La Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV) informó ayer a la SVS que decidió aceptar la renuncia al directorio de Osvaldo Urrutia, quien asumirá en plenitud su candidadura a la diputación por el distrito 14. La estatal comunicó a la entidad que la exjefa de la Oficina de la Competitividad, Joanna Davidovich, ocupará su lugar.
El Consejo del Banco Central acordó ayer mantener la tasa de interés de política monetaria en 5% anual. "Las condiciones financieras globales no registran cambios significativos respecto de un mes atrás, pero se mantiene una alta volatilidad ante la expectativa de retiro parcial del estímulo monetario en EE.UU.", entre otras.
El abogado Mauricio Daza, que representa a accionistas minoritarios de SQM, pidió que los antecedentes recopilados por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) contra esa empresa sean puestos a disposición del Ministerio Público. La definición legal se da en el proceso de formulación de cargos anunciada el miércoles por la SVS contra Julio Ponce y ejecutivos de las sociedades cascadas de SQM, por presuntas violaciones a las leyes de Sociedades Anónimas y de Mercado de Valores.
La SVS advirtió de la existencia de transacciones bursátiles que podrían indicar un "esquema" de operación entre las empresas Calichera, Oro Blanco y SQM, controladas por Julio Ponce Lerou. Las infracciones se orientan a transacciones de inversión y financiamiento a precios por debajo del mercado y en condiciones que suponían barreras a otros inversionistas.
Daza, que presentó una querella por este caso hace un año, dijo que "la respuesta de la SVS ha sido tardía e incompleta. Las operaciones que señalamos como fraudulentas y que habrían sido realizadas por las sociedades "cascada" , son operaciones que se vienen realizando desde hace años y esto en pleno conocimiento de la SVS". "Lo que corresponde no es levantar cargos para infracciones administrativas. Lo que corresponde es que la SVS remita de inmediato estos antecedentes al Ministerio Público para que se investiguen los claros delitos que se habrían cometido", agregó el abogado, quien pide 10 años de cárcel para Ponce Lerou. El superintendente Fernando Coloma, planteó que el regulador ha estado acumulando información de la firma desde 2009 hasta 2011 y que pesquisa está "en una primera etapa".