Retraso en el plan regulador
Diversos personeros estiman que el trámite de toma de razón de este instrumento que regula ocho comunas de la región, se ha extendido más allá de lo que se tenía previsto, perjudicando así el desarrollo.
Se ha sostenido que los planes reguladores aparte de ser instrumentos para regular el desarrollo urbano de nuestras ciudades, constituyen también un elemento de desarrollo, ya que sus actualizaciones incorporan nuevas áreas para los proyectos inmobiliarios e industriales, al tiempo de que se protegen otras áreas que permiten una mejor calidad de vida.
Por estas y otras razones es que diversos personeros han criticado lo que a juicio de ellos es un lento trámite de toma de razón en la Contraloría General de la República del nuevo Plan Regulador Intercomunal, que se encuentra en su última etapa de ajustes, tras ser aprobado por las instancias respectivas.
El órgano fiscalizador ya había formulado reparos de orden administrativo o, que fueron corregidos, y ahora nuevamente lo están analizando para determinar si se le da luz verde o si formulan nuevas observaciones, que a juicio de los personeros podrían ser menores.
La preocupación por esta demora, ya que se estimaba que la resolución podría haberse dictado a fines de diciembre pasado, ha sido formulada por el seremi subrogante de Vivienda y Urbanismo, Manuel Pedreros, por el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción Delegación Valparaíso, Jorge Dahdal, y por el consejero regional, Manuel Millones, presidente de la comisión de Ordenamiento Territorial del Core.
Es necesario hacer presente que han transcurrido largos años en el proceso de modificación y actualización de este instrumento, que abarca ocho comunas de nuestra región, entre ellas las de Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana y Concón por lo que cada día se hace más urgente la aprobación final, reconociendo que es probable que el organismo contralor puede tener fundadas razones para emplear un mayor tiempo que el previsto, para su estudio y resolución.
Uno de los argumentos de carácter social de la Cámara de la Construcción, es que el hecho de incorporarse nuevos terrenos al área urbana de las ciudades, los actuales que están quedando, se van encareciendo, costos que en definitiva son traspasados a los compradores de viviendas o departamentos.