La iniciativa de crear un observatorio judicial propuesta por una candidatura presidencial y que el Gobierno ha hecho suya, que busca mediante una política pública fiscalizar cómo falla cada juez, ha generado naturales reacciones, mayoritariamente de rechazo.

¿Qué razones pueden explicar esta reacción? El cuestionamiento a esta idea no solo se vincula al propósito evidente de sus autores de hacernos creer que estas son parte de las soluciones para resolver la cuestión criminal, sino que fundamentalmente dicha iniciativa sugiere que nuestros jueces serían funcionarios públicos poco confiables, que se apartan de la legislación en sus fallos y sujetos respecto de quienes existe necesidad de supervigilancia, más allá de los controles de orden legal y constitucional, propios de un estado social y democrático de derecho.

Nada más ajeno a la realidad y, digámoslo, ofensivo.

La reforma procesal penal constituye uno de los mayores esfuerzos históricos que como país hemos realizado, lo que nos ha granjeado reconocimientos externos, consecuencia inequívoca de que Chile se toma la administración de justicia en serio.

En mis años de experiencia como litigante puedo afirmar con propiedad de que nuestros jueces, en su gran mayoría, hacen su tarea con vocación de juez, esto es, en su posición de tercero imparcial que debe resolver un conflicto suscitado entre la sociedad o el Estado, y un ciudadano. No pidamos entonces que los jueces se identifiquen con el Ministerio Público, cuya función es precisamente la persecución penal, en cuya búsqueda se pueden cometer errores importantes. De ahí, entonces, la necesidad de control jurisdiccional a esta peligrosa función que, mal ejercida, puede generar el injusto encierro de personas inocentes.

Distinto es el rol de los jueces, por lo que este tipo de ideas, que sugieren la necesidad de transparencia en los fallos judiciales como si no existiera, aparecen no solo como demagógicas, sino que también distorsionan la realidad, generando incertidumbre en la opinión pública y la ciudadanía.

Los esfuerzos hay que centrarlos en asuntos de fondo, esto es, en la mejora de la educación y de implementar garantías explícitas a su respecto. Buscar conmoción en las personas con fines electorales ofendiendo la institucionalidad que tanto nos ha costado, nos sugiere más bien la necesidad de crear un observatorio de la actividad política destructiva.

Carlos Brito Franulic

Abogado, magíster en Derecho Penal y Ciencias Penales PUCV

Después de extensas jornadas judiciales, la Corte Suprema de Justicia dictó un fallo mediante el cual se posibilita la construcción de un hotel cinco estrellas en Viña del Mar, en los terrenos en que se emplazaba el demolido Sanatorio Marítimo, en la avenida San Martín al llegar a 15 Norte.

Los largos procesos que fueron entablados por personas y entidades que se oponían a esta construcción por estimar que la futura estructura, aledaña a la playa, limitaba los espacios públicos y el uso del borde costero por parte de la comunidad, ya que estaría ubicada en un sitio estratégico y en las cercanías del Muelle Vergara, impidieron el inicio de las obras luego de la demolición del Sanatorio.

La resolución de la Corte Suprema, por cuatro votos a favor y uno en contra, deja la vía libre para el comienzo de los trabajos, luego que revocara un reclamo de ilegalidad que había sido interpuesto por el abogado Lautaro Ríos, el cual fue acogido por la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

Dicho fallo de la Corte porteña fue objeto de un recurso de casación en el fondo por la Municipalidad de Viña del Mar, que al ser acogido permitirá al Grupo Corp adoptar las providencias necesarias para iniciar las obras para un hotel Hyatt Regency, probablemente de 14 pisos, y que aumentará la oferta de habitaciones de primer nivel en Viña del Mar.

Sin dejar de considerar que un nuevo edificio, contiguo e inmediato a la playa, podría perjudicar a parte de la ciudadanía y a algunos residentes del sector en que será emplazado, es factible pensar que una obra de esta calidad contribuirá efectivamente a posicionar mejor a la ciudad de Viña del Mar en su oferta turística, ya que se tratará de un establecimiento que dispondrá de los más altos estándares, aumentando la disponibilidad de habitaciones y posibilitando además las realización de eventos y congresos. En este sentido, el fallo de nuestro tribunal superior de justicia fue recibido con gran satisfacción por parte de la Municipalidad y en especial por su alcaldesa, Virginia Reginato, quien reiteró que era una gran contribución a la infraestructura turística de la ciudad.