Fiscalía responde a dichos de diputado y aclara que ya incautó 10 computadores
CASO FRAUDE. Marcelo Schilling (PS) había emplazado al órgano persecutor, en el marco de la comisión investigadora, a que ejecute diligencias solicitadas.
El Ministerio Público afirmó ayer que en el marco del último caso de malversación de fondos en el Gobierno Regional (Gore), ya ejecutó la incautación de 10 computadores personales desde oficinas de la Intendencia de Valparaíso.
Las diligencias se han venido realizando desde octubre del año pasado, y entre ellas se incluye el notebook de Sergio Núñez, el exjefe de Administración y Finanzas del Gore porteño, quien actualmente permanece en prisión preventiva junto a otros dos exfuncionarios públicos.
De esta forma la Fiscalía porteña respondió al emplazamiento hecho el martes de esta semana por el diputado Marcelo Schilling, quien dijo estar extrañado porque la incautación de computadores no le había sido concedida en su calidad de querellante en la causa.
Junto con descartar ese antecedente, el Ministerio Público precisó que en el equipo computacional de Sergio Núñez encontró uno de los denominados "libros de cuotas", que detallan proyectos a financiar y los porcentajes de distribución de fondos públicos entre la Intendencia y los consejeros regionales.
Estos hallazgos dieron origen a la séptima de las aristas del caso, referida a las cuotas de distribución del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) en el Gobierno Regional, arista en la que se incluyen diversos proyectos presuntamente patrocinados por el intendente, revelados por otro de los imputados en prisión preventiva, el abogado Enrique Kittsteiner.
sustrato facilitador
"Una serie de diligencias, más las declaraciones del señor Kittsteiner, nos permitieron establecer la existencia de una especie de cuoteo en el Gobierno Regional para la asignación de los proyectos. Tenemos actas y archivos al respecto, y estamos investigando este sistema de distribución que sería de antigua data", dijo el fiscal del caso, José Uribe.
De acuerdo con lo que se ha podido establecer en la investigación con el apoyo de personal de la PDI, la forma de distribución de los recursos públicos aparece como el sustrato que habría facilitado la comisión de los presuntos ilícitos de malversación o fraudes que se investigan. Sin perjuicio de ello, la Fiscalía remitió hace algunas semanas estos antecedentes a la Contraloría Regional, para que este organismo efectúe su propio análisis de los hechos.