Una convocatoria que los organizadores cifraron en 150.000 en Santiago y Carabineros en 80.000, tuvo ayer la primera marcha por la educación convocada para demandar una reforma al que involucre el fin del lucro y la gratuidad total del sistema. Los dirigentes estudiantiles defendieron la autonomía del movimiento social respecto a las distintas candidaturas y advirtieron que no aceptarán mejoras "a medias".

La manifestación se desarrolló con tranquilidad y terminó con un acto cultural en la Estación Mapocho. En las inmediaciones un grupo de encapuchados protagonizó incidentes que obligaron a la intervención de carabineros.

Los dirigentes resaltaron la alta asistencia e insistieron en sus desconfianzas hacia los políticos, particularmente hacia la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet, que ha expresado su deseo de avanzar hacia la gratuidad de la enseñanza universitaria, pero sin incluir a los hijos de familias de altos ingresos.

"Lo que el movimiento estudiantil ha dicho es que si el hijo de un Luksic, de una Bachelet, de un González y de un Tapia pueden educarse juntos, entonces podremos empezar a soñar un país en que no sea irreal", dijo el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), Andrés Fielbaum.

"Lo que no podemos lograr en el colegio, sí lo pudimos demostrar en las calles, como es estar todos juntos", agregó su par de la FEUC, Diego Vela.

"Este es un desmarque de las candidaturas, porque queremos una transformación real y completa (...) Queremos que el movimiento social se empodere y mantenga su autonomía", añadió la vocera de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), Eloísa González.

"No permitiremos que candidatos digan que están del lado del movimiento estudiantil, pero den media gratuidad o se basen en la postulación de fondos", agregó el dirigente de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (CONES), Moisés Paredes.

Los dirigentes se desmarcaron de los bloques políticos. Aseguraron que la Alianza sigue defendiendo el lucro y basa su política en la entrega de fondos; añadieron que la Concertación aprobó una reforma tributaria equivalente al 0,3% del PIB para la educación y que varios de sus alcaldes han optado por cerrar escuelas municipales.

Mientras en sus cuentas de Twitter varios representantes de la oposición expresaban su apoyo al movimiento y alegría por la masividad de la marcha, algunos secretarios de Estado defendieron la labor del Gobierno y criticaron a los dirigentes.

El ministro subrogante de Educación, Fernando Rojas, aseguró que la reforma educacional que ha emprendido el Ejecutivo "aborda muchas áreas que los estudiantes han demandado y que el país necesita. Calidad y equidad son clave". Destacó, además, las mejoras implementadas en la regulación del sistema.

El ministro de Defensa y extitular de Interior, Rodrigo Hinzpeter, fustigó los liderazgos juveniles. "Voceros del movimiento estudiantil hablan bajo mismo formato del 2011. No son capaces de reconocer nada de lo hecho en 2 años. Es un déjà vu", posteó en su cuenta.

INCIDENTES

La manifestación por el centro de la capital terminó con incidentes que dejaron 109 detenidos, cuatro estudiantes heridos en sus ojos por impactos de balines de pinturas y a ocho uniformados con contusiones.

El jefe de zona Metropolitana, general Eliecer Solar, dijo que el caso más grave afectó al capitán Héctor Torres, quien resultó con quemaduras en ambas piernas debido a que desconocidos le lanzaron ácido.

El intendente metropolitano, José Antonio Peribonio, anunció que presentarán una querella por el delito de lesiones graves contra el uniformado.

"Un carabinero lesionado significa poner en riesgo a todos los habitantes de una ciudad", aseguró la autoridad.

Pese a este hecho, el general Soler afirmó que en la marcha no hubo mayores complicaciones, ni saqueos, ni daños mayores.

"La gratuidad, una tremenda injusticia"

El Instituto Libertad y Desarrollo, ligado a la UDI, dio a conocer ayer un informe con su postura sobre las demandas de los estudiantes. "La educación "gratuita" es tremendamente injusta, pues implicaría aumentar el gasto público en más de US$ 6.000 millones para financiar los estudios de los jóvenes provenientes de los sectores más acomodados de nuestro país, en lugar de destinarlos a programas focalizados en quienes tienen necesidades más urgentes", dijo. "Es claro que nada es gratis, alguien tendría que pagar de todas formas", añadió.