Después de profundos estudios y un largo análisis, la Universidad de Playa Ancha resolvió -por la unanimidad de su Consejo Académico- suscribir un convenio de colaboración con el Ministerio de Educación para acoger a los estudiantes de la Universidad del Mar que no han podido concluir sus estudios en varias de las carreras impartidas en Viña del Mar y Quillota. La petición ha venido desde autoridades ministeriales, alumnos y actores del mundo social, político y académico, que insistentemente han solicitado la colaboración solidaria de nuestra Universidad en la solución de un drama de amplia connotación y sensibilidad social.

La Universidad de Playa Ancha es una institución del Estado de Chile, que acredita una trayectoria más que sexagenaria en la formación de profesionales en variados campos disciplinarios, con altos estándares de calidad. En esta solución nuestra Casa se ha inspirado en su claro compromiso con la sociedad y sus problemas, con los intereses superiores de la nación y el bien común.

El caso de la Universidad del Mar conmovió a la sociedad y a cada uno de nosotros, en especial por las dramáticas consecuencias padecidas por miles de jóvenes que vieron frustradas sus legítimas expectativas y esperanzas, basadas en vocaciones, talentos, aspiraciones y en la fe pública que otorga el reconocimiento oficial del Estado a las instituciones de educación superior. Este drama es consecuencia de un modelo de educación superior en crisis, muy mal concebido y desregulado, movido por un mercado insensible y frío que no tiene por fin el bien común, sino el lucro.

Recibimos a dichos estudiantes sensibilizados por esta realidad y convencidos de que con ello mitigamos un inmenso dolor, cumplimos con nuestra misión y respondemos a nuestro rol público. Los alumnos serán recibidos con la dignidad que se merecen, incorporándose a planes de nivelación, cursos y actividades curriculares que les permitan completar sus planes de estudio.

Las tareas encomendadas por el Ministerio de Educación la semana pasada y ratificada por las autoridades que han asumido dicha Secretaría de Estado la presente semana, las recibimos con la seriedad, responsabilidad y compromiso que corresponde a una universidad del Estado de Chile.

La Policía de Investigaciones (PDI) logró detener a una muchacha que fue sorprendida rayando con pintura spray uno de los monumentos ornamentales de la céntrica plaza Victoria de Valparaíso. Con desfachatez, la mujer actuaba a plena luz del día.

Este hecho vandálico contra el patrimonio, en este caso una pieza de gran valor que data del Siglo XIX, lamentablemente no es nuevo y es la reiteración de casos más graves. Han sufrido rayados piezas importantes, como el Arco Británico y también edificios que representan altos valores espirituales, como el templo La Matriz y la Iglesia Catedral de Valparaíso. En la comuna de Concón, en tanto, han sido robadas las placas de bronce de algunas estatuas, acción a lo que tampoco ha escapado la inscripción recordatoria del Padre Hurtado, que se ubicaba en la avenida que recuerda al santo en Viña del Mar. A los casos anteriores se suman los dañinos rayados que afectan a vagones de Merval, que se traducen en pérdidas para esa empresa de transporte público y retraso en sus servicios.

En la situación detectada en Valparaíso aparece una evidente premeditación, pues la autora del atentado portaba en su mochila el envase de spray, el cual extrajo y procedió a dañar el importante monumento.

La reiteración de estos hechos, que afectan a bienes públicos y privados, requieren una defensa activa de parte de todo el cuerpo social, de las personas, en particular, que deben denunciar los casos al momento de su ocurrencia, de las autoridades policiales que deben estar atentas a estos ilícitos y de la Justicia, a la cual le corresponde aplicar las sanciones del caso.

Junto a lo anterior, como ya lo hemos señalado en estas columnas, es necesario afinar la legislación de modo de establecer para estos atentados una penalidad disuasiva y ejemplarizadora, como ocurre en otros países.

Poco se avanzará en la proclamada protección de los valores patrimoniales y en el gasto que implica su restauración y conservación si paralelamente no se establecen marcos legales que aseguren su efectiva protección ante actos vandálicos como el ocurrido en pleno centro de la ciudad de Valparaíso.