El pleno de la Corte Suprema no discutió ayer los cuestionamientos que hizo al Poder Judicial el Gobierno esta semana por su rol en el caso bombas, luego que dos de sus 14 absueltos fueran detenidos esta semana en España como sospechosos de detonar un artefacto explosivo en un templo católico de Zaragoza el 2 de octubre.

Pese a ello, quien encabezó la reunión, el ministro Nibaldo Segura sí expresó la incomodidad que le generaron particularmente los dichos del ministro del Interior, Andrés Chadwick, quien protagonizó el jueves una controversia con el presidente (s) de la Suprema, Milton Juica, que afirmó que las demandas de explicaciones del Ejecutivo podían ser inconstitucionales.

"Todo asunto que provoca una controversia, ideas distintas de proceder y actuar de un poder con otro, obviamente dificulta las relaciones... y cuando se dificultan las relaciones y no hay concordancias, no se sabe cuándo puedan llegar las soluciones", dijo Segura.

"Nunca se va a estar de acuerdo con que se hable mal de los jueces, a veces injustamente. No me parece que eso sea correcto", agregó

La entidad que sí se pronunció como bloque fue la Asociación Regional de Magistrados de San Miguel, que en una declaración pública afirmó que "repudia fuertemente" las críticas de autoridades políticas a la gestión que tuvieron en ese caso, fallado el año pasado.

"Repudiamos las declaraciones tendientes a desacreditar, después de meses, la decisión de absolución en la causa en comento, porque ella no tiene por objeto mejorar el Estado de Derecho sino de atacar, con fines espurios la actuación de los magistrados", acusó el gremio en el documento.

En tribunales de San Miguel se revisaron varios de los infructuosos intentos que realizó el Ministerio Público y el Gobierno como querellante para reponer las cerca de 4.000 pruebas que había desechado el juez del octavo juzgado de garantía, Luis Avilés, por improcedentes, redundantes o porque fueron conseguidas hasta ilegalmente. Las poco más de 2.000 pruebas que quedaron fueron consideradas por los jueces del tribunal oral como insuficientes.