La Asociación Nacional de Funcionarios de Impuestos Internos de Chile (Aneiich) dio a conocer ayer una declaración pública sobre el cierre del sumario administrativo de la Contraloría General de la República por el Caso Johnson"s que absuelve al ex director del SII, Julio Pereira. "Resulta absolutamente decepcionante el contraste entre las conclusiones generales del sumario y el que se hayan levantado los cargos instruidos en contra de Julio de Pereira, así como la debilidad de las sanciones aplicadas a Mario Vila", manifestaron desde el gremio.

"Resulta profundamente llamativo que la investigación haya descartado hechos altamente irregulares acreditados y que confirman la intervención conjunta de ambos en el proceso, como son la reiterada comunicación de Mario Vila con directores de la empresa Johnson"s o la instrucción directa de Julio Pereira para realizar una reunión de la DGC con el Banco de Chile, principal acreedor de la multitienda", agregan.

próximo gobierno

Por otra parte, la Aneiich expuso que el próximo Gobierno tiene la responsabilidad de regular los procesos de selección de altos directivos SII para garantizar que nunca más sean nombrados personeros con eventuales conflictos de interés. "El escenario de transformaciones que vive nuestro país es propicio para superar las debilidades estructurales que han quedado en evidencia y los funcionarios del SII seremos actores activos y vigilantes en dicho proceso", advirtieron los dirigentes de la organización sindical.

Cabe agregar que a principio de año, el diputado Fuad Chahin, presidente de la Comisión Investigadora que indagó en las irregularidades del caso Johnsons, no descartó una eventual intencionalidad relativa a la pérdida de información contenida en los computadores del ex Director del Servicio de Impuestos Internos, Julio Pereira, y del Subdirector Jurídico, Mario Vila, debido al formateo total de los mismos.

Llaman a restablecer el "prestigio"

El gremio de funcionarios del Servicio de Impuestos Internos también llamó al nuevo Gobierno de Michelle Bachelet a restablecer la "normalidad y el "prestigio" con el que se le conoce al SII. "Hoy se abre un nuevo ciclo en que el Gobierno entrante tiene la tarea fundamental de devolver a nuestro Servicio a una situación de normalidad que permita recuperar el prestigio y excelencia que los/as funcionarios/as de carrera hemos construido", señala en una misiva.

El economista Jorge Marshall Rivera fue designado por los socios de la Cámara Marítima y Portuaria de Chile como el nuevo presidente de la organización que reúne a los empresarios del sector.

Marshall reemplazará en el cargo Álvaro Brunet, y se convertirá en el primer presidente del gremio que no ocupará simultáneamente un cargo en algunas de las empresas que conforman la Cámara.

Jorge Marshall es economista de la U. de Chile y doctor en economía de Harvard. Durante la presidencia de Patricio Aylwin, se desempeñó como ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción entre 1992 y 1993, y cumplió funciones como consejero del B. Central.

En una declaración hecha en el sitio de Internet de la Fundación para la Confianza, tres de los denunciantes en contra del sacerdote jesuita Eugenio Valenzuela revelaron nuevos antecedentes a su denuncia. "Ante el comunicado que la Compañía de Jesús hiciera el 24 de enero de 2014 donde informa a la opinión pública sobre denuncias efectuadas contra el sacerdote jesuita Eugenio Valenzuela, queremos hacer algunas precisiones, pues somos nosotros algunos de los que han acusado al sacerdote Valenzuela por abuso sexual", señala en el inicio el texto firmado por Ignacio Muñoz Concha, José M. Prieto del Río y una tercera persona identificada con las siglas D.A.B. En la misiva también relatan que "al comienzo, los abusos, para algunos, fueron situaciones incómodas y ambiguas que nos desconcertaron, abrazos largos sintiendo todo el cuerpo y sus genitales, sentarnos en su falda, caricias. Para otros, las demostraciones sexuales fueron casi inmediatas, (como) largos besos en la boca", indicaron.

Veintidós personas fueron detenidas por la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI de Chañaral por el robo de concentrados de cobre, por un monto que ascendería a los 45 mil millones de pesos.

El jefe de la unidad policial de la Tercera Región, subprefecto Rolando Garay, dijo que el cabecilla del grupo era Gilberto Asiar Tapia, quien ya está en prisión preventiva debido al delito que se le imputado.

Sobre la forma de operar, el oficial señaló que la sustracción comenzaba tras la compra de mineral de buena ley a una compañía privada, donde la empresa Santa Marta se encargaba de llevar el producto hasta la planta Potrerillos.

copiapó

Posteriormente, en el kilómetro 1.040 de la Ruta 5 Norte, los vehículos ingresaban a una mina abandonada, donde violaban los seguros y la carga buena era cambiada por cobre de baja ley. Esta luego llegaba a su destino y el cobre más puro era vendido en Copiapó, a nombre de Asiar.

Las cargas pasaban sin problema debido a que estaban involucrados empleados de la firma contratista, quien tenía dicha misión. El delito se cometía desde el año 2011.

Los detenidos quedarán hoy a disposición del Juzgado de Garantía de Chañaral, donde se realizará la audiencia de formalización que determinará las cautelares que se aplicarán durante la investigación de este delito que suma cuatro años de supuestos robos.

La Fiscalía Metropolitana Centro Norte solicitó ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago una audiencia para formalizar al presunto autor de las amenazas de muerte cometidas contra la ministra secretaria general de Gobierno, Cecilia Pérez, a través de Twitter. El requerimiento fue presentado tras dos semanas del hecho ocurrido el 12 de febrero pasado, cuando el imputado a través de la red social comenzó a amedrentar a la secretaria de estado. Se trata de un joven de 17 años, quien de acuerdo a los primeros antecedentes reside en la ciudad de Los Andes. La investigación es encabezada por el fiscal de delitos de alta complejidad, Jaime Retamal, y desarrollada en conjunto con el OS9 de Carabineros. Entre las primeras diligencias, según se informó, se logró registrar su domicilio en virtud de una orden judicial del Séptimo Juzgado de Garantía, incautando un celular y computadores, los que están siendo periciados. Pérez ya había sido víctima de amenazas en 2012, cuando era intendenta de Santiago.