El tercer imputado por el caso fraude queda en prisión preventiva
Valparaíso. Fiscal José Uribe adelantó que esta semana solicitará la ampliación de la formalización.
Por constituir un peligro para la sociedad, fue dejado en prisión preventiva en el penal de Quillota, Claudio Uribe Jamen, tercer imputado en el denominado caso de fraude al Fisco en la Intendencia Regional de Valparaíso, quien fue formalizado ayer por la Fiscalía en calidad de cómplice.
En la audiencia, el fiscal José Uribe lo formalizó por su presunta participación en cinco hechos registrados durante el año 2012 en la Ciudad Puerto.
Los primeros cuatro hechos dicen relación con igual número de proyectos adjudicados a la organización "Valparaíso Joven", por 134 millones de pesos.
Cabe precisar que el representante legal de dicha organización era Claudio Uribe Jamen, exfuncionario público quien se desempeñaba como encargado del proceso de elecciones el año 2012 y era funcionario del Ministerio del Interior.
Iniciativas adjudicadas
La organización "Valparaíso Joven" postuló a cuatro proyectos del denominado fondo del 2% correspondiente a los ítems de cultura, deporte y seguridad ciudadana.
Las iniciativas adjudicadas por esta organización fueron "Capacitación de los vecinos para seguridad de los barrios de Viña del Mar", por 40 millones de pesos; "Capacitación de los vecinos para seguridad de los barrios de Valparaíso", por 30 millones de pesos; "Campeonato intervecinal de fútbol hombre y mujeres", por 40 millones de pesos, y el proyecto cultural "Enfoque", por 24 millones de pesos.
Al momento de realizar la rendición de cuentas para todos esos proyectos, los encargados habrían presentado facturas falsas por millonarios montos.
Un quinto hecho por el que fue formalizado Uribe fue por su participación en la irregularidad denunciada por el Círculo de la Prensa, en el sentido de que a dicho organismo se le adjudicó un proyecto por 8 millones de pesos para la publicación de una revista en materia de seguridad, pero se le entregaron 21 millones de pesos. La diferencia, de 13 millones de pesos, fue entregada a Uribe mediante un sobre, cuyo destino habría sido Enrique Kittsteiner.
Si bien el fiscal José Uribe, quien investiga el nuevo caso de malversación de caudales públicos, solicitó al tribunal la prisión preventiva del imputado por considerar la alta pena que considera el supuesto delito cometido, le reconoció a Uribe varias atenuantes, entre ellas la irreprochable conducta anterior y la colaboración prestada en la investigación, que comenzó con la autodenuncia.
El persecutor destacó al tribunal que si bien Uribe era funcionario público, en este caso no había actuado como tal, ya que en todos los hechos fue utilizado como estafeta por los otros imputados en la causa, Enrique Kisttsteiner y Sergio Núñez.
Una fuerte oposición a dicha tesis planteó el Consejo de Defensa del Estado, organismo que insistió a la jueza Verónica Toledo sobre la teoría de la comunicabilidad de los imputados para defraudar al Estado.
"Él era de la intendencia"
En tanto, el abogado Matías Mundaca, representante del imputado, sostuvo que la prisión preventiva para su cliente no correspondía considerando que la pena sería en calidad de cómplice, que no tendría la calidad de funcionario público al participar en los hechos y que no había peligro de fuga porque se había presentado a la audiencia y había aportado antecedentes a la investigación.
La jueza Verónica Toledo advirtió en la resolución en la que dejó en prisión preventiva a Uribe que el mismo imputado reconoció que habían arrendado una oficina en O"Higgins 1250 que nunca funcionó, que se conocían con Enrique Kittsteiner, que existía colaboración y acuerdo más allá de un simple vínculo de compañerismo.
"Sería inocente este tribunal pensar que no hubo acuerdo para cometer delito. Él era de la Intendencia, sabía que eran fondos públicos y los funcionarios públicos tenemos la obligación de velar por ellos. Acá cuando se piden fondos para la desintoxicación de jóvenes se dice que no, que no hay cupos, no hay camas ni médicos. Acá vemos cómo se gastan millones de pesos en proyectos sin importancia".
A petición del defensor para evitar el contacto de Uribe con los otros imputados, la jueza lo envió a la cárcel de Quillota.
Otras personas involucradas
Esta semana, la Fiscalía solicitará al Tribunal de Garantía de Valparaíso la ampliación de la formalización de otras personas vinculadas al caso. Se trata de los privados que aportaron facturas. "Hay que hacer un análisis de los que aportaron dolosamente facturas como los que aportaron producto de engaño y ese es el estudio que estamos haciendo ahora. Estamos viendo caso a caso. Consultado sobre cuántas personas más serían, José Uribe dijo que podrían ser tres a cuatro caos más. "Sí está determinado que será Juan Carlos Toledo y su hijo (Carlos Toledo Herrera)".