Dos chilenos que fueron absueltos por la colocación de al menos cuatro artefactos explosivos en el país hace un año en el denominado caso bombas, fueron detenidos ayer en España como presuntos integrantes de un grupo anarquista que detonó un dispositivo el 2 de octubre en la Basílica de Nuestra Señora del Pilar, en Zaragoza, cuando había fieles dentro del templo y uno de ellos quedó herido.

Los detenidos en Europa son Francisco Javier Solar Domínguez y Mónica Andrea Caballero Sepúlveda, ambos anarquistas sospechosos de ser autores materiales del hecho. También fue aprehendida la chilena Rocío Yune Mira Pérez, que se encontraba en el departamento donde se realizó la redada. Lo mismo ocurrió con una italiana y un argentino.

Según la policía, Caballero y Solar serían parte del Comando Insurreccional Mateo Morral, que se atribuyó la responsabilidad del ataque en Zaragoza alegando supuestos vínculos de la Iglesia Católica con el pasado franquista del país.

La Moneda apuntó sus dardos ayer contra la justicia nacional, a la que responsabilizó de dejar libres a Solar y Caballero, a pesar de la supuesta existencia de pruebas de que ellos estaban involucrados en al menos cuatro de las cerca de cien explosiones de artefactos incendiarios que se detonaron en Santiago en los últimos años.

"Queda demostrado que el Gobierno sí tenía razón (...) Sí se trataba de personas que colocaban y han seguido colocando bombas en el país en el pasado y ahora en España (...) Los tribunales de Justicia deben dar una explicación", señaló ayer el ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick.

El jefe de Interpol Chile, Pedro Cuevas, detalló ayer que el 4 de septiembre la policía española le solicitó a la PDI antecedentes sobre Solar y Caballero. El comisario contó que le enviaron información de "fuentes abiertas" con la actividad de ambos en el caso bombas.

Chadwick apuntó directamente por el desenlace que tuvo la causa nacional al juez del octavo juzgado de garantía de Santiago, Luis Avilés, que desechó el 2011 cerca del 60% de las más de 6.000 pruebas que había presentado el Ministerio Público, porque a su parecer eran improcedentes o fueron tomadas ilegalmente. Su consideración fue respaldada luego por la Corte de Apelaciones.

Quien era el ministro del Interior en la época, Rodrigo Hinzpeter, comentó ayer que Avilés fue "incomprensiblemente" "un verdadero muro que no dejaba ver ni escuchar" y que "maltrató a los abogados".

"Ojalá que el ministro de España no sufra el maltrato e invenciones de montaje que este (ex) ministro del Interior sufrió (...) Acá se festinó (...) Se inventaron reuniones con fiscales a escondidas (...) que yo premié a un fiscal dándole un trabajo", lamentó Hinzpeter, aludiendo a Alejandro Peña, que lideró la indagatoria hasta principios del 2011, cuando se retiró de la fiscalía para asumir la jefatura del departamento de Estudios de la subsecretaría de Interior.

Chadwick dijo que lo ocurrido hace "imprescindible" crear un observatorio judicial, que registre y haga público la manera en que fallan los jueces, una propuesta que rechaza la Corte Suprema, que lo considera como un intento de intromisión en otro poder del Estado.

Desde el Gobierno recordaron que el caso bombas en Chile ya está cerrado y no existen alternativas para reabrirlo, pero agregaron que insistirán en el litigio con el que pretenden evitar el pago de las costas a la que fueron condenados, que en los casos de Solar y Caballero ascienden a $ 100 millones y $ 80 millones, respectivamente.

"¿Habrá que pagarle para que sigan viajando por el mundo?", preguntó Hinzpeter.

"Queda demostrado que el Gobierno sí tenía razón (...) Sí se trataba de personas que colocaban y han seguido colocando bombas en el país en el pasado y ahora en España"

Andrés Chadwick

Ministro del Interior