La Fiscalía Metropolitana Centro Norte corroboró ayer que tienen sospechas de la existencia de firmas falsificadas entre las que presentaron los candidatos presidenciales independientes Tomás Jocelyn-Holt y Franco Parisi para competir en las elecciones del 17 de noviembre.

"Efectivamente esa es una arista en la que también se encuentra trabajando el fiscal Marcelo Carrasco", corroboró a Emol el fiscal regional Andrés Montes, aludiendo al persecutor a cargo del caso, y que es miembro de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía.

La nueva denuncia fue realizada ayer otra vez por El Mercurio, que indagó en las firmas de los abanderados independientes e identificó a cinco personas de Punta Arenas que dijeron que no habían firmado por ningún candidato, pero sí aparecían respaldando a Parisi.

El medio también comprobó que 20 de los patrocinadores de Jocelyn-Holt aparecían hasta en el mismo orden en que figuraban en un comité de viviendas que postuló a un subsidio el 2009, cuya base de datos se encuentra disponible en el sitio web del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Hasta el momento, la indagatoria se centra en la persecución del eventual delito en que habrían incurrido los notarios Gloria Acharán y Roberto Mosquera, que según El Mercurio habrían visado las adhesiones sin cumplir el requisito de legalizarlas en sus oficinas.

Ante la acusación, Acharán había dicho que había enviado a personal de su confianza a corroborar en terreno la recolección de firmas de Jocelyn-Holt, práctica que es ilegal, según la Ley de Votaciones Populares y Escrutinios.

"Por lo pronto, se están realizando diversas diligencias para establecer si efectivamente las personas que aparecen en las listas concurrieron o no a firmar. Si es así, lo importante es establecer quiénes son los responsable de eventuales falsificaciones", comentó Montes.

El jueves personal de la PDI y la Fiscalía visitaron las notarías involucradas, pero se aseguró que no hubo decomiso.

Estos hechos son investigados por el Ministerio Público; administrativamente por la Corte de Apelaciones de Santiago; éticamente por una comisión de la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros de Chile; y políticamente por parte de la Cámara de Diputados.

El ministro de Vivienda, Rodrigo Pérez, anunció que la próxima semana presentará una denuncia para que se investigue la existencia de delito en la utilización presuntamente fraudulenta de bases de datos de beneficiarios de subsidios habitacionales con motivos electorales.