Esta semana comenzó el nuevo sistema de concesión de parquímetros en el centro de Quillota.

La empresa a cargo del esquema incorporó tecnología basada en telefonía celular, que permite llevar un registro mucho más detallado y evitar vicios en los cobros.

Los primeros 20 minutos tienen un costo de $ 200 pesos, mientras que cada minuto adicional tendrá un valor de $10 pesos. De esta forma se establece un cobro por uso efectivo y se fija un valor máximo hora de $ 600 pesos.

Las motocicletas tendrán un valor de $ 100 pesos los primeros 30 minutos y luego $ 50 pesos por cada 15 minutos o fracción adicional, enterando así un costo preferencial de solo $ 200 pesos por hora.

Patricio Encalada, director de Tránsito de la Municipalidad de Quillota, dijo que el sistema comenzó a aplicarse en forma gradual. "La empresa tuvo un problema con la entrega de las máquinas y sin ellas no pueden partir con este nuevo proceso. Además, deben estar todas las calles señalizadas y los letreros con los nuevos valores instalados", precisó Encalada, agregando que hay una etapa de sociabilización en vías como la calle Aspillaga, donde desde el lunes esperan ya cobrar por los estacionamientos.

El nuevo sistema de parquímetros quedó establecido en acuerdo del Concejo Municipal y establece que de lunes a viernes el cobro regirá desde las 9 a las 21 horas, mientras que los sábados se deberá cancelar entre las 9 y las 14 horas. Los días domingo y festivos quedan exentos.

Calles que se suman al cobro

A las calles donde ya se aplica el cobro de parquímetro, ubicadas principalmente en el centro de la ciudad, se suman otras arterias como la calle Aspillaga, entre avenida Condell y Portales; Pudeto, entre calles Pinto y Carrera; Diego Echeverría, entre O"Higgins y calle San Martín; Diego Echeverría, entre calle San Martín y Pinto; Freire, entre La Concepción y Pudeto; Freire, entre calles Pudeto y Diego Echeverría; O"Higgins, entre calle Diego Echeverría y Esmeralda; San Martín, entre calles Diego Echeverría, y Esmeralda siempre en la zona urbana.

Un total de 56 infracciones a comandos han cursado, hasta la fecha, efectivos de Carabineros de la Prefectura de Viña del Mar. Sin embargo, más allá de las cifras, la preocupación está centrada en las relaciones entre los comandos de los distintos candidatos, así como en las acciones que estos efectúan con objeto de conseguir las mejores ubicaciones para instalar afiches, carteles o palomas.

De hecho, tal como aseveró el subprefecto de los Servicios de la Prefectura de Carabineros Viña del Mar, comandante Alfonso Fernández, a inicios de esta semana fue detectado -e infraccionado- un grupo de brigadistas que, mediante el uso de una escala, instalaba afiches en postes del tendido eléctrico en la avenida Marina. Ello, considerando que el periodo de propaganda se inicia un mes antes de las elecciones, las que están programadas para el domingo 17 de noviembre.

"Durante el día (brigadistas) fueron sorprendidos instalando propaganda electoral en avenida La Marina, con escalera y con vehículos. Obviamente que hay riesgo inmimente de accidente, por lo cual se cursó la infracción".

CiTA CON COMANDOS

Para evitar roces entre los comandos y a poco más de diez días que se inicie el periodo legal para la colocación de propagandas de candidatos al Parlamento y al Consejo Regional, el comandante se reunió el martes con representantes de los candidatos.

A la cita acudieron representantes de los candidatos Jaime Perry, Carlos Gómez (ambos RN), Osvaldo Urrutia, Manuel Millones y Cristián Mella (UDI). Pese a estar invitados, no asistieron representantes de comandos de Quilpué.

"Se abarcaron dos puntos: el respeto a las normas establecidas por la ley y el instruir a sus respectivas personas que la propaganda se instale en los lugares que corresponda".

CASO ABOGADO UDI

En relación a los asistentes a la reunión, en representación de los postulantes UDI lo hizo el abogado Carlos Torres, quien se desempeña a honorarios en la Municipalidad de Viña del Mar.

Respecto de si es o no prudente que alguien que representa a una candidatura se desempeñe, de forma simultánea, en un organismo (municipio) que debe interactuar con todos los candidatos al momento de velar por el orden y la seguridad de la ciudad, el concejal Andrés Celis se refirió a una normativa de la Contraloría General. Ésta, a propósito de determinar la procedencia de aplicar a los contratados a honorarios la inhabilidad para ingresar a la Administración del Estado, establece -como señala Celis- que "es dable señalar que la norma de inhabilidad en análisis tiene por objeto impedir que se desempeñen en la Administración del Estado aquellas personas que en razón de los vínculos que indica, se puedan ver afectadas por un conflicto de intereses en el ejercicio de un determinado empleo, situación que se producirá con independencia de la relación jurídica que las una con el respectivo organismo".

Sin embargo, desde el municipio se informó que "la calidad de contratado a honorarios no impide desempeñar otras funciones y representar a diferentes personas, sean o no candidatos, en calidad de abogado".

Más propaganda desde mediados de mes

El gobernador provincial de Valparaíso, José Pedro Núñez, explicó que a mediados de este mes podría intensificarse la colocación de propaganda. "Cuando se acercan los últimos 30 días de las campañas y empieza a haber actividades de brigadistas y nocturnas, es cuando se pone más complicada la situación". De todos modos, acotó que "la instrucción es muy clara: Carabineros, cada vez que tiene la denuncia u observa en forma flagrante la existencia de esta publicidad, cursa las denuncias y los partes correspondientes a los Juzgados de Policía Local, que son los responsables de dirimir".

Un oficio de consulta de la Cámara de Diputados donde se pide que se informe por qué será el Estado y no la Universidad del Mar el que financie la construcción de un puente sobre el lecho del estero de Reñaca presentó en la Contraloría Regional el diputado Rodrigo González.

El parlamentario, quien celebró la actitud de los vecinos que manifestaron su rechazo a los desvíos que propone el Serviu en el marco de la segunda etapa del proyecto que une con una nueva vía Reñaca y Concón -iniciativa que asumió el costo de construcción de la estructura que debía financiar el plantel-, explicó que solicitó se indague por qué se dejó sin efecto el Estudio de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano (Eistu), documento que aprobó la instalación de la casa central de la universidad en Reñaca a cambio de habilitar el puente, el cual tenía que estar operativo -como máximo- durante 2009.

Acerca del proyecto y las quejas de los residentes de Reñaca Bajo, indicó el parlamentario que "la exigencia de los vecinos de Reñaca en relación con la construcción de la vía PIV resultan absolutamente justificadas y recomendables debido, especialmente, a que estas obras van a ser ejecutadas, principalmente, durante todo el periodo estival y esto va a afectar al comercio y la afluencia de turistas".