Secciones

Mineduc insistirá en la regularización de terreno cuestionado

la calera. Concejales plantean que pese a dictamen de Contraloría proyecto no corre peligro.
E-mail Compartir

El Ministerio de Educación insistirá en los procedimientos para regularizar el inmueble donde actualmente se construye el centro cultural de La Calera. Un dictamen de la Contraloría General de República pone en tela de juicio el proyecto, ya que el terreno donde se emplaza la iniciativa está destinado a fines educacionales, por lo que no podría utilizarse para actividades culturales.

En el documento firmado por el contralor se establece que "el Ministerio de Educación deberá verificar el adecuado uso de los establecimientos educacionales de que se trata y, en el evento que no se cumpla con el destino para el cual fueron transferidos, gestionar la resciliación de los convenios, que deberá ser suscrita por dicha secretaría de Estado y la respectiva municipalidad, informando al respecto a este Organismo de Fiscalización dentro del término de 60 días, contados desde la tramitación del presente oficio".

Al respecto, la seremi de Educación, Patricia Colarte, explicó que se han sostenido reuniones tanto con la Municipalidad de La Calera como con la Seremi de Bienes Nacionales para analizar el caso. "En su momento se le entregaron al señor alcalde las directrices y procedimientos necesarios para la regularización del inmueble", dijo Colarte.

La autoridad agregó que la idea es realizar lo necesario para cumplir con la normativa vigente y acatar el dictamen de la Contraloría.

"Este ministerio siempre ha estado dispuesto a apoyar al alcalde en los procedimientos necesarios para el cumplimiento de la Ley y de los dictámenes de la Contraloría, y este ánimo de apoyo continua de la misma manera", indicó la seremi de Educación.

Distintas opiniones

Concejales de La Calera tienen opiniones contrarias sobre el impacto del dictamen de Contraloría, mientras algunos consideran grave y responsabilizan al alcalde, otros señalan que esta resolución no pone en peligro la construcción el centro cultural.

"Yo fui la concejal que me abstuve de votar el proyecto, ya que respecto al terreno no había un consenso. Aquí hubo una obstinación del alcalde que nos puede significar una indemnización por parte de una universidad y otros problemas, lo que es grave para un municipio chico como el nuestro", dijo la concejal de Renovación Nacional, Trinidad Rojo.

Para el concejal de la Democracia Cristiana, Ricardo Aliaga, los procedimientos están correctos, por lo que el proyecto no debe paralizarse. "Por la información que nos da el alcalde en los concejos el que ese terreno nunca ha sido del ministerio de Educación, ese terreno antiguamente fue un consultorio y de ahí a colegio y de ahí a Casa de la Cultura. Tiene un error la Contraloría y es cosa de revisar los documentos donde se indica que es propiedad del municipio", explicó Aliaga.

La autoridad manifestó que tampoco proceder devolver los fondos al Concejo de la Cultura y las Artes (CNCA).

Funcionaba escuela Almirante Latorre

El dictamen de la Contraloría General de la República es un pronunciamiento a un requerimiento hecho por el Consejo Nacional de Cultura y las Artes (CNCA), para determinar si procede que la Municipalidad de La Calera pueda utilizar un inmueble propio, transferido por el ministerio de Educación para fines educacionales, para la construcción de un centro cultural. Se trata de la escuela Almirante Latorre, que fue entregada al municipio a título gratuito.

Tribunal fija fecha para preparación de juicio oral en caso de fraude en El Quisco

San Antonio. En tanto, Consejo de Defensa del Estado prepara acusación.
E-mail Compartir

Para el 8 de mayo fue fijada por el Tribunal de Garantía de San Antonio la audiencia de preparación de juicio oral por la investigación que la Fiscalía de esa comuna llevó adelante por los delitos reiterados de falsificación y uso malicioso de instrumento público falso y fraude al Fisco, debido a la entrega de documentos falsos para la obtención de beneficios correspondientes a los subsidios diferenciados de localización del programa Fondo Solidario de Vivienda en su modalidad de construcción en nuevos terrenos.

El Ministerio Público presentó la acusación los primeros días de abril en el Tribunal de Garantía de San Antonio contra los imputados José Miguel Carrasco Núñez; José Fernando Ugaldes Jamett; Gabriel Manuel Naranjo Sánchez; Viviana Leocadia Celis Miranda, Miguel Ángel López Tobar; Alberto Juan Manuel Ramírez Urzúa; Víctor Rolando Elicer Gutiérrez; Yolanda Marlene Catalán Marín y Lorenzo Antonio Paredes Pérez, para quienes está solicitando una pena de 12 años de presidio.

Mientras tanto, los abogados del Consejo de Defensa del Estado, organismo que presentó querella en contra de todos los acusados, se encuentra preparando la acusación particular, acción que puede presentar hasta el 22 de abril próximo.

La acusación del Ministerio Público sostiene que durante los años 2007 a 2011, y en el marco del programa estatal Fondo Solidario de Vivienda del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, se desarrollaron en la comuna de El Quisco tres proyectos habitacionales denominadosVilla Marina 1, Villa Marina 2 y Villa Padre Eduardo Alvear. Precisa que los acusados cometieron irregularidades orientadas a defraudar al Fisco, mediante la obtención fraudulenta del subsidio diferenciado de localización, ocasionando un perjuicio económico equivalente a 87.600 unidades de fomento, a razón de 200 UF por cada una de las 438 familias beneficiarias.