Amparándose en una supuesta violación al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la relación con los pueblos indígenas, una de las comunidades de huilliches de Quellón anunció ayer que interpondrá un recurso de protección contra el proyecto de construcción del puente sobre el canal de Chacao, que comunicará a Chiloé con el continente.

Esa convención fue ratificada por Chile el año 2008 y establece que las iniciativas que podrían afectar una cultura o a un territorio ancestral tienen que ser sometidas a una consulta vinculante.

"Si nuestro dios, Chau Nnechen, hubiese permitido estar unido en un solo paño de tierra estaríamos unidos al continente, pero no es así. Además, perderemos nuestra condición de isla con el puente", dijo el lonco de la comunidad indígena Mon Fen de Yaldad, Cristián Chiguay, según consignó SoyChiloe.cl.

"El puente solo favorecerá a un grupo de personas y que tienen grandes extensiones de tierra, como es el parque Tantauco, que los favorecerá en el tema del turismo; en cambio, nosotros estamos en proceso de reivindicación de tierras y siempre nos dicen que no hay recursos para la compra de tierras, pero si hay plata para un puente", lamentó.

Este fundo está situado a siete kilómetros de Quellón, al suroeste de la Isla Grande. Chiguay afirmó que otras comunidades indígenas de la zona podrían sumarse al libelo.

alcaldes reclaman

Aunque autoridades locales y organizaciones como el comité Pro Puente Chacao alaban la decisión del Ministerio de Obras Públicas, que el lunes acogió la única oferta por US$ 682 millones para construir el viaducto, el capítulo de alcaldes de Chiloé alegó porque no fue considerado.

Según esta instancia, el Gobierno no ha cumplido con la red de infraestructura vial comprometida, aunque el Ejecutivo asegura que ya entregó el 75% del Plan Chiloé.

"Vamos a tener un puente espectacular, pero una carretera 5 Sur en pésimas condiciones. Es como andar en corbata y sin bañarse", dijo el presidente de la instancia, Pedro Andrade (DC), a radio Cooperativa.

Ayer la ministra Loreto Silva afirmó que la obra es un compromiso del Estado, no del Gobierno de turno, y negó que el proyecto se encarezca tras los ajustes y llegue a los US$ 900 millones, como aseguró el exjefe del MOP, Eduardo Bitrán, que paralizó la iniciativa en 2006 porque, a su juicio, era inviable socialmente porque su costo llegaba a los US$ 1.000 millones.

"El riesgo de construcción, el riesgo de ingeniería, los riesgos de tipo de cambio, el riesgo del costo del acero son de completo cargo de la constructora", dijo Silva.

El gerente general de una de las empresas que forman el consorcio internacional, OAS, Jaume Serre, precisó que respecto al 2007, hoy "se han minimizado los riesgos, las tecnologías han evolucionado, hay partes del puente que se han minimizado sin escatimar ningún tema de calidad; hay un efecto cambiario distinto, de acceso de materiales distinto, y eso facilita la construcción del puente".