El Quinto Juzgado Civil de Valparaíso resolvió ayer no declarar la quiebra de la sociedad Curauma, controlada por el empresario Manuel Cruzat Infante, tras acoger el incidente de declinatoria de competencia presentado por la empresa inmobiliaria contra el actuar del juez árbitro Diego Munita en el marco del convenio judicial preventivo que realizó la firma con sus acreedores.

A través una declaración, Curauma explicó que "el fundamento de nuestra petición se basa en la ilegalidad del rechazo de las proposiciones de convenio judicial preventivo y en las nulidades que ha interpuesto Curauma en contra de las resoluciones dictadas por el árbitro Diego Munita".

De esa forma, la resolución, dictada por el juez suplente Esteban Gómez Barahona, obliga a devolver los antecedentes al mismo árbitro, para que resuelva las ilegalidades reclamadas por la firma.

A juicio de Curama, esta resolución judicial representa "un primer gran paso en la dirección de restablecer la legalidad de este proceso, restituyendo a los acreedores la posibilidad de estudiar y votar un convenio altamente favorable a sus intereses".

En el comunicado la inmobiliaria sostiene además que "no resultaría prudente que fuera el propio árbitro Munita quien dirima las irregularidades contenidas en las actuaciones procesales en las que él ha participado".

Un año intenso ha sido este 2013 para la empresa chileno-española Sociber que opera el dique "Valparaíso III". Y es que tras esclarecer una serie de dudas que generó en un comienzo el proceso de ampliación del Terminal 2, entre ellas su continuidad en la bahía porteña desde una nueva posición, recientemente fue notificada de que la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas rechazó su solicitud de renovación de la concesión marítima que venció el pasado 30 de junio.

La medida se fundamenta en el informe negativo de Puerto Valparaíso, entidad que administra el espacio que comprende el recinto portuario donde está emplazada la infraestructura flotante.

PERMISO POR UN AÑO

Consultado el gerente general (s) de Sociber, Juan Pulgar, explicó que el dique ha podido continuar en operaciones gracias a un acuerdo de intenciones firmado con la estatal a través del cual se pactó la entrega de un nuevo permiso por un año (hasta el 30 de junio del 2014) y renovable por otros 10 años una vez que el dique sea reubicado en la rada porteña.

"La concesión no fue renovada en los términos que se estilaba habitualmente por una posición de la EPV en el sentido de que no debía ser renovada por la ampliación portuaria y frente a lo cual nosotros estuvimos totalmente de acuerdo porque no queríamos ser un estorbo para el progreso de Valparaíso", acotó el ejecutivo.

Respecto a la nueva posición que está fijada unos 700 metros hacia el muelle Barón desde su actual ubicación, Pulgar afirmó que si bien en términos operativos es mejor, ya que tiene una menor profundidad por lo que necesitará solo 8 cadenas de anclaje en vez de las 10 que ocupa hoy, subrayó que la operación implicará un costo cercano a los US$ 2 millones.

"En este acuerdo de intenciones con EPV también se dejó establecido que en su momento se iba a conversar y buscar la instancia de financiamiento que correspondiera, porque es un tema importante para nosotros como mediana empresa", resaltó el ejecutivo.

Por último, adelantó que el dique prestaría operaciones en su ubicación actual hasta fines del próximo año o principios del 2015, después de lo cual se concretaría su traslado. Sin embargo, fuentes de la industria portuaria confirmaron que la operación se debe concretarse a fines del próximo año.