Señalar déficit hídrico es decir sequía, terremoto silencioso que asola a la región por cuarto año y que ha obligado al Gobierno a impulsar medidas de mitigación y la acción directa de entidades como la DOH, que ha profundizado los pozos de las asociaciones de agua potable rural (APR), que abastecen pequeñas comunidades, y apoyado el riego en la medida de lo posible, labores han significado una inversión promedio por año de $ 7.000 y $ 9.000 millones, respectivamente, augurándose una cifra similar para esta cuarta temporada de sequía, dando un total de unos $ 60.000 millones en estos cuatro años.

El déficit hídrico es una categoría de emergencia que permite la reasignación de fondos y la facilidad de tramitaciones administrativas con el propósito de disminuir tiempos en la atención de las mismas. Y ese es justamente el punto, vamos ya en el cuarto año de emergencia, ¿seguirá el aparato del Estado reconociendo esta situación un quinto, un sexto año más?

Lo cierto es que de seguir esta situación climática, en algún momento el aparato del Estado le dirá a la Región, con toda la razón, que lo que se ha calificado como emergencia por déficit hídrico, en verdad es la condición normal del territorio, debido al cambio climático.

Lo anterior supone la construcción de una respuesta diferente y lo que corresponde hacer desde hoy es una política pública hídrica regional para un territorio sometido al cambio climático. Se debe saber que a la fecha no existe en la región ninguna política pública regional en ningún tema y que en todo el país éstas son escazas. Por lo mismo, si hablamos de regionalización, esta es una oportunidad propicia para focalizar esfuerzos e inteligencia local.

La política en comento ha de ser generada de manera certera, en ella han de converger los principales actores públicos y privados regionales que estén asociados al capítulo hídrico, con el propósito de definir los instrumentos regulatorios, económicos, financieros, ambientales, de desarrollo tecnológico y de participación social que sean pertinentes. Hemos sido eficientes en la emergencia, pero si no se hace este cambio conceptual, se presagia una crisis.

Pedro Sariego Pastén

Seremi de Obras Públicas

Con beneplácito se recibió el anuncio de la constitución de una mesa técnica destinada a avanzar en las propuestas de recuperación del tradicional Mercado Puerto de Valparaíso, situado en el corazón mismo del sector patrimonial de la ciudad. Esta instancia estará formada por la Municipalidad y por el Consejo de Monumentos Nacionales y se abocará al estudio de los proyectos de rescate de ese importante espacio de la ciudad.

Tras el terremoto de 2010 el recinto fue cerrado debido a que sufrió variados daños, los que se sumaron a anteriores falencias originadas por el paso del tiempo y la falta de mantención.

Ya se habían realizado estudios técnicos sobre el inmueble en 2002 y 2006, en tanto, con recursos del Fosis, se ejecutó una labor de mantención exterior, especialmente pintura de fachadas.

Entretanto, surge una buena noticia: otro estudio técnico ha determinado que el edificio, construido en 1924 y de notable valor arquitectónico, tiene solo leves daños estructurales pese al mencionado sismo. Reparados éstos, se podría abordar la recuperación misma de sus espacios interiores y exteriores.

Posteriormente, es necesario entrar a las definiciones de uso de esos espacios estableciendo condiciones de administración y modelo de negocios, todo ello en consonancia con la importancia del sector en que se emplaza la tradicional construcción.

Con estos avances y, lógicamente, con recursos suficientes, el Mercado Puerto podría estar totalmente reparado el año 2015. Así, el Barrio Puerto, el área patrimonial y fundacional de la ciudad, recuperaría uno de sus más valiosos espacios, con toda la vitalidad que significa un centro comercial variado, como debe ser un mercado, enfocado al abastecimiento de los residentes del área y también a la atención de los visitantes que llegan al histórico sector.

Lo importante ahora es que la anunciada mesa de trabajo mantenga un ritmo constante en su tarea, rescate los aspectos más valiosos de los estudios ya existentes y logre destrabar eventuales conflictos, compatibilizando las condiciones de propiedad de la Municipalidad y de los locatarios.