La Federación de Productores Frutícolas de Chile (Fedefruta) agradeció el acuerdo que puso fin al paro portuario el sábado, luego de tres semanas en que el comercio internacional estuvo prácticamente frenado, pero advirtió que para el sector el perjuicio provocado no se resolverá con la reanudación de las faenas en los terminales.
"Para nosotros esto no ha acabado, pues ahora tendremos que dar explicaciones por las faltas de cumplimiento a causa de motivos que están fuera de nuestro alcance, y asumir los costos y pérdidas -monetarias y de empleo- tras la crisis", dijo el presidente del gremio, Cristián Allendes, a través de un comunicado.
Según estimaciones del sector, los 22 días de paralización portuaria pusieron en riesgo el envío de 6,5 millones de cajas con frutas, en un lapso en que solo por San Antonio debieron exportarse 35.000 toneladas, que representarían unos US$ 700 millones.
Además, aseguran que la movilización afectó a 600.000 trabajadores relacionados directa e indirectamente con las 700 empresas frutícolas exportadoras que hay en el país.
Ante este efecto, Allendes pidió tomar medidas de fondo, que superen la coyuntura.
"Independiente de lo acordado en el documento, urge la discusión de una ley para que los perecibles no vuelvan a estar afectos a paro, ya que el transporte de estos productos debe ser considerado como una actividad prioritaria para la economía chilena", dijo el dirigente de un gremio que ya había sido impactado el año pasado por una situación similar en los principales terminales del país.
Uno de los compromisos ganados por los trabajadores portuarios fue la instalación de una mesa con representantes del Gobierno actual y el que inicia su período el 11 de marzo. En ella esperan discutir medidas de largo plazo para el sector en materias de seguridad, legislativas y hasta la creación de un Ministerio Portuario.
Actualmente este ámbito es competencia de varias carteras, aunque involucra mayormente a Transportes. Los dirigentes sindicales aseguran que esa entidad carece de especialización sobre el funcionamiento de este negocio y desde el 2007 se ha focalizado en el Transantiago.
BONO Y GOBIERNO
Ayer se aclararon los términos que tuvo la negociación de 14 horas entre los trabajadores y el Gobierno, y cuyo acuerdo fue ratificado durante la tarde del sábado por las empresas.
Las compañías entregarán en febrero un bono único de $ 1,5 millones por concepto de término de conflicto. Además, se comprometieron a reintegrar a los trabajadores que estaban movilizados y habían sido despedidos, afirmó el vocero de las firmas y gerente general de San Antonio Terminal Internacional, Alberto Bórquez.
Esto deja en claro que las compañías no pagarán el bono retroactivo por los ocho años de colación que exigían los paralizados. Eso lo financiará el Gobierno, según comentó el propio ministro del Trabajo, Juan Carlos Jobet, que se comprometió a enviar un proyecto de ley para financiar los pagos a quienes tengan más de tres años de faenas y según el número de turnos que hayan realizado.
Hasta ayer, el único terminal que seguía paralizado era Mejillones, que no participó en la negociación final debido a que habían retomado parcialmente sus faenas la semana pasada.
