Hoy, la española OHL Concesiones cumple seis días desde que tomó el control del Espigón de Valparaíso luego de una operación que se cerró por más de US$ 400 millones al imponerse en la licitación que culminó los primeros días de abril.
Pero su estreno no ha sido tranquilo, pues desde que asumió las operaciones ha sido afectada directamente por las manifestaciones derivadas del proceso de pago de los bonos de mitigación.
Tres organizaciones de la Federación de Trabajadores Portuarios (FTP) quedaron al margen del acuerdo por no cumplir con las condiciones para optar a este beneficio y han manifestado sus descontento tomándose el sector del Muelle Prat, punto estratégico del Puerto y lugar de acceso para el denominado Terminal Cerros de Valparaíso (TCVAL), afectando sus operaciones en tres oportunidades desde que se hizo cargo del Espigón. La última de ellas se concretó ayer.
Pero el episodio más grave desde que se iniciaron las movilizaciones se registró la noche del jueves cuando un grupo de desconocidos lanzó bolsas de pintura y arrojó objetos contundentes contra los autos desembarcados por el car carrier "Viking Diamond", la primera nave de carga atendida en el Terminal 2 bajo la administración de OHL Concesiones.
QUERELLA CRIMINAL
Ante todos estos episodios la firma española no ha emitido opiniones públicas y ha sido la estatal la que ha reaccionado en los tribunales de justicia frente a los sucesos. Representantes de Puerto Valparaíso interpusieron una querella criminal por el delito de daño calificado en contra de quienes resulten responsables del acto que terminó con los vehículos dañados.
El jefe de comunicaciones de la estatal, Cristián Calvetti, manifestó que las personas que se manifiestan contra la concesión de Terminal 2, no puede ser mitigadas porque no son trabajadores portuarios eventuales ni registran turnos, por lo que, sostuvo, "no entendemos en qué podría afectarles la concesión del Espigón".
EPV informó que en caso de ser acogida la querella, quienes resulten culpables del daño a los vehículos podrán arriesgar penas de reclusión menor en sus grados medio a máximo y una multa de 11 a 20 Unidades Tributarias Mensuales.
En tanto, los trabajadores que protagonizan las manifestaciones, pertenecientes a los sindicatos Espigón, Mecanizados y de Sintach, han reiterado que "se tomarán una y otra vez el puerto" hasta que se solucionen sus demandas, las que consideran justas.
A ello se suman los reclamos del Sindicato de Trabajadores Lancheros del Muelle Prat (Sinatral) por el cierre del acceso al lugar.
"Esto es producto del cierre unilateral del puerto por parte de la autoridad marítima y la nula respuesta a nuestras exigencias de abrirlo a la ciudadanía para poder desarrollar nuestro trabajo como lancheros", comentó el presidente de la entidad, Carlos Lemus Cid en referencia a la medida tomada por las autoridades para controlar el acceso a los recintos portuarios.