Uno de los factores del desarrollo territorial es el capital humano, la ampliación del conocimiento pertinente, la ciencia, la tecnología y la innovación. Las universidades regionales tienen esos quehaceres como esencia de su misión y tienen, desde su nacimiento, la misión de ocuparse del desarrollo territorial, poniendo a disposición sus capacidades en diversos ámbitos formativos y en áreas del conocimiento, focalizadas prioritariamente en tópicos que constituyan problemas, oportunidades y desafíos para las regiones.

Estos fines se han visto limitados y a veces frustrados porque el modelo de Educación Superior es un modelo de mercado que nos rige desde 1981. El sistema de financiamiento de las universidades regionales también ha contribuido a agudizar un problema estructural que deviene en una tensión entre las misiones institucionales de carácter público y de servicio a las necesidades regionales y el imperativo de sustentar a la Universidad.

En materia de concentración de los mercados, solo una casa central -del conjunto de universidades privadas no tradicionales creadas a partir de 1981- se ubica en regiones distintas a la capital. Esta es una clara señal de que el mercado no favorece a la regionalización ni a la descentralización. El modelo de mercado de la educación superior no le ha hecho bien a las universidades ni a las regiones.

La Universidad debe mirar el largo plazo, es parte de su esencia; el mercado mira el corto plazo, es parte de su esencia. La construcción de región es un tema de largo plazo que requiere visiones estratégicas e implementaciones costosas. El modelo al que están sometidas las universidades no ayuda a elaboraciones con miradas proyectivas.

Con todo, las universidades regionales acreditan aportes importantes al desarrollo territorial, en la formación de capital humano, investigación científica, publicaciones en revistas de corriente principal e innovación.

Estas universidades aportan con cerca del 50% de las publicaciones indexadas que registra el país a pesar de que los recursos asignados para proyectos son inferiores a los que obtienen las universidades ubicadas en la capital y a pesar de que las regiones concentran dos tercios de la población total del país.

En no pocas ocasiones se oye señalar que no es papel de la Iglesia Católica inmiscuirse en política. Nada más errado, porque no solamente tiene el derecho de hacerlo, sino que la irrenunciable obligación. Pero no en lo que llamamos política partidista, porque allí no puede ni debe adoptar pronunciamiento alguno. En lo que sí debe pronunciarse es en las grandes líneas valóricas que la Iglesia defiende, pensando en el bien superior de Chile.

Eso y no otra cosa es el mensaje con que los prelados concluyeron la centésimo sexta asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal, que acaba de concluir en Punta de Tralca.

Los elementos de allí surgidos bien vale la pena que sean conocidos y resaltados, puesto que son un elemento valioso y, por ende, digno de ser tomado en cuenta no solo por quienes profesan la religión católica sino que por la ciudadanía toda.

Indican los prelados que aunque el voto es voluntario, ejercer ese derecho ciudadano es un deber moral. Las elecciones -afirmamos nosotros- son el instrumento por excelencia con que cuenta la ciudadanía para decidir a quién o a quiénes designa para que en su representación rijan los destinos del país. Y por ende, aunque legalmente no es obligatorio votar, moralmente sí lo es.

Y a renglón seguido sugieren tener en cuenta, en el momento de marcar el voto, tres valores que consideran importantes: la defensa incondicional de la vida desde su gestación hasta su fase final así como el respeto de los derechos humanos, la protección de la familia "fundada en el matrimonio entre un hombre y una mujer" y la justicia social.

Es de la esencia de la Iglesia establecer en ocasiones como las que vivirá el país el próximo domingo 17 pronunciarse sobre los grandes lineamientos. De hecho, es habitual que así lo haga. Incluso se puede llegar a la conclusión, al revisar las recomendaciones episcopales efectuadas en comicios anteriores, que todas ellas no sólo son armónicas, sino también complementarias y plenamente vigentes en la actualidad.

Digamos, por último, que nos parece de la esencia de una democracia respetar a los que piensan distinto y no discriminarlos. No obstante también es de la esencia recalcar los valores que -a nuestro juicio- deberían iluminar a los votantes el próximo domingo 17.