A40 años del Golpe de Estado y a seis días del reconocimiento que hizo la Corte Suprema sobre la existencia de "acciones u omisiones" que impidieron mayores niveles de Justicia, el presidente de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Jaime Arancibia Pinto, afirma que mientras existan casos jurídicos pendientes habrá visiones enfrentadas respecto de ese periodo.

Sin embargo, el magistrado porteño reconoce que las investigaciones se ven entorpecidas por el paso del tiempo.

ACCIONES Y OMISIONES

El viernes 6 de septiembre, tras una larga sesión plenaria, el presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros, leyó una declaración pública donde se expuso que el Poder Judicial no cumplió su deber en defensa de los derechos humanos por "acciones u omisiones".

En su declaración, el magistrado del máximo tribunal explicó que "no cabe sino reconocer que si esos atropellos efectivamente ocurrieron, en parte se debió a la omisión de jueces de la época". Para el presidente de la Corte porteña resulta normal que "existan este tipo de reflexiones e interpretaciones respecto de situaciones que no tienen una solución de carácter jurídico".

Precisa el magistrado Jaime Arancibia que el acto de mea culpa que hizo la Corte Suprema es "un reconocimiento de una situación particular y donde efectivamente se realizaron determinadas omisiones, o sea, hubo una determinada actuación, que es posible explicar por múltiples factores, pero que tuvo un efecto en las investigaciones".

- ¿Qué tipo de efectos?

- Eso significó que, salvo contadas excepciones, los jueces o ministros no realizaron todas las diligencias que podrían haberse efectuado o que realmente no pudieron ir más allá, atendidas las circunstancias en que esas investigaciones tuvieron lugar.

- ¿A qué se refiere específicamente con esas circunstancias?

- Por ejemplo, nos referimos a recursos de amparo donde se pedía información a los organismos de seguridad. Y los tribunales tenían que resolver en base a esa información. El tema es que si esa información es incorrecta, ¿tenía otro camino el Poder Judicial para ir más allá? Muchas veces dependía de los antecedentes propios del caso, pero a veces podía ser un callejón sin salida.

- ¿Cree que esa misma circunstancia se generó en la Región de Valparaíso?

- No tengo conocimiento certero, porque no pertenecía al Poder Judicial en esa época, pero me da la impresión que pudo ocurrir el mismo fenómeno que en Santiago. En provincia la situación fue que hubo un número menor, pero el mismo fenómeno: recursos de amparo donde se pedían informes a los organismos de seguridad.

- ¿Ese sería, cree usted, un caso de omisión?

- Allí podría estar la omisión, porque habría que ver caso a caso. Estamos dando opiniones muy genéricas. Todas las investigaciones son distintas y va a depender de cada persona. No tenemos parámetros generales para decir que aquí se tuvo que haber actuado de tal forma, todo esto lo va dando la investigación.

- Como corte porteña, ¿cómo consideran este mea culpa de la Suprema?

- Hay que entenderlo dentro de lo que es la jerarquía institucional del Poder Judicial. Ellos son los encargados de dar una opinión judicial y nosotros, como corte regional, no analizamos ni discutimos lo que se diga, independiente de las opiniones internas.

- Ustedes no están disponibles para un mea culpa propio en Valparaíso...

- Yo creo que no corresponde, mea culpa de qué…

- Acá hay casos emblemáticos de vulneración de derechos humanos. ¿Reconocen que como tribunales pudieron hacer una mejor investigación?

- Pero esas son responsabilidades individuales de las personas que desarrollaron esas investigaciones. ¿Cómo podemos hacernos cargo de algo que no conocimos?, ni siquiera éramos parte del Poder Judicial. Uno desconoce por qué eso existió y nosotros nos basamos en lo que dice la Corte Suprema. Es verdad que pudieron existir omisiones, pero nosotros, como instancia regional, no corresponde, es mi opinión, que entremos a ver la situación de la provincia.

- ¿Cree usted que se pueda asumir como un lineamiento para los casos aún abiertos lo planteado por la Suprema?

- No, cada caso tiene su propio impulso y características. En el Poder Judicial no somos dados a dar doctrinas, parámetros. Por lo menos, yo veo que cada caso tiene su individualidad. En el fondo, el Poder Judicial debe investigar todos los casos y tiene que llegar al final, y establecer la verdad de lo que realmente ocurrió.

- En la zona hay algunos casos emblemáticos, como el homicidio del sacerdote Miguel Woodward. ¿Es posible que esta visión expresada en la Corte Suprema modifique lo obrado en estos casos?

- Es imposible saberlo; ahora, respecto de las decisiones hay algunas que están pendientes. Y en todo caso, hay recursos procesales en los cuales finalmente la Corte Suprema dirá la última palabra.

- ¿Cree usted que hay espacio para que se reconsideren aquellos casos ya cerrados, en virtud de lo que la Suprema plantea, que hubo omisiones?

- Lo veo difícil, porque tendría que estar dentro de los efectos de un recurso de revisión y para un recurso de revisión se requieren causales muy específicas; por ejemplo, la presentación de un documento falso o un testigo mentiroso. Y eso tiene que hacerse a través de un juicio previo.

- Entonces, es lejana esa posibilidad.

- Eso tiene que ver con las decisiones jurisdiccionales, que en principio son inamovibles, porque se trata de que la decisión se agote. No podemos tener discusiones ad eternum, cada cinco años vamos a discutir lo mismo por si ahora tenemos pruebas suficientes para condenar, no.

CAUSAS ABIERTAS

CAUSAS ABIERTAS

- Cuántos juicios están pendientes y abiertos en la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Valparaíso?

- Aproximadamente, podemos decir que causas de derechos humanos son 40. Hace tiempo eran 100; algunas se han condenado, otras se han sobreseído. Las que están vigentes son más o menos 40 causas.

- ¿Qué magistrados llevan adelante esas investigaciones?

- Básicamente hay dos ministros que llevan causas, don Julio Miranda y don Álvaro Carrasco, ellos son los únicos ministros de fuero a cargo de causas de derechos humanos.

- ¿Pudiese influir sobre esos magistrados lo dicho por la Corte Suprema?

- Eso es imposible saberlo, cada causa tiene su propio dinamismo. Además, los jueces son independientes. Tenemos una independencia externa y también interna. Los jueces pueden tener sus propias opiniones, puede haber distintos criterios.

- ¿Cree usted que las penas asignadas a estos casos han sido justas? Los familiares de algunas víctimas dicen haber quedado disconformes con los fallos dictados.

- Eso es discutible. Si hablamos con un imputado dirá que es injusta (una sentencia); lo mismo para la víctima. Eso depende de la legislación que se aplica.

- Cree usted que el paso del tiempo puede afectar el desarrollo de las investigaciones en curso?

- Ese es el tema que existe; a medida que pasa más tiempo, las pruebas desaparecen. Usted no puede condenar a una persona por sospecha, por tincada, tiene que haber pruebas, una imputación. A veces no basta con presentar una querella, es necesario acompañarla con pruebas.

- Qué puede responderle como representante de una Corte a aquellos familiares que dicen que en el país no habrá reconciliación mientras no haya verdadera justicia?

- Esa es una reflexión válida, en el sentido de que yo diría que un requisito de la reconciliación supone saber la verdad, independiente de las responsabilidades penales, que se discute después. Lo primero es saber qué ocurrió o saber dónde está una persona desaparecida, eso es lo básico, y mientras eso no se resuelva va a estar siempre dando vuelta y esa es una reconciliación ficticia. (…) Mientras no se sepa dónde están esas personas, ¿qué tipo de reconciliación podría haber? Mientras no se agote la ubicación de esa persona, es imposible que haya reconciliación.

"No podemos tener discusiones ad eternum, cada cinco años vamos a discutir lo mismo por si ahora tenemos pruebas suficientes para condenar, no"

Jaime Arancibia

Presidente de la Corte de Apelaciones de Valparaíso

Las dificultades de la investigación

"Es evidente que a medida que pasa el tiempo, muchas de las pruebas tienden a desaparecer. Muchos imputados han muerto. Esas causa quedan impunes por muerte del responsable", admite el magistrado Arancibia, explicando que lo mismo ocurre en el periodo de dictadura, en que los hechos ocurieron "cuando no están los contrapesos institucionales, es evidente que costará más investigar". Un tercer aspecto que dificulta procesos, aseveró, es cuando quienes cometieron los delitos corresponden a las instituciones encargadas de investigarlos. Un ejemplo de ellos, aunque distinto al de violación de derechos humanos, corresponde al de los psicópatas de Viña, que eran carabineros.

"A medida que pasa más tiempo, las pruebas desaparecen. Usted no puede condenar a una persona por sospecha, por tincada, tiene que haber pruebas, una imputación"