Prisión preventiva en España para absueltos en caso bombas
decisión. Medida afecta a los chilenos Francisco Solar y Mónica Caballero.
El juez de la Audiencia Nacional de España Eloy Velasco ordenó prisión preventiva para los dos anarquistas chilenos acusados de delitos de pertenencia a organización terrorista y colocación de un artefacto explosivo en la basílica del Pilar de Zaragoza, que el año pasado fueron absueltos de cargos de instalación de bombas por la justicia chilena.
El juez imputó a Francisco Javier Solar Domínguez y Mónica Andrea Caballero los delitos de pertenencia a organización terrorista y por los daños causados con la colocación del artefacto en la basílica de Zaragoza. En octubre de 2012 fueron absueltos en Chile tras haber sido formalizados por colocación de explosivos entre 2006 y 2008, en el marco del llamado "caso bombas".
CONSPIRACIÓN
CONSPIRACIÓN
En España también están imputados ahora por el delito de conspiración para la comisión de estragos terroristas en el Monasterio de Montserrat, en la provincia de Barcelona, según informaron fuentes jurídicas.
Según el sitio online del diario español El Mundo, Solar y Caballero fueron detenidos en la vivienda que ocupaban junto a la también chilena Rocío Yune y su pareja, el argentino Gerardo Damián Formoso, junto a la italiana Valeria Giacomoni.
El atentado contra la basílica de El Pilar de Zaragoza ocurrió el 2 de octubre y fue perpetrado con un artefacto casero, elaborado con un tubo de camping-gas, causando daños materiales en los bancos de la vía sacra y desprendimientos de material del techo.
Al estallar el explosivo había en el templo varios fieles y alumnos de colegios que realizaban una visita guiada. El artefacto era similar a otros que estallaron en la catedral de La Almudena de Madrid en febrero, por lo que la investigación fue conducida hacia los grupos que ya eran objeto de sospecha.
DURA CONTROVERSIA
DURA CONTROVERSIA
Los comentarios del Gobierno sobre el rol de la justicia chilena en el denominado "caso bombas" generó una dura controversia y abrió un nuevo flanco de conflicto entre los poderes Judicial y Legislativo.
El presidente (s) de la Corte Suprema, Milton Juica, reaccionó con molestia frente a las declaraciones del ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick, quien dijo que los jueces le debían una explicación al país por la decisión que liberó el año pasado a 14 imputados por la instalación de un centenar de bombas en Santiago, entre quienes estaban los imputados en España.
Chadwick afirmó posteriormente que no creía "que fuera mera casualidad o mera coincidencia" que se tratara de las mismas personas que en Chile estuvieron acusados de perpetrar ataques con explosivos.
Juica sostuvo entonces que los dichos del ministro eran "impertinentes", "inadecuados" y advirtió que la intervención hasta podría estar reñida con la constitucionalidad. "De alguna manera se está quebrantando lo que dispone el artículo 76 de la Constitución Política que le entrega el ejercicio único a la jurisdicción a los tribunales de justicia", advirtió el magistrado.
El ministro del Interior respondió que conoce "muy bien la Constitución y quien la puede estar desconociendo es el ministro Juica, por cuanto estarían afectando sus declaraciones a mi legítimo derecho de expresión", agregando que no ha infringido "ninguna norma constitucional y no se da ninguno de los supuestos del artículo 76 de la Constitución".
Se trata de "un comando anarquista muy bien organizado y extremadamente peligroso"
Jorge Fernández
Ministro del Interior de España
Los otros tres ocupantes de la vivienda
Los agentes de la Policía Nacional arrestaron a Francisco Javier Solar y Mónica Caballero en la vivienda que ocupaban en el barrio del Carmel de Barcelona junto a la italiana Valeria Giacomoni y la pareja formada por el argentino Gerardo Damián Formoso y la también chilena Rocío Yune. De acuerdo a la versión del diario El Mundo de España los tres quedaron en libertad, acusados de colaborar con organizaciones anarquistas terroristas, y el juez les impuso como medidas cautelares comparecencias semanales, retiro de sus respectivos pasaportes y prohibición de salida del territorio.