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Los gremios de la salud pidieron detener las licitaciones de nuevos hospitales

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La Mesa Social por la Salud (Fenpruss, Fenats Nacional, Confusam, médicos de la atención primaria, entre otros) pidió al Presidente Piñera suspender los llamados a licitación internacional para concesionar a privados hospitales de la Región Metropolitana, Red Sur y la Región de Valparaíso. Según las entidades, debería ser el próximo gobierno el que defina finalmente cómo se construyen los hospitales. La presidenta de Fenpruss, Gabriela Farías, agregó que las organizaciones esperan que el Mandatario "instruya a sus ministros a detener los procesos de edificación".

"Consideramos urgente que los hospitales se construyan, pero queremos que esto se realice por medio de los fondos públicos y no por la vía de las concesiones que han demostrado ser procedimientos más caros y lentos, y que no aseguran la atención de los usuarios", dijo Farías. La dirigenta rechazó las declaraciones del ministro de Salud, Jaime Mañalich, quien aseguró que estos centros asistenciales seguirán siendo del Estado.

La propuesta de un Censo en 2020 abre un fuerte debate

informe. Mientras el INE defiende recuperar los datos del fallido proceso de 2012, un exintegrante de la comisión nacional de expertos cuestionó la decisión.
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La decisión del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de proponer un nuevo Censo en 2020 reabrió una agria polémica entre esa entidad, algunos miembros de la comisión de expertos nacionales y el diputado (DC) Juan Carlos Latorre, presidente de la comisión que investiga ese proceso.

El director del INE, Juan Eduardo Coeymans, dijo que apurar un Censo para el 2016, como propuso la Presidenta electa Michelle Bachelet durante su campaña, puede terminar con un proceso "peor" que el de 2012. El lunes el INE dio a conocer un plan en el que propuso desarrollar un nuevo Censo en 2020, ya que los datos obtenidos en el proceso fallido son útiles.

"El Censo de población se puede hacer antes, se podría hacer en 2016. La pregunta que debe hacerse es por la calidad de ese Censo, el riesgo de que tenga una gran omisión. A lo mejor ese Censo hecho con tanta premura tendría muchos más problemas que el que tenemos. No es prudente hacerlo tan temprano", dijo Coeymans a radio Cooperativa.

"Lo que estamos ofreciendo al país es un conteo de población siguiendo pautas internacionales", planteó. "El 2016 vamos a hacer un conteo de población, antes vamos a preparar una cartografía en detalle de todo el país y vamos a hacer una georreferenciación", agregó. Según Coeymans, "el 2018 podemos hacerlo bien porque habremos tenido cuatro años de preparación, pero estamos diciendo: ¿por qué no lo hacemos el 2020 ya que tendremos un conteo en 2016?".

En contrapartida, David Bravo, director del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile y miembro de la comisión evaluadora del proceso censal, aseguró que la credibilidad del INE y el mecanismo de sus mediciones se dañó gravemente. "Vamos a seguir escuchando del Censo, lamentablemente, en las próximas semanas y meses. Creo que lo que está en juego es la credibilidad de esta institución que ha sido dañada", señaló.

Bravo se mostró "sorprendido" por la decisión del INE de proponer un nuevo proceso luego del análisis de una comisión internacional y criticó los supuestos intereses que estarían en juego con la medida, que según el experto, se relaciona con la preocupación del actual Gobierno de dejar zanjado este tema.

Latorre rechaza posible nuevo proceso

El diputado (DC) Juan Carlos Latorre, que preside la comisión investigadora del Censo 2012, rechazó el plan de acción del INE, que sugiere utilizar esos datos. Latorre dijo estar "sorprendido", porque "sus recomendaciones no coinciden para nada con al menos cuatro instancias que se han pronunciado respecto de la calidad de la información para aplicarla en políticas públicas". Según el parlamentario, "no parece razonable que después de toda una controversia el director del INE venga a decirnos, como regalo de Pascua, que está todo bien".

Dos mil brigadistas luchan contra 51 incendios forestales

operativo. El Gobierno pidió ayuda a la población para evitar los siniestros.
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El Gobierno informó que un grupo de dos mil brigadistas pertenecientes a distintas organizaciones combaten los 51 incendios activos en todo el país, apoyados por 15 helicópteros y dos aviones cisterna.

Según el ministro de Agricultura, Luis Mayol, "estamos monitoreando todo lo que está ocurriendo en el país respecto de los incendios, pero si la ciudadanía no nos ayuda con la prevención, no sacamos nada con tener la mejor tecnología y los mejores medios".

El gerente de Manejo del Fuego de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), Hugo Knozaert, explicó que "tenemos una plataforma digital que, al día, está indicándonos cuál es la situación real de incendio. Hoy en día tenemos 51 incendios activos, de los cuales 50 vienen de días anteriores y uno que nace en Aysén hoy (ayer)".

Los principales siniestros se registran en la Región del Biobío, que actualmente se encuentra declarada en alerta roja, con seis focos que han arrasado 4.280 hectáreas. Mayol advirtió que se investigará sobre posibles responsables, ya que "hay varios incendios que comenzaron al mismo tiempo en lugares apartados; eso no es normal. Vuelvo a repetir, los incendios en Chile son todos provocados, el 95%, por causa humana", agregando que "el daño que se hace al país es muy grande".

CDE explica por qué pidió congelar bienes y sedes de Ues. investigadas

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El abogado del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Rodrigo Reyes, explicó ayer por qué el organismo pidió congelar sedes y bienes de las universidades formalizadas en el "caso acreditaciones". El lunes, el CDE informó que solicitó congelar 10 sedes de la Universidad del Mar, Universidad Internacional SEK y Universidad Pedro de Valdivia avaluadas en más de $ 7 mil millones. Reyes afirmó a radio Cooperativa que "estamos pidiendo una (medida) cautelar: la prohibición de celebrar actos y contratos sobre determinados bienes inmuebles de estas propiedades para efectos de asegurar un derecho que, eventualmente, pueda ser reconocido" en miras a "asegurar la efectividad de la sentencia, cuando se dicte esa sentencia condenatoria". Respecto de la mencionada cifra de $ 7 mil millones, Reyes dijo que "es una suma que ha señalado la prensa que probablemente ha accedido a algunos documentos que nosotros acompañamos". "Estimamos que (la posible sentencia) se acerca al menos a esa cifra", agregó.