es el que dice relación con la extracción no autorizada de aguas, lo que de ser comprobado podría constituirse, según el Código Penal, en un delito de usurpación de agua, siendo la zona de Petorca una de las que se ha visto más afectada por esta situación en la Región de Valparaíso.

327 expedientes

Es por esto que durante el año 2012 se ha procedido a la apertura de 327 expedientes de fiscalización asociados a 104 denuncias, 101 inspecciones y 105 solicitudes por cargo a decreto de escasez.

De hecho, solo en Petorca existen 74 solicitudes por decretos de escasez -que se advierte cuando hay pozos de menos de 200 metros de distancia entre otros inclusive en una zona de emergencia hídrica como ésta- siendo la provincia con mayores solicitudes seguida mucho después por San Felipe con apenas 10.

También se han realizado 31 denuncias de las 104 en total en la Región y se ha aumentado el número de inspecciones alcanzando las 58 de 106 en toda la zona. La mayoría de las denuncias son por extracción ilegal de aguas y por infracciones al Código de Aguas como, por ejemplo, cambios en los puntos de captación.

Según detalla la DGA, el número de expedientes (denuncias, inspecciones y solicitudes por escasez hídrica) durante los años 2011 y 2012 es similar a la fecha, pero la tendencia en el tipo de solicitud ha variado. Durante el año 2011 el principal ingreso de expedientes corresponde a denuncias (48%), seguido por inspecciones (26%) y consultas por cargo a los decretos de escasez (18%).

Durante el año 2012 se ha observado una tendencia similar en el número de ingreso de expedientes, pero se ha diferenciado en el tipo de expediente, correspondiente a denuncias (31%), inspecciones (32%) y consultas por cargo a los decretos de escasez (32%).

competencia por recurso

Al respecto, el director de la DGA, Nicolás Ureta, explicó que "la zona de Petorca ha sido una de las más afectadas por la sequía en la región, lo que indudablemente genera una mayor demanda y competencia por el recurso. Además, debido a la sequía y los cargos que se pueden hacer sobre los decretos de escasez vigentes en la zona, hubo un incremento en las solicitudes de extracción de agua subterráneas, lo que suscitó que en más de una ocasión la comunidad pensara que alguien estaba extrayendo agua sin autorización".

A nivel nacional, la Región de Valparaíso es la que concentra un 33% de las denuncias en total por extracciones de agua, y sobre esto Ureta explica que "el alto porcentaje obtenido es el resultado del gran esfuerzo realizado por la Dirección General de Aguas para velar por el correcto uso y aprovechamiento de las aguas de nuestro país".

Explicó que "desde 2010 la DGA ha realizado un importante esfuerzo por aumentar su capacidad fiscalizadora, teniendo especial preocupación por aquellas zonas que han sido más afectadas por la sequía. Este es el caso de la Región de Valparaíso, donde su unidad de Fiscalización y Medio Ambiente tuvo el aumento más importante de personal, pasando de contar con un funcionario a seis, lo que permitió desarrollar planes especiales de fiscalización. En esta misma línea, se incorporó tecnología de primer nivel para detectar posibles extracciones ilegales de agua".

Caudalímetros

Para evitar futuros problemas con las extracciones ilegales, la DGA dispuso una serie de planes especiales como el Plan de Fiscalización Especial Provincia de Petorca I (2011- 2012), el plan Fiscalización Especial Provincia de Petorca II (2013) y el programa para formación de Comunidades de Aguas Subterráneas en los acuíferos Petorca y La Ligua.

Además, se realizará un programa de "caudalímetros" que se espera iniciar el segundo semestre de este año. Esta resolución ordena instalar dispositivos de control de caudal, volumen y nivel (control de extracciones) en la Provincia de Petorca. En su primera etapa busca controlar los 405 pozos más grandes (titulares con pozos con caudales mayores a 99 l/s o con más de 32 pozos).

El gobernador aclaró que "las grandes empresas tendrán que tener los caudalímetros implementados a mediados de este año para controlar que no se esté autorizando más de lo que tienen estipulado".

Llamado al Congreso para aumentar multas

Debido al nivel de emergencia en el que se encuentra Petorca, la autoridad provincial hizo un llamado al Congreso para que aumente las multas para quienes no cumplan la ley. "Está durmiendo la normativa o moción del Gobierno en la Comisión de Obras Públicas del Senado, no se ha podido destrabar, pero permitiría aumentar las penas que hoy existen de 800 mil pesos a 120 o 130 millones de pesos", dijo el gobernador Andrés Leiva. Además, "le dará mayor posibilidad a la DGA de poder fiscalizar. En ese sentido, la Seremi de Salud y el SAG tienen mayores atribuciones para ingresar a un predio en caso que sea requerido para fiscalizar, y hoy la DGA tiene que pedir autorización al propietario y muchas veces éste se niega, por lo que le pido a los senadores que le pongan urgencia".