El caso Farmacias sufre un vuelco y los ejecutivos irán a juicio oral
Justicia. Los investigados por colusión habían acordado con la Fiscalía un pago en donaciones y clases de ética, pero la Corte de Apelaciones anuló el acuerdo.
Un vuelco sufrió ayer el denominado Caso Farmacias luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago ordenara someter a juicio oral a los diez ejecutivos investigados por la colusión de precios de cerca de 220 medicamentos entre 2007 y 2008.
La decisión del tribunal de alzada anuló el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía Metropolitana Centro Norte y los imputados para la suspensión condicional del procedimiento a cambio de un pago de $ 255 millones en donaciones a instituciones de caridad (Corporación Nacional del Cáncer, Coaniquem, Cruz Roja, y Liga Chilena contra la Epilepsia) y que los ejecutivos se sometieran a cursos de ética empresarial.
Se trata de los exejecutivos de FASA Sergio Purcell y Ricardo Ewertz; los ejecutivos de Cruz Verde Ricardo Valdivia y Cristián Catalán, y los ejecutivos de Salcobrand Roberto Belloni, Ramón Ávila, Claudia Carmona, Judith Carreño y Mehilin Velásquez. A este grupo se suma el gerente general de Laboratorio Medipharm, Mario Zemelman.
no se cumplen requisitos
La resolución estableció que no se cumplen los requisitos legales para decretar la suspensión condicional del procedimiento, ya que la reiteración de los delitos de alteración fraudulenta de precios de medicamentos puede aumentar la pena de los acusados.
Roberto Belloni y Sergio Purcell debían donar los mayores montos: $ 45 millones cada uno. Los pagos se suman a los US$ 40 millones que debieron cancelar las cadenas farmacéuticas a raíz de la resolución del Tribunal de la Libre Competencia.
Además, cuatro imputados -Valdivia, Catalán, Purcell y Ewertz- debían inscribirse en un programa -de 30 horas- de ética empresarial, buenas prácticas de gobierno corporativo o responsabilidad social de la empresa. El curso tenía que ser impartido por una universidad acreditada por un lapso de cuatro años o más.
Todos los ejecutivos vinculados a Salcobrand, junto con Zemelman, debían contribuir a que las empresas farmacéuticas en las que trabajaban al momento de ocurridos los hechos elaboraran e implementaran un programa de cumplimiento de normativa de libre competencia.
Por último, los imputados debían cofinanciar una publicación -sábado o domingo- en un medio impreso de circulación nacional, en la que se detallaran las condiciones resueltas en la audiencia.
El acuerdo fue impugnado por el exdiputado Jaime Mulet, quien es el único querellante que se opuso a la suspensión condicional del procedimiento.
"Yo creo que la Corte ha resuelto en justicia. Ha corregido las cosas y lo que ha hecho es que frente a situaciones de abuso, cuando un fiscal ha pedido una condena de cinco años, no puede después suspender condicionalmente el procedimiento y dar una multa y dejar a la gente como blanca paloma", afirmó ayer tras conocer la resolución.