En 1987, Alejandro Foxley escribía "Chile y su futuro: un país posible", que esbozada la estrategia política-económica de la Concertación, mientras que Felipe Larraín editaba "Desarrollo Económico en Democracia" para la Alianza. En ellos, los análisis de las desigualdades regionales eran muy parecidos y argumentaban que dado que era un tema no politizado iba a ser fácil generar acuerdos para reducir la tremenda disparidad acumulada en el territorio nacional.
Mientras que Larraín titulaba "Para un Efectivo Desarrollo Regional", implicando lo ineficiente que se había sido en la promoción de un desarrollo balanceado de las regiones; Foxley escribía "La Descentralización: de la Retórica a la Acción", denotando que había habido más promesas que acciones para reducir las disparidades regionales.
El diagnóstico de Larraín planteaba que "dado el grado de centralización existente en Chile no se puede dejar su solución en manos de las libres fuerzas del mercado. Una acción y guía del Estado es imprescindible, especialmente en el periodo requerido para revertir la inercia centralizadora."
Foxley reportaba que "a fines de 1982, un 35% de la población del país vivía en la Región Metropolitana (RM)", donde las "actividades más dinámicas se concentran en ella", mientras que el resto del país "sobrevive, pero no se desarrolla".
El Censo de 2012 trae la triste noticia de que un 40,2% de la población vive en la RM, y cuando se analiza lo planteado en 1987: descentralización política, inversión en infraestructura en la periferia y descentralización fiscal, se sigue apreciando más retórica que acción, lo que ha molestado a ciudades como Punta Arenas, Aysén y Calama, entre otras.
Sin embargo, las desigualdades en educación y salud están atrayendo más de la atención y propuestas de la actual discusión política.
La desigualdad territorial requiere de política regional. Como advertía Larraín no se puede poner a competir a las regiones cuando el punto de partida es tan desigual, y el mercado favorece sistemáticamente a la región más desarrollada. Debemos pensar, en discriminación positiva, es decir, generar infraestructura para atraer localización hacia la periferia y para evitar migración hacia la región metropolitana. Y lo más difícil, el poder central debe ceder poder político y administrativo real para dar más autonomía y capacidad en la resolución de sus problemas a las regiones.