Secciones

Registro Civil: crisis parece llegar a su fin

conflicto. Funcionarios de Santiago aceptan oferta, pero faltan regiones.
E-mail Compartir

Los funcionarios del Registro Civil de la Región Metropolitana habrían aceptado la última oferta del Gobierno para poner fin al paro, con lo que la movilización de este servicio público tras 17 días hábiles empezaría a llegar a su fin.

Sin embargo, la presidenta de la Asociación de Funcionarios del Registro Civil, Nelly Díaz, aclaró que aún faltan las votaciones de las asambleas en las regiones, por lo que no se puede decretar el fin de este paro que ha causado diversos problemas a los usuarios que necesitan con urgencia sus documentos legales.

En este sentido, pidió no anticipar un resultado.

Entre medio de aplausos y de gritos por el triunfo obtenido tras aceptar la propuesta por parte de funcionarios de la zona metropolitana, Nelly Díaz dijo que ella no podía confirmar el fin del paro todavía.

"Los funcionarios del Registro Civil en este momento estamos en asambleas. Solo algunas regiones han votado y de otras todavía no tenemos respuesta", señaló la dirigenta.

Entrevista provoca castigo a Contreras y rechazan comida

polémica. Exmilitares querían dedicar un almuerzo a Miguel Krasnoff.
E-mail Compartir

El general (r) Manuel Contreras, condenado a más de 300 años de cárcel por violaciones a los derechos humanos, fue castigado con la suspensión de visitas por haber "denigrado" a los guardias del penal en una entrevista que concedió con motivo de la conmemoración del 11 de septiembre a canales de televisión.

La medida se conoció a través de un informe de la fiscal de la Corte de Apelaciones de Santiago María Loreto Gutiérrez, quien inspeccionó el Penal Cordillera, donde 10 antiguos agentes represores cumplen sus condenas.

declaraciones

declaraciones

Contreras afirmó en la entrevista que los gendarmes encargados de su custodia estaban ahí "para llevarle el bastón", expresión que fue considerada "denigrante" por las autoridades carcelarias, que dispusieron que el general no reciba visitas durante una semana.

En la entrevista, en la que el exmilitar habló sobre el 40 aniversario del golpe militar de 1973, Contreras volvió a negar los crímenes cometidos por la DINA y la desaparición forzada de más de un millar de detenidos por ese organismo.

La difusión del informe de la fiscal Gutiérrez coincidió además con el revuelo causado por un almuerzo de camaradería que sería ofrecido ayer a otro de los reclusos, el exbrigadier Miguel Krasnoff, condenado a 144 años de prisión, por sus compañeros del curso militar de 1967. Por este motivo, el director nacional de Gendarmería, Marcos Fuentes, decretó la prohibición de visitas ayer en el penal por "razones de seguridad".

La medida obedeció a la intención de un grupo de ex militares de visitar y realizar una comida en honor a Miguel Krassnoff, exbrigadier en retiro que se encuentra recluido en el penal por crímenes relacionados con violaciones a los derechos humanos. El Gobierno dijo el martes que la cita no estaba autorizada, mientras la oposición, los familiares de víctimas y otros sectores pidieron el cierre del Penal Cordillera.

cierre del recinto

cierre del recinto

El propio ministro del Interior, Andrés Chadwick, manifestó que "el Penal Cordillera tiene ciertos beneficios que son de excepción y que no tienen otros penales". El jefe de gabinete aclaró que el Presidente Piñera se referirá "en los próximos días" a un posible cierre del recinto.

Según el informe, los 10 internos de esa cárcel "se encuentran asistidos por médico, psicólogo, asistente social, tres paramédicos y un kinesiólogo. En caso de emergencia, son trasladados al Hospital Militar".

El informe detalla que los reclusos tienen acceso a radio, música, televisión, lectura, actividades deportivas y religiosas en cinco cabañas. El general (r) Contreras es el único que vive solo en una de ellas.

"Algunos sienten el abandono de sus abogados, no comprenden por qué se les niegan beneficios a los que otros internos en las mismas condiciones pueden acceder", agregó el informe, que explica que los beneficios les han sido denegados porque "no tienen consciencia de los delitos que han cometido".