Una querella por el delito de malversación de caudales públicos, consignado en el artículo 233 del Código Penal, presentará hoy el Consejo de Defensa del Estado contra los tres imputados por el Ministerio Público en el nuevo caso de fraude al Fisco detectado en la Intendencia de Valparaíso, y que en esta ocasión alcanza los 120 millones de pesos.

Así lo adelantó a este medio el procurador fiscal de Valparaíso, Enrique Vicente, quien precisó que la acción va dirigida contra Enrique Kittsteiner Yovanini, Sergio Núñez Sepúlveda y Claudio Uribe Jemen, respecto de quienes el Ministerio Público solicitó al Tribunal de Garantía de Valparaíso la audiencia de formalización, la que fue fijada para el 20 de noviembre, a las 9.30 horas.

Líneas investigativas

Consultado el abogado del CDE de Valparaíso sobre la posibilidad de que el número de imputados en este caso aumente, sostuvo que "hay líneas investigativas que podrían llevar a otras cosas".

Con la querella que presentará el CDE a través de su abogado penalista, Javier Rojas Mery, se solicitará la realización de determinadas diligencias para acreditar el delito o la participación de las personas que aparecen implicadas.

Entre las diligencias se pedirá que se cite a declarar a los querellados y que se realice un peritaje contable para establecer con exactitud los montos presuntamente defraudados.

Cabe recordar que en el anterior caso de fraude al fisco en el Gobierno Regional de Valparaíso -por más de mil millones de pesos-, el cual fue investigado por la Fiscalía de Valparaíso y que concluyó con condenas de 8 y 10 años de cárcel para los principales responsables, no fue posible ubicar el paradero de los dineros.

Frente a este nuevo caso de malversación de caudales públicos, el procurador fiscal del CDE advirtió en forma categórica que "en este caso el objetivo es recuperar todos los fondos y aplicar la sanción penal que corresponda".

penas

El artículo 233 del Código Penal precisa que "el empleado público que, teniendo a su cargo caudales o efectos públicos o de particulares en depósito, consignación o secuestro, los substrajere o consintiere que otro los substraiga, será castigado con presidio menor en su grado medio y multa de cinco unidades tributarias mensuales si la substracción excediere de una unidad tributaria mensual y no pasare de cuatro unidades tributarias mensuales. Con presidio menor en su grado máximo y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales si excediere de cuatro unidades tributarias mensuales y no pasare de cuarenta unidades tributarias mensuales".

Además, serán condenados "con presidio mayor en sus grados mínimo a medio y multa de once a quince unidades tributarias mensuales si excediere de cuarenta unidades tributarias mensuales. En todos los casos, con la pena de inhabilitación absoluta temporal en su grado mínimo a inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos".

Impacto en intendencia

La confirmación de las formalizaciones impactó fuerte en el edificio de la Intendencia, especialmente porque uno de los nombres que se asocia a este nuevo caso de fraude al Fisco es el de Enrique Kittsteiner, asesor directo del intendente Raúl Celis y figura emblemática de Renovación Nacional en la zona.

De hecho, ayer el jefe regional lamentó en lo personal la situación, mientras que en el ámbito político la directiva regional de RN informó que esta tarde se reunirá para analizar el tema, ya que existe inquietud porque Kittsteiner se desempeña como jefe de gabinete del intendente como nexo con el Consejo Regional (Core).

Este medio se contactó ayer con Enrique Kittsteiner para conocer su versión, pero por el momento prefirió no comentar su futuro judicial ni político.

Quien sí se refirió en extenso fue el intendente Celis, que fue enfático en repudiar eventuales hechos de corrupción, reiterando que actuará con firmeza en esta materia. "La honradez, la corrección, la transparencia son principios que no son negociables, que no son transables, y así lo hemos dicho desde el primer día de nuestra gestión".

En ese contexto, recordó que Sergio Núñez ya fue removido del cargo de jefe de la División de Administración y Finanzas (DAF) tras un sumario administrativo, "y ahora aparecen citados para ser formalizados otras dos personas que han tenido vinculación con el Gobierno", como el caso de Kittsteiner más Claudio Uribe. Este último estuvo contratado por el Ministerio del Interior para la elección municipal 2012, y hoy no es funcionario de la Intendencia.

Golpe personal

Respecto a Kittsteiner, "en lo personal yo lo lamento muchísimo, porque lo conozco desde hace más de 30 años, pero como señalé, para nosotros los principios de probidad, de transparencia son intransables, no son negociables. De manera que si estos afectan a una persona de izquierda o derecha, que sea más o menos amigos, para nosotros es completamente irrelevante", manifestó Celis.

Para el intendente, lo que sí es determinante "es el respeto a estos principios, y por eso que hemos hecho las denuncias. Todas las investigaciones que ha seguido la Fiscalía han sido en base a denuncias hechas por nosotros, y la prueba ha sido también basada en la documentación y antecedentes proporcionados por nosotros".

La máxima autoridad regional recordó que los primeros indicios de acciones fuera de la normativa se detectaron a comienzos de año, asociados a fondos concursables. "Ocurrieron en el mes de enero, y eso nos llevó a suspender los concursos de cultura, deporte y seguridad ciudadana, realizados en enero, de manera que allí no existieron pagos, fueron suspendidos todos", aunque no alcanzaron a suspender los pagos del mes de octubre de 2012.

En cuanto a la eventual participación de Kittsteiner, dijo que "la preocupación en ese caso es la utilización de diversas organizaciones de fachada o de papel que se adjudicaban proyectos con cargo a cultura, deporte o seguridad ciudadana, sin ejecutar dichos proyectos".

Caso La Calera

Otro caso que también se está investigando hace meses es una denuncia de dirigentes del Partido Socialista de La Calera, del año pasado, sobre agrupaciones de la zona interior que se vieron beneficiadas en la adjudicación de fondos del Gobierno Regional por su vínculo con un exconsejero regional.

Sobre este caso, el intendente puntualizó que "la Contraloría resolvió; ordenó seguir un procedimiento disciplinario, un sumario administrativo, pero no derivó los antecedentes a la Fiscalía y nos pidió a nosotros que lo hiciéramos".

El proceso de este sumario aún no se ha concluido y "nuestra posición es que si se acreditan los delitos, se cuente con las pruebas suficientes para que estos delitos sean efectivamente sancionados", clarificó la máxima autoridad regional.

"En este caso, el objetivo es recuperar todos los fondos y aplicar la sanción penal que corresponda"

Enrique Vicente

Procurador Fiscal CDE

Proyectos de seguridad y deportes

Cabe precisar que en este nuevo caso que investiga el Ministerio Público, los tres imputados están siendo indagados en una de las múltiples aristas que se llevan adelante por la presunta malversación de 120 millones de pesos vinculados a distintos proyectos, a través de los cuales se habrían obtenido y rendido facturas y, en definitiva, se giraron millonarios montos para cubrir cuentas vinculadas a iniciativas inexistentes de las áreas de seguridad ciudadana y deportes. La investigación surgió en el marco de la causa que abrió la Fiscalía tras la denuncia realizada por el intendente Celis contra Sergio Núñez.

"Como señalé, para nosotros los principios de probidad, de transparencia, son intransables, no son negociables"

Raúl Celis

Intendente regional