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Muerte de "Antares" impactaría en culpabilidad del resto de la secta

proceso. Fiscal Carlos Parra no descarta tomar nuevamente declaración a alguno de los siete imputados. Espera copia de diligencias efectuadas en Perú respecto de identidad de líder del grupo.
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Preocupado por el estado anímico de su representada, Natalia Guerra (26 años), se manifestó ayer su defensor penal público, Claudio Pérez, tras informarse el martes de la muerte del líder de la secta que intregraba, Ramón Castillo Gaete, o "Antares de la luz", y presumiblemente padre de su hijo de dos días que fue arrojado vivo a una hoguera.

Pérez evalúa visitar en la cárcel de San Miguel, en Santiago, a la diseñadora gráfica, madre del bebé de dos días que fue sacrificado en un rito que lideró su presunto progenitor, Ramón Castillo Gaete (35), líder de la secta que integraban otras siete personas al momento de los hechos que ocurrieron el 23 de noviembre de 2012 en el fundo Los Culenes de Colliguay, en Quilpué.

Guerra está imputada por el delito de parricidio e integraba desde 2008 la agrupación que ofreció en sacrificio al bebé para evitar el fin del mundo y para trascender, según lo que proclamaba Castillo Gaete, autodenominado "Antares de la luz", con quien tuvo al niño que nació el 21 de noviembre de 2012 en la Clínica Reñaca tras complicarse el parto natural que estaba previsto que ocurriera en una casa de adobe en el fundo de Colliguay.

"VOlVIENDO AL MUNDO"

El abogado Claudio Pérez reconoció que a partir de la confirmación de la muerte de Castillo, quien se habría suicidado colgándose en una casa abandonada en la localidad del Cusco, en Perú, preocupa el estado anímico de Guerra.

"Después de haber estado tanto tiempo en esta comunidad, aproximadamente 5 años, ella recién está volviendo al mundo real, ya que antes había un desapego total con su familia, con sus amigos, salvo los que tenía al interior de la propia comunidad", dijo.

De acuerdo con el defensor, "que se haya muerto el líder obviamente va a afectar el estado anímico no solamente de ella (Guerra), sino que me imagino de los demás miembros de la comunidad".

El abogado también sostuvo que existe un motivo objetivo de preocupación, y es que "la persona que tenía más grado de culpabilidad desde nuestra perspectiva, era justamente Ramón Castillo. Ciertamente, ellos (los imputados) podrían pensar que la responsabilidad eventualmente se va a diluir entre el resto de los miembros de la comunidad".

MEDIDAS DE SEGURIDAD

El defensor detalló que tanto Guerra como el resto de los imputados en el caso, María Álvarez (25), Carolina Vargas (28), Karla Franchy (34), David Pastén (30) y Pablo Undurraga (30) -Josefina López (24) fue ingresada directamente a un centro penal en Santiago tras su formalización-, fueron trasladados desde el complejo penitenciario de Valparaíso hasta el de la comuna de San Miguel, en la Región Metropolitana, el fin de semana pasado.

De acuerdo con Pérez, de acuerdo a lo que le comentaron los padres de Natalia Guerra, con quienes se reunió el martes pasado, "ella se encontraba bien".

El abogado informó que por lo menos una vez cada 15 días visitará a su representada en Santiago.

No obstante, tras conocerse el supuesto suicidio de Castillo, "vamos a tratar de trasladarnos lo antes posible (a la cárcel de San Miguel). Por lo pronto he conversado con la familia para que en el fondo la acompañen en esto que va a ser fuerte, la noticia que van a tener (los imputados) respecto de este punto".

"Hasta febrero de este año, ella y creo que la mayoría de las personas que participaban en esta comunidad, creían absolutamente en que Ramón Castillo, "Antares de la luz", era su deidad", recalcó Pérez.

El defensor destacó la cooperación y colaboración de su representada en la investigación, ya que la PDI en una primera instancia solo investigaba a "Antares" por la internación de droga ayahuasca al país y no por el crimen en contra del menor.

En tal sentido, el defensor recalcó que la PDI solo toma conocimiento de la muerte del lactante a partir de la confesión y declaración voluntaria que efectúa Natalia Guerra el 18 de abril en la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (Bipe) de la PDI. "Entre esa fecha y 19 de abril guía a la policía a los distintos domicilios donde funcionó la comunidad cuando estaba activa, incluido este fundo de Colliguay donde a la postre sería el sitio del suceso donde le habrían dado muerte al menor de edad", precisó.

Pérez adelantó que como primera diligencia, Guerra va a volver a delarar ante la Fiscalía para entregar mayores detalles respecto de lo ocurrido.

Además, dentro de los próximos 15 días se realizarán pericias psicológicas y psiquiátricas a la imputada, para "analizar de manera científica, cuál sería la voluntad que tenía a ese minuto; si estaba disminuida o no", detalló.

En tercer lugar, se seguirá trabajando en las circunstancias atenuantes respecto de Guerra. "Ella es la que da la notitia criminis (noticia criminal). Hay un correo electrónico anónimo enviado a la PDI que da cuenta de la existencia de una comunidad, pero en el cual no se da por sentada la muerte de ninguna persona, sí de un posible embarazo", puntualizó, agregando que se suma la irreprochable conducta anterior de su defendida.

diligencias pendientes

Por su parte, el fiscal adjunto de Quilpué, Carlos Parra, aclaró que aún no ha citado a declarar a Francisca Ceroni (21), quien supuestamente habría acompañado a Castillo en Perú, país al que huyó el 19 de febrero pasado. "Se va a coordinar con su abogada la fecha y hora en que se va a tomar la declaración. Lo más probable es que será durante el resto del mes", afirmó.

Sobre el efecto que tiene en la investigación la muerte de Castillo, el fiscal explicó que no cambia su curso. "Existe un delito que se está investigando, parricidio para algunas personas y homicidio calificado respecto de otras, lo que se mantiene, sin perjuicio de que una vez determinada completamente la identidad de esta persona (Castillo),podría extinguirse la responsabilidad penal sobre ella, al estimar que concurriría la razón de un sobreseimiento definitivo por su muerte", precisó.

declaraciones

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El fiscal comentó que existen diligencias que no se pueden adelantar y que dicen relación con, eventualmente, retormar declaraciones a algunos de los imputados y algunas pericias que se podrían solicitar dependiendo también del resultado que arrojen otras que están en desarrollo.

En cuanto a la reacción que puedan tener los imputados tras conocer la muerte de su líder, el fiscal dijo que las medidas de seguridad establecidas por Gendarmería por decisión del tribunal se mantinen, "salvo que el Ministerio Público tenga conocimiento respecto de alguna situación particular y que eventualmente podría solicitarla al tribunal", aclaró.

Respecto de una reconstitución de escena en el fundo de Colliguay, el fiscal afirmó que no se descarta, pero aseveró que parte de una solicitud que debe hacer el Ministerio Público, lo que hasta el momento no se ha hecho.

"Por eso me extraña mucho que se hable de ello, sin perjuicio de que eventualmente uno o dos imputados, como máximo, puedan ser trasladados al lugar para que precisen alguna de las declaraciones que ya haya prestado o aclaren algún hecho que pueda surgir de acuerdo a otras declaraciones o a los peritajes. Si se realiza será cuando ya esté todo más o menos afinado", puntualizó.

Por último, el fiscal Parra informó que solicitará una copia de los informes de las diligencias que realizó la policía de Perú en torno al hallazgo del cadáver de Castillo Gaete.

"Dependiendo de ello se podrá o no realizar una eventual autopsia acá, en Chile. Eso depende de los antecedentes y análisis que hagamos en conjunto con la policía y el Servicio Médico Legal", concluyó.

"He conversado con la familia para que en el fondo la acompañen en esto que va a ser fuerte (suicidio de Castillo Gaete, "Antares")"

Claudio Pérez

Abogado defensor Natalia Guerra

Repatriación del cuerpo de Castillo

El prefecto jefe de Interpol en Chile, Pedro Cuevas, informó ayer que antes de que el cuerpo de Ramón Castillo sea trasladado a Chile, la policía peruana debe confirmar que se trató de un suicidio. "El hallazgo del cadáver en Perú ha abierto un proceso criminal y, por lo tanto, las condiciones que se tienen que dar es que a partir del trabajo que ha realizado la Policía Nacional de Perú en el sitio del suceso, además de los exámenes e informes que entregue el Instituto Médico Legal de Perú, se pueda establecer de manera científica que se trata de un suicidio", explicó. "En ese caso el cuerpo queda a disposición de su familia y recién entonces puede ser repatriado a nuestro país", agregó. En Santiago las diligencias se centraron ayer en la entrevista a Francisca Ceroni, la mujer que acompañó a Castillo a Perú y que concurrió al cuartel de la BIPE para que entregue antecedentes de ese viaje.